Nombramientos
Quien se atreva a criticar la oportunidad o la naturaleza de los nombramientos del Gobierno de Sánchez e Iglesias es un facha. Y punto. Lo dijo ayer María Jesús Montero, para quien es la ultraderecha la que se dedica a «cuestionar la utilidad de la política y de las instituciones» a través de una maniobra de «desgaste» con la que trata de socavar nuestro modelo institucional. Nada dijo la portavoz del Ejecutivo sobre el gesto de fichar a veinticuatro altos cargos -pagados a precio de marisco- sin otra cualificación que su afinidad política al PSOE o Unidas Podemos. A falta de que lo confirme Transparencia cuando lo tenga a bien, el coste de esta remesa de nuevos valores administrativos supera
los dos millones de euros, una auténtica ganga teniendo en cuenta su experiencia profesional y su talla administrativa. Un tercio de los nuevos directores generales procede del entorno de las ONG, otros han dedicado su tiempo a asesorar a diversos entes y chiringuitos oficiales, algunos han trabajado como profesores, aunque en la lista solo figuran dos titulares, y todos responden al clásico esquema del enchufe, al desprecio que la izquierda manifiesta cuando gobierna hacia el cuerpo de funcionarios, del que debe nutrirse la alta administración del Estado, y a la excepcionalidad que define la política española desde hace semanas. El estado de alarma no va con ellos. Desconfinados y deshinbidos, los ministros y ministras del Gobierno de progreso no quieren que nadie de los suyos se quede atrás.
La mitad va a los ministerios de Podemos, que en vez de funcionarios como dice la ley ha preferido a externos, muchos de ONG o veteranos del puesto público
A2.131.370,33 euros más Seguridad Social asciende la factura extra que Pedro Sánchez ha decidido gastar en altos cargos por nombrar 24 directores generales elegidos a dedo fuera de la Administración, cuando la ley dice que deben ser seleccionados entre la élite de los funcionarios, los de carrera «del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales». La única salvedad posible es que el candidato externo reúna unas «especiales características» tales que justifiquen de forma «excepcional» saltarse esa regla, lo que debe «motivarse» de forma «razonada».
Los perfiles que se han publicado con motivo de sus designaciones muestran que un tercio de estas nuevas autoridades, siete en total, ha desarrollado toda o gran parte de su vida laboral como activistas o en la órbita de ONG, cinco han encadenado asesorias y diferentes responsabilidades en organismos públicos, mientras que del entorno de la docencia universitaria procederían cuatro, aunque solo dos son profesores titulares. Sin tener la cualificación A1 requerida, otros tres son funcionarios o lo han sido, -caso de Pere Navarro, jubilado pero revalidado a cargo de la DGT-, dos son periodistas, uno militar y otra, una jurista especializada del sector privado....En los currículum es llamativa la falta generalizada de experiencia, precisamente, en el sector privado. Por ejemplo, en la web del Ministerio de Transicion Ecológica, nada figura en ese sentido respecto de María Jesús Martín, que se encargará de Política Energética y Minas. Tampoco de Valvanera Ularqui, titular de la Oficina de Cambio Climático, cuya biografía solo refleja siete meses en un despacho de abogados entre 1998 y 1999. Por su parte, Patricia Lacruz, directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud, suma desde 2002 puestos en «proyectos» y organismos sanitarios.
No es menos destacable que, en cuanto a su ubicación, la mitad de estas personas han sido llamadas desde enero a incorporarse a las cuatro carteras bajo control de Unidas Podemos, que a cambio de su apoyo a la investidura está exhibiendo así un margen de maniobra nunca visto.
Obligada es la mención al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, que no ha logrado encontrar funcionarios de su gusto para ocupar cuatro de las cinco direcciones generales de su departamento, amén de los Institutos de la Juventud y de Mayores (Imserso) que dependen de él.
