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El informe del Consejo de Estado no solo debería ser aconsejable para este Gobierno errático, sino que además es imperativo

Resulta incomprensible que en un estado tan excepcional como el que vive España, con tres plazos ya decretados de alarma y con cuarenta días de confinamiento de los ciudadanos, Pedro Sánchez haya eludido consultar siquiera al Consejo de Estado. La cuestión no es intrascendente. Primero, porque cabe preguntarse qué utilidad tiene esa institución si un Gobierno desprecia un dictamen de expertos juristas cuando impone un estado de alarma tan extensivo que se confunde con uno de excepción. Y segundo, porque muchos de sus miembros tienen una larga trayectoria en política. Ese informe del Consejo de Estado no solo debería ser recomendable para este Gobierno errático, sino que además es imperativo. Es cierto que sus resoluciones no son vinculantes, pero sus

 informes sí son preceptivos en algunos supuestos. En este caso, Sánchez ha ninguneado a una institución que pudo aconsejarle cómo afrontar todo de una forma mucho más correcta, garantista y sin sombras de sospecha sobre la vulneración de derechos de los ciudadanos. El artículo 21.10 de la Ley del Consejo establece que este órgano «deberá» ser expresamente consultado en «asuntos de Estado a los que el Gobierno reconozca especial trascendencia o repercusión». Si no son motivos de «especial trascendencia o repercusión» 23.000 fallecidos, un rosario de prórrogas de la alarma, millones de españoles sometidos a un encierro forzoso y una recesión económica en ciernes, ¿a qué le conceden relevancia Sánchez e Iglesias? Lo lógico es que el Consejo hubiese clamado al cielo por ser ignorado, pero alguna razón de sumisión a La Moncloa habrá para el silencio.

El Gobierno se ha refugiado en el criterio de «expertos» y «técnicos» para adoptar sus medidas, independientemente de su grado de improvisación. Pero cuando a Sánchez no le conviene, menosprecia el criterio de los especialistas -en este caso juristas- e impone su peso para anular a los poderes legislativo y judicial. No solo ha mantenido cerrado el Congreso, sino que ha ignorado al CGPJ, ayer objeto de un inédito e impresentable ataque por parte de sus socios de Gobierno. Con motivos sobrados para decretar el estado de alarma, Sánchez incurre en una arbitrariedad abusiva y autoritaria, y solo ha rectificado decisiones cuando los juristas ya no podían poner sordina a tanta extralimitación. En una democracia, la Justicia ejerce un contrapeso frente a los excesos de los otros poderes, pero en esta ocasión el Gobierno se ha propuesto deslegitimar todo excepto su caprichoso concepto de la legalidad. Sánchez e Iglesias deberían saber que la España del siglo XXI no es la URSS de los años cincuenta, y que el Gobierno no tiene un poder omnímodo, ni siquiera sobre los jueces. Cuando los tribunales condenan a una dirigente de Podemos e Iglesias brama contra ellos desde su vicepresidencia, es solo un aviso más de que este Gobierno quiere suplantar a la Justicia y pisotear -como ayer hizo Pablo Echenique entre gravísimas acusaciones al presidente del CGPJ- la legalidad....

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