Mientras que el vicepresidente segundo del Gobierno defiende que el plan no impedirá aplicar la hoja de ruta del Ejecutivo, desde Bruselas quieren blindar, entre otras recetas, la reforma laboral como eje para la recuperación del país
Eufórico. Así se ha mostrado Pedro Sánchez en un vídeo en el que el presidente del Gobierno ha sido recibido entre aplaudos por el resto del Ejecutivo tras el acuerdo del Fondo de Reconstrucción Europeo. Tras una lucha casi cainita, la Comisión Europea cerró ayer su paquete de ayudas: 390.000 millones en transferencias directas, y el resto del montante hasta los 750.000 que dispone el Fondo en préstamos a bajo interés para los países receptores. A España le corresponderían, puesto que falta que le Parlamento Europeo refrende el acuerdo, 140.000 millones, de los que poco más de la mitad serían ayudas directas. Un punto intermedio entre los países del Sur y los denominados «frugales» -también austeros- que abre un nuevo camino en la UE, que por primera vez en su historia emite deuda conjunta.
Pedro Sánchez ha puesto en valor hoy mismo el contenido de ese acuerdo alcanzado por la Comisión, y el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias también ha hecho su particular lectura del paquete ecónomico del Fondo, que, según ha destacado, incentiva al Ejecutivo a no variar ni una coma en sus planes económicos. Iglesias ha calificado el acuerdo como «un ambicioso plan de estímulos fiscales». También ha señalado que es un inicio para evitar el retorno a la «austeridad fiscal» y promueve la «condicionalidad blanda».
Si bien el contexto de esta crisis se aleja de la de 2008 y los denominados «hombres de negro» no forman parte del tablero esta vez, el programa de préstamos sí cuenta con una adenda que permite a la Comisión Europea ejercer cierto control en las partidas que ejecuta cada país. No es un veto como tal, pero el acuerdo contempla que, si un país de la Comisión Europea cuestiona el modo en que otro gasta el dinero, el pago de las ayudas se bloqueará hasta que el organismo aborde la cuestión y resuelva qué ocurre con el programa al que se pretende destinar el dinero.
Además, parte de esa «condicionalidad blanda» contempla que el Ejecutivo haga reformas de calado en España, y que estas no sean a corto plazo. Mientras desde Bruselas ponen en el centro de la mesa la reforma laboral como eje de las reformas que el Gobierno tendrá que acometer para la recuperación (con cuestiones como el control de subsidios o resolver el problema de la temporalidad en el mercado laboral español), tanto Sánchez como Iglesias han defendido que «la hoja de ruta» de la coalición sigue intacta. Ambas formaciones pujaron fuerte durante la campaña por que derogarían por completo la reforma laboral del PP. Un plan que, meses después, siguen defendiendo.
«El acuerdo no solo no impedirá que el Gobierno de coalición continúe aplicando su programa, sino que significará un enorme estímulo para continuar con las transformaciones», ha escrito Pablo Iglesias en redes sociales, ignorando que, precisamente, la reforma laboral es la piedra angular de las negociaciones con España.
A pesar de elogiar el acuerdo, al que tilda de «balón de oxígeno para el proyecto europeo», Iglesias ha señalado que echar en falta «una también una condicionalidad más dura vinculada a reformas en clave de transición ecológica, movilidad sostenible, cuidados y derechos sociales».
En respuesta a @PabloIglesias
en un momento en que el gasto público en esas partidas se ha demostrado imprescindible. Se echa en falta también una condicionalidad más dura vinculada a reformas en clave de transición ecológica, movilidad sostenible, cuidados y derechos sociales.
No obstante, debemos destacar algo clave para España: el acuerdo alcanzado no solo no impedirá que el Gobierno de coalición continúe aplicando su programa, sino que significará un enorme estímulo para continuar con las transformaciones
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