Entre otros argumentos, en el Real Decreto 139/2020 de 28 de enero que autorizó a recurrir a este conjunto de 24 externos -y que ha impugnado ante el Tribunal Supremo la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca)- se defiende que la labor que les va a encomendar Iglesias a los suyos puede precisar «de una experiencia y cualificación que no se corresponde» con la exigible a ninguno de los Cuerpos de funcionarios o que los conocimientos buscados «pueden no estar disponibles en el ámbito de la función pública». De modo que hay que ampliar los límites «a personas que puedan resultar idóneas» al margen del funcionariado. En el caso de la Dirección General de Derechos de los Animales, La Moncloa informa que su titular, Sergio García, tiene estudios técnicos en Escultura, es formador en redes y ha sido «integrante del equipo de comunicación» de ONG del tercer sector y de «Derechos de los Animales», que no se concretan.
A la titular de Igualdad, Irene Montero, le ha sucedido lo mismo con las dos direcciones generales de su organigrama. A falta de un funcionario adecuado a sus necesidades, para la de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial ha nombrado a Rita G. Bosaho, auxiliar sanitario. Ella, junto a Sergio García y el titular del Imserso, Luis Alberto Barriga, graduado, son los únicos tres de este conjunto de nuevos cargos que no constan como licenciados, doctores o equivalente.
También ha tenido la misma dificultad Alberto Garzón, al frente de Consumo, que esta misma semana -en plena conmoción por los datos que avecinan una tragedia económica posterior a la pandemia- habilitaba a otro no funcionario para ocupar la segunda de ellas, Ordenación del Juego, una de las mejor retribuidas. El titular es Mikel Arana, su experiencia laboral más larga son 7 años y medio en el departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del gobierno vasco, también ha sido dinamizador de emprendimiento e interino en la UPV.
Cabe consignar que esta fórmula está aprobada para aplicarse a una dirección general más, que sería la número 25, que permanece vacante, la de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes.
Servicio al político
Desde el sindicato CSIF, mayoritario entre los funcionarios, su secretario de Acción Sindical, Francisco Lama, no duda en hablar de «abuso». «Se están cargando una figura súper técnica de la Administración... los directores generales son el alma de la Adminsitración, y deben ser funcionarios de carrera porque es lo que garantiza la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones: su inamovilidad garantiza que ejerzan su tarea con imparcialidad y objetividad, independientemente del turno político... un cargo de libre designación, si no pasa por el aro, lo cesan», explica.
Dicho de otro modo, un nombrado a dedo «no muerde la mano que le da de comer». De ahí que el CSIF venga reclamando sin éxito, -y al inicio de la legislatura volvió a plantearlo a los Grupos Parlamentarios-, que estos puestos deben ser cubiertos no solo por funcionarios de carrera del máximo nivel, a los que la ley exige Subgrupo A1, sujetos a un duro proceso selectivo, sino además por concurso de méritos.
La cuenta
Sumar este personal externo supone un importante sobrecoste para las arcas públicas, que el PP enmarca en el engorde de la estructura de Gobierno emprendida bajo el mandato de la coalición Sánchez-Iglesias: paso de una vicepresidencia a cuatro, de 13 Ministerios con 65 asesores a 18 con 110... En palabras del portavoz adjunto del Grupo Popular y coordinador de asuntos económicos, Mario Garcés, «si una Dirección General es ocupada por un funcionario, él ya está en la Administración y sus retribuciones pasarán de unos 65.000-70.000 euros anuales, que ya estaban siendo atendidos, a unos 85.000... pero si el titular viene de fuera, ese coste de 85.000 euros será íntegramente nuevo, no se descontará de la factura funcionarial, y además hay que sumarle la seguridad social, otros 24.000 euros más». Total, alrededor de 110.000. Calculadora en mano, añadido este concepto, la factura de 2.131.370,3 euros apuntada al principio ascendería a 2.707.370,3 euros, cuando de haberse promocionado a funcionarios como directores generales la cifra a pagar en conjunto por sus ascensos sería de 432.000 euros. Conclusión, la diferencia es de 2,3 millones, lo que sube la cuenta gracias a esta maniobra.
Subraya el CSIF que la autorización legal para estas prácticas se remonta a 1997, pero que en 2015 el PP lo reflejó en la ley de Regimen Jurídico del Sector Público (artículo 66), y aunque con el actual Ejecutivo «ha proliferado en exceso» el nombramiento de directores generales no funcionarios, en tiempos de Mariano Rajoy también se aplicó. Serían, recuerdan sindicato y partido, unos nueve casos...
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