La Mesa del Congreso expone ese argumento a los grupos solicitantes, pese a que el hoy vicepresidente lo utilizó en campaña para denunciar la acción de «las cloacas del Estado»
La coherencia en política se está convirtiendo en un «rara avis». El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido investigar a Don Juan Carlos en el Congreso contra el criterio de los letrados, pero ignora la opinión de estos cuando sí ven factible que el hoy vicepresidente segundo del Gobierno dé explicaciones en la Cámara Baja por su vinculación con el caso Dina. El argumento utilizado por la Mesa del Congreso para rechazar su comparecencia, «versa sobre un asunto privado», es cuanto menos sorprendente.
Es el propio Iglesias quien, desde el principio, ha utilizado la sustracción del móvil de su exasesora Dina Bousselham -que obraba en poder del excomisario José Manuel Villarejo- como argumento para justificar la
existencia de unas «cloacas del Estado» cuyo fin último no era otro que impedir la llegada de Podemos al poder. Las dos últimas campañas electorales del secretario general de Podemos se cimentaron, precisamente, sobre la premisa de la existencia de unas «cloacas» que buscaban perjudicarlo con la publicación de informaciones íntimas y privadas.
No obstante, el controvertido robo del teléfono de Bousselham dio un vuelco cuando trascendió a la opinión pública que su tarjeta llevaba meses en poder del propio Iglesias y que este no había alertado a su propietaria. El juez que investiga esta pieza separada del caso Villarejo retiró a Iglesias la condición de «perjudicado» que tanto había aireado el líder de Podemos e, incluso, apreció en él la posible comisión de delitos.
Desde entonces, el goteo de informaciones ha sido constante, algunas apuntan que incluso Iglesias ha podido recibir información privilegiada del fiscal, pero las explicaciones han brillado por su ausencia. Sí ha habido excusas en tono paternalista, como cuando afirmó haberse quedado la tarjeta en secreto para «proteger» a su propietaria, su exasesora Bousselham. Por ello, el PP, Vox y Ciudadanos registraron sendas peticiones de comparecencia del vicepresidente, algo que tumbaron anteayer el PSOE y Unidas Podemos con su mayoría en la Mesa del Congreso. Sorprende especialmente la ausencia de transparencia en la coalición que lidera Iglesias, a la par que exige una investigación sobre la Casa Real sin el aval de los letrados.
Razones para la comparecencia
Estos sí que veían razonables las peticiones de comparecencia de Iglesias por el caso Dina, a raíz de las informaciones publicadas en prensa. Sin embargo, en la respuesta que le ha dado la Mesa del Congreso a los grupos solicitantes, y a la que ha tenido acceso ABC, se rechaza por «versar sobre un asunto privado y, por tanto, sobre materia ajena a la competencia del Gobierno». Curioso argumento cuando el propio Iglesias ha amenazado con llamar a comparecer a periodistas que están informando sobre este caso.
Llama la atención, además, que se bloquee la comparecencia de Iglesias desde la Mesa porque, normalmente, cuando dos grupos distintos la solicitan y se cuenta con la opinión favorable de los letrados de la Cámara, esta suele salir adelante. En esta ocasión son tres los grupos que reclaman respuestas a Iglesias, pero la izquierda no ha visto impedimento en utilizar su mayoría en el órgano de gobierno del Congreso para tumbar cualquier opción. Los servicios jurídicos de la cámara se habían posicionado a favor de «admitir a trámite el escrito y trasladarlo» a comisión, para que el vicepresidente fuese llamado a comparecer.
Indignación en Ciudadanos
La explicación de la Mesa ha caído con indignación en Ciudadanos, donde entienden que la comparecencia de Iglesias estaba perfectamente fundamentada, más si cabe después de conocer el informe favorable de los letrados. El portavoz adjunto de este partido en el Congreso, Edmundo Bal, considera en conversación con ABC que el criterio expuesto por los servicios jurídicos de la Cámara es «el único posible».
«Es un asunto de trascendencia pública y relacionado con la política. El líder de un partido político, la asesora de ese partido y la posibilidad de delitos por haber mentido ante el juez...», enumera Bal, que subraya que el objeto de la comparecencia en ningún momento era conocer el contenido personal que hubiese en esa tarjeta, sino por qué la tenía Iglesias en su poder y no avisó, por qué fue destruida y por qué utilizó su sustracción como «una campaña política para victimizarse». «La cuestión es por qué destruyó la tarjeta y por qué dijo que había sido robada en una conspiración político-policial», razona el diputado liberal...
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