Importadores relatan que Pekín ha intervenido dos cargas de material sin papeles que compró Sanidad. Ayer prohibieron todo producto sin licencia
El proceso de compra de material sanitario para combatir la pandemia del Covid-19 por parte del Gobierno de España ha sido y está siendo «caótico» e «improvisado», según distintas fuentes consultadas por ABC con conocimiento directo de las gestiones practicadas.
Denuncian que la desorganización ha hecho perder un tiempo muy valioso para que los hospitales estuvieran bien dotados. Este diario ha reconstruido todo el proceso mediante fuentes confidenciales. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a dar su versión de los hechos, mientras que desde el Ejecutivo chino nos remitieron a las autoridades económicas y comerciales de la embajada de España en China, que tampoco han respondido a varias llamadas y correos electrónicos de este diario. Pese a la opacidad oficial, este es el relato de los hechos:
La semana del 9 de marzo, justo tras las manifestaciones feministas del domingo, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) escribe a la red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el extranjero «para identificar proveedores de material sanitario», relatan a ABC fuentes de Comercio.
El Ministerio había pedido ayuda a Fenin, como fabricantes y distribuidores de este material, pero la iniciativa de acudir a la red de nuestras oficinas comerciales en el exterior es de la propia Fenin, según confirman fuentes oficiales de esta asociación, a la que en principio solo se le solicitó información de sus propios asociados. Es decir, que hacen más de lo que el Gobierno les pide.
Así se comienzan a recibir listados tanto de fábricas como de distribuidores. La oficina de India informa de que el país ha prohibido la exportación de este material, como otros países, porque podrían necesitarlo todo. Japón la limita.
Una semana después, el lunes 16 de marzo, la Secretaria de Estado de Comercio (SEC), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ergo Reyes Maroto, ordena a las Oficinas Comerciales centralizar las respuestas de los proveedores en la SEC, peticiones que había realizado Fenin y también el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Así, la primera instrucción de la SEC llega con una semana de retraso respecto a Fenin, eso sin contar que apenas nada se había hecho antes del 8-M.
Listas duplicadas
Hay oficinas económicas y comerciales que rebotan a la Secretaría de Estado de Comercio las mismas listas que ya habían enviado a Fenin, «añadiendo en algunos casos nuevos proveedores potenciales», informan las mismas fuentes. El mismo lunes 16 las tres Oficinas de España en China (Pekín, Cantón y Shanghái) hacen una advertencia al Gobierno: hay abundantes llamadas y correos electrónicos de fabricantes e intermediarios chinos y españoles pidiendo aclaraciones respecto al decreto de estado de alarma. La incertidumbre se traduce en que, ante el temor de confiscaciones, se paralizan operaciones comerciales y donaciones. De hecho, como publicó ABC, la comunidad española en China que había recaudado dinero para comprar mascarillas decidió entregarlas al consulado para que enviaran las primeras 10.000 por valija diplomática.
El efecto es devastador: funcionarios chinos alertan a las oficinas comerciales de que los fabricantes han comenzado a desviar pedidos a otros países. Las oficinas comerciales piden a la Secretaría de Estado un comunicado oficial para tranquilizar a los operadores. Desconocemos si se emitió, dado que la Consejería Económica y Comercial en Pekín ha declinado responder a ABC.
Coordinación
También el lunes 16, fecha fundamental en esta cronología, el Gobierno chino pide que el Ejecutivo español realice directamente las compras en China a través de un listado de empresas validadas por el Ejecutivo de Xi Jinping. Los chinos nos consideran «país prioritario» por el avance del virus. Un día después, el Ministerio de Sanidad, ergo Salvador Illa, pide a la Secretaría de Estado de Comercio que le identifique proveedores de material sanitario «en cualquier parte del mundo», pero sobre todo en Corea del Sur y Japón. Interesan especialmente pruebas PCR -para el diagnóstico del Covid-19-, mascarillas y ventiladores. Sanidad pide «excluir expresamente proveedores de China, mercado proveedor del que ellos se ocuparían directamente», narran a ABC fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En este contexto se produce la compra de 650.000 test defectuosos de Bioeasy. Nadie verifica que el fabricante tenga licencia, pese a que la secretaría de Estado de Comercio había facilitado al Ministerio de Sanidad el listado oficial de proveedores homologados, ni tampoco se prueban. Los médicos se echan las manos a la cabeza cuando los cotejan y el Gobierno se niega a revelar quién es el intermediario español que los vendió. «No prestaron atención», dicen a ABC fuentes conocedoras del «caos» vivido.
Mientras, las comunidades autónomas se ven obligadas a comprar por sus propios medios: «Somos como un pescadito entre pirañas», confiesan desde una de ellas a ABC. Hay fábricas que, lógicamente, no saben de regiones de España y quieren tratar con gobiernos nacionales. El jueves 19 de marzo las Oficinas Comerciales de España en China informan a la SEC de las donaciones de Inditex. La directora en China de la compañía de Amancio Ortega tiene orden de «colaborar en todo lo que pueda con el Gobierno de España». Dos días después, la donación de la empresa textil gallega está en sus almacenes lista para el envío.
Nos situamos ahora en el martes 24. La Embajada de España en China tendría ya un contrato para comprarles una gran cantidad de material homologado. Unas horas después, el Ministerio de Sanidad anuncia el megapedido de 432 millones de euros de material sanitario a China, pero el contrato no estaba ni siquiera firmado, según relatan a ABC fuentes oficiosas (las oficiales, chinas y españolas, se niegan a comentar esta información pese a la insistencia de ABC).
El gran contrato
Dos días después, el jueves 26 la Embajada China en Madrid escribe a la Secretaría de Estado de Comercio, siempre según las mismas fuentes, indicando que desconoce los detalles de ese gran pedido de 432 millones de euros. También preguntan al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad. Los representantes del Gobierno de China en Madrid también informan de que ninguno de los proveedores validados rechaza pedidos, pero están a la espera de recibir el dinero. Sin pago por adelantado, no hay material. Además, hay poco «stock» y los procesos son lentos. El pasado fin de semana, China aún no había formado el contrato por motivos «burocráticos». Se desconoce cuándo se ha firmado.
Entretanto, empresarios importadores aseguran que China ha paralizado en los últimos días «dos cargas» con más productos sin homologar que el Gobierno de España había comprado. El Gobierno chino se harta, por la mala imagen que ya se había dado de su país en el asunto de los test fallidos y al ver que hay más compras similares, no solo de España. Reaccionan aprobando una ley de urgencia con efecto inmediato, ayer 1 de abril: no saldrá nada de la aduana sin el certificado de «dispositivo de producto médico» en regla.
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