El Ejecutivo tendrá que aceptar probablemente su tramitación como proyecto de ley para poder abrir el texto a la negociación de los grupos y que estos puedan introducir sus enmiendas
El Gobierno logrará sacar adelante este miércoles la convalidación del decreto-ley para recuperar la normalidad en el ámbito de la Justicia gracias al apoyo de ERC. No obstante, el Ejecutivo tendrá que aceptar probablemente su tramitación como proyecto de ley para poder abrir el texto a la negociación de los grupos y que estos puedan introducir sus enmiendas.
Esta condición, la de la tramitación como proyecto de ley, había sido planteada por Ciudadanos, que estas últimas semanas había criticado con dureza el texto, pero tras la nueva interlocución establecida entre Pedro Sánchez e Inés Arrimadas abrió la puerta a suavizar su postura si el Gobierno accedía a tramitar el texto como proyecto de ley.
El PNV, que ayer adelantó su voto a favor de la convalidación, también ve con buenos ojos esa demanda. El grupo vasco, eso sí, expresó su rechazo a la habilitación judicial de agosto y confió en que el Ejecutivo acceda a subsanar este planteamiento.
Ciudadanos, no obstante, no apoyará esta tarde el real decreto ley de la administración de Justicia, aunque no ha concretado si se abstendrán o votarán en contra. El PP, Junts y la CUP ya han avanzado su rechazo a la convalidación del decreto. Pero al Gobierno, en esta ocasión, le bastaba con que ERC o Cs no votasen «no». Con el voto favorable de ERC, el Gobierno sacará adelante un decreto que llegaba al pleno sin una mayoría parlamentaria asegurada.
El Gobierno ha destacado estos días el esfuerzo negociador realizado por el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha discutido el decreto con las comunidades autónomas. El texto establece el camino para que los juzgados y tribunales recuperen la normalidad de forma gradual y digieran el atasco acumulado por la paralización de la actividad como consecuencia de la pandemia.
El decreto recoge una serie de medidas urgentes para evitar el colapso de los juzgados durante los próximos tres meses. Para ello, se contemplan soluciones como habilitar gran parte de agosto en los juzgados, agilizar los procesos de familia y los vinculados a expedientes de regulación de empleo y posibles quiebras, y la celebración telemática de las actuaciones procesales, como norma general, aunque los juicios penales serán presenciales, ya que la presencia del acusado es obligatoria.
Otros aspectos son que la atención al público en cualquier sede judicial se realizará por vía telefónica o a través del correo electrónico para evitar contagios, algo por lo que también se dispensa a las partes de usar las togas en las audiencias públicas.
El aspecto más polémico pasa por la interpretación que ha hecho la Fiscalía sobre los plazos de instrucción, que volverían a empezar. Esto implica que si la Ley contempla 18 meses para investigar una causa compleja, este plazo empieza a contar cuando se recupere la normalidad. Es decir, alargar la investigación de las macrocausas, entre otras.......
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