La vista oral inicia este lunes su recta final con las conclusiones y los informes de la Fiscalía, que leerá los cargos contra los expresidentes de la Junta
La crónica política y judicial de Andalucía tiene hoy una cita inevitable en la cuarta planta del vetusto edificio de la Audiencia Provincial de Sevilla. Se repetirá una imagen que muchos, incluidos sus protagonistas, apostaron que jamás se produciría: la foto de dos expresidentes y 20 ex altos cargos del Gobierno andaluz sentados en el banquillo de los acusados en el primer juicio de la macrocausa de los ERE. Con ellos, se sentenciará una década de la mayor hegemonía territorial de España.
A los 22 ex responsables políticos se les está juzgando por crear y mantener durante más de una década (2000-2011) un sistema supuestamente «ilícito» que repartió 855 millones de euros en ayudas para empresas y prejubilados, fuera de los controles administrativos que regulan el uso del dinero público. Es el primero y más importante de los cerca de 270 juicios —tantos como empresas que recibieron subvenciones— se van a celebrar conforme se vayan cerrando las piezas del enorme mecano procesal que es el caso ERE, abierto por la juez Mercedes Alaya en enero de 2011.
El proceso de la rama política encara su recta final con la lectura de las conclusiones y los informes finales de las partes a partir de hoy. Desde que comenzó el juicio el 13 de diciembre pasado, se han celebrado 123 sesiones y el tribunal ha escuchado las declaraciones de 120 testigos, entre ex responsables políticos de la época, guardias civiles, diputados, interventores, prejubilados de empresas, técnicos de la Junta, auditores y letrados.
Para este trámite es obligatorio que Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dos referentes simbólicos del socialismo andaluz y federal, y el resto de encausados, estén presentes en la sala que abandonaron el 17 de abril. El tribunal los dispensó de la «penitencia» de asistir a la sala de vistas al finalizar la declaración del último acusado.
Igual que la última vez, antes de las diez de la mañana los expresidentes llegarán en sus coches cerca de la puerta de los juzgados y caminarán unos 30 pasos hasta la entrada, con gesto sereno y sonriente, aparentando normalidad delante de las cámaras, aunque la procesión vaya por dentro. Porque la de hoy no va a ser una jornada cómoda.
Los acusados tendrán que escuchar cómo cada parte en este proceso expone un relato de los hechos, que no va a ser precisamente edulcorado en el caso de los fiscales Anticorrupción, los primeros en emitir sus conclusiones, y de las acusaciones: PP andaluz y el sindicato Manos Limpias.
Pocos cambios
Fuentes jurídicas consultadas por ABC dan por hecho que los fiscales Anticorrupción Manuel Fernández Guerra y Juan Enrique Egocheaga no van a modificar en lo esencial el contenido del escrito que presentaron antes del juicio en el que exigían la devolución a la Hacienda pública de 741,6 millones en caso de condena. Concretarán los cargos atendiendo a las pruebas practicadas (documentos, testigos e informes de los peritos) y emitirán una calificación jurídica de los mismos con sus correspondientes peticiones de condena o absolución para los acusados. Es decir, explicarán al tribunal, con los acusados presentes, por qué cree que cada uno de ellos es culpable.
La Fiscalía Anticorrupción pidió seis años de prisión y treinta de inhabilitación para el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE, y diez años de inhabilitación por prevaricación para su antecesor, Manuel Chaves, y los exconsejeros Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías. Entre seis y años años de cárcel solicita para los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.
En la fase de prueba documental, previa a las conclusiones, los fiscales dieron pistas sobre sus posición al pedirle al tribunal la incorporación de documentos comprometedores para los dos expresidentes. En el caso de Chaves, por ejemplo, solicitaron tener en cuenta la carta que un minero le envió en 2004 avisándole de que se habían incluido en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva a personas que no habían visto la mina «ni por dentro ni por fuera» y que ahí estaban, «prejubilados» con subvenciones.
Para la Fiscalía, tanto Chaves como Griñán debían conocer que el sistema de ayudas «entorpecía y casi impedía» su control y «no tomaron decisión alguna» para ponerle freno. Lo permitieron, a su juicio, con el propósito de «mantener la paz social». A Griñán, consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, le atribuyen un conocimiento más profundo porque en su departamento se elaboraban los presupuestos autonómicos, que estaban «falseados», según los peritos judiciales. Además, la Fiscalía señala que Griñán era destinatario de «sucesivos informes» que alertaban de forma insistente desde 2005 de la irregularidad del sistema utilizado por la Consejería de Empleo para abonar las ayudas a través de la agencia pública IFA/IDEA.
El tribunal que preside Juan Antonio Calle Peña deberá decidir si se diseñó desde la cúpula de la Junta un método de concesión, financiación y pago de las ayudas que desactivaba de forma deliberada los controles previos de la Intervención de la Junta.
Tras las conclusiones, llegarán los informes finales de las partes. El fiscal, acusaciones y defensas detallarán con más profundidad los hechos que consideren probados en el juicio, su calificación legal y, sobre todo, la participación que haya tenido cada uno de los acusados. El proceso acabará a finales de noviembre con el alegato de los encausados antes de que el juicio quede visto para sentencia.....
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