La expresidenta de UPyD ha denunciado al Gobierno ante el Tribunal Supremo por un posible delito de prevaricación por omisión
La que fuera diputada del PSOE y posteriormente presidenta de UPyD, Rosa Díez, ha denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez —al que no duda en llamar «psicópata»— y a Fernando Simón ante el Tribunal Supremo (TS) por prevaricación por omisión. Lo hace convencida de que la gestión del Ejecutivo ha sido deficiente y, para camuflar su falta de previsión, acusa a La Moncloa de informar de forma engañosa e incluso contradictoria a los ciudadanos.
¿Cómo valora la gestión del Gobierno durante la pandemia?
Somos el país del mundo con más muertos por millón de habitantes, el que tiene más contagiados por millón, el que tiene más sanitarios contagiados... Tenemos el primer puesto del ránking macabro de esta pandemia en el mundo. No ha ocurrido por casualidad, no ha sido una catástrofe natural que no pudiera preverse. El Gobierno ha negado la evidencia y no ha actuado ante un riesgo más que advertido por la OMS y Europa.
¿Por qué ha denunciado al Ejecutivo y a Fernando Simón?
Los ciudadanos no solo tenemos que exigir a los demás, sino actuar en defensa de las instituciones y de que se haga justicia, cada uno dentro de nuestras posibilidades. Cuando Simón dijo que iba a ser obligatorio el uso de mascarillas, reconoció que no lo habían hecho antes porque no había suministro. Me llevé las manos a la cabeza. Escuché a opinadores hablar de que era un escándalo y repetir la frase hecha de que era «de juzgado de guardia». Esperé a que alguien lo hiciera, pero como nadie daba el paso, presenté una denuncia ante la Fiscalía el 8 de junio de la que no ha habido ni acuse de recibo. Por tanto, he presentado otra ante el TS con un relato de los hechos constatados.
¿Cree que la denuncia ante el TS saldrá adelante?
Me limito a cumplir con mi obligación. Hay mucha costumbre en nuestro país de decir «hay que» y no hacer o de «como no va a funcionar, no hago». La única batalla que se pierde seguro es la que no se libra. En otros momentos de mi vida he escuchado esto de que no es posible y mira, si te empeñas, a veces es posible. Pero hay que hacerlo. Cuando las instituciones no funcionan porque hay un Gobierno que las ha privatizado para ponerlas a su servicio, defender la justicia y esas instituciones es una obligación.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se defendió de este tipo de críticas alegando que «la quiniela el lunes la acertamos todos». ¿Qué debería haber hecho el Ejecutivo?
De entrada, tomar nota de las advertencias. Si el Gobierno ha dicho durante estos meses que su premisa es la salud pública, debería haber actuado en coherencia. Pero ha ocultado que corríamos un riesgo complementario saliendo a la calle sin mascarilla. Lo dijo el propio Simón: no se recomendó antes porque no había suministro. Es una demostración de que tenían conocimiento de su necesidad y lo ocultaban. En la denuncia yo señalo el artículo 404 del Código Penal, prevaricación por omisión. Como ciudadana, ejerzo mi derecho y mi obligación. Creo en el buen funcionamiento de las instituciones.
Llegó a decir que Sánchez era un «psicópata» y un «enfermo» por ensalzar el 8-M en el Congreso.
No solo por eso. En la personalidad de Sánchez, no lo digo solamente yo, hay muchos rasgos de psicopatía. Esas personas tienen cero empatía con los demás, les importa un bledo lo que los otros piensen o las consecuencias de sus actos. La psicopatía está definida como un tipo de personalidad con esas características y a mí me parece, y lo he argumentado, que su comportamiento general es el propio de un psicópata.
¿Confía en que la Comisión de Reconstrucción sea fructífera?
No solo hacen falta acuerdos, sino buenos acuerdos amplios y transversales, lo menos sectarios posibles. Los países que mejor están saliendo de la crisis son aquellos en los que los gobernantes apartan el sectarismo y trabajan en defensa del interés general. La experiencia que tenemos con este Gobierno es justamente lo contraria. Algunos de sus miembros son admiradores de Lenin, confesos comunistas. El Parlamento Europeo, en septiembre, homologó al nazismo y al comunismo como los grandes criminales contra la humanidad. Si no abandonan el sectarismo, será muy difícil hacer los grandes acuerdos que España necesita.
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