«Recomendar a los cordobeses que exijan a su Iglesia lo que cabe exigirle: que sea sabia y valiente a la hora de transmitir el mensaje teológico que tiene encomendado y que sepa ejercer con humildad y eficacia el compromiso ético que la religión de que es portaestandarte le demanda. Con ello estoy seguro de que se fortalecería aun más la tradicional identificación de los cordobeses con su mezquita-catedral»
«Toda historia es, en el fondo, historia contemporánea». La sentencia del filósofo italiano Benedetto Croce vuelve a nuestras mentes cuando, en las últimas tres semanas, hemos tenido ocasión de leer en la prensa nuevas noticias referentes a una polémica ya vieja que resucita en Córdoba a propósito de la titularidad de la mezquita-catedral de la antigua capital de Al-Andalus. Y ha regresado porque, en la rendición de cuentas que cada sociedad se hace del pasado, que es en lo que consiste la Historia como disciplina científica, hemos podido comprobar otra vez un hecho: son las cuestiones hacia las que un determinado presente muestra una sensibilidad especial, sea espontánea o impostada, las que suscitan con frecuencia las preguntas que se formulan a aquel pasado.
Aunque no lo expresara con la misma rotundidad, es fácil advertir que la sentencia de Croce incluía, quizá más que «historia», sobre todo, «política» contemporánea. En definitiva, ésta es la que parece haber estimulado la búsqueda de argumentos históricos para discutir los derechos de la Iglesia cordobesa a la titularidad de la mezquita-catedral. Primero, fue la publicación de un «Informe», solicitado por el ayuntamiento de la ciudad, firmado por tres autores. Después, la aparición de un «Manifiesto» en que un grupo de más de cuarenta medievalistas españoles mostraba su disconformidad con dicho «Informe» y venía a estimar, en línea con la advertencia de Patrick Geary, de que toda pretensión de memoria del pasado «es siempre memoria para algo y un algo inevitablemente político». Y, por fin, las declaraciones de dos profesores expertos en el conocimiento del terrorismo yihadista.
De las manifestaciones de estos dos últimos recuerdo una recomendación, que, en palabras aproximadas, venía a decir: «¡por favor!, rebajen el tono del debate en torno a la mezquita-catedral de Córdoba a fin de evitar que redes sociales yihadistas se hagan eco de él para sus fines. Si Al-Andalus constituye para algunos musulmanes un objetivo de reivindicación sistemático, aquel edificio es, precisamente, uno de los elementos nucleares en su imaginario de recuperación de un territorio que consideran suyo». Debo confesar que, hasta el momento de conocer tales declaraciones, apenas se me había ocurrido pensar en las posibilidades y los riesgos de globalización de la polémica. Aunque esto último no fuera razón suficiente para no abordar el asunto de la titularidad de la mezquita-catedral, la opinión de los medievalistas en su «Manifiesto» es terminante. A su juicio, el tratamiento del tema por parte de los autores del «Informe» deriva más de posiciones ideológicas «contemporáneas» que del peso de los testimonios históricos y las sentencias previas favorables a los derechos de la Iglesia de Córdoba a continuar gestionando, como posesora legítima, la mezquita-catedral.
La donación efectuada por el rey Fernando III en 1236 con ocasión de la conquista de la ciudad de manos de los musulmanes, la posesión, ininterrumpida e indiscutida, pacífica, desde aquella fecha y la cuidadosa atención y preservación del edificio se han considerado siempre que resultan títulos suficientes para acreditar que, desde planteamientos históricos y jurídicos, no cabe discusión al respecto. El nutrido grupo de mis colegas medievalistas así ha venido a reiterarlo y, personalmente, me sumo a una opinión que, entre otros, sostienen algunos de los más destacados estudiosos de la Edad Media andaluza.
Es verdad que, pese al manifiesto del grupo de medievalistas, que, en el terreno científico, debería dar por zanjado el debate, la experiencia demuestra que el despliegue de las redes sociales, con la posibilidad de intervención activa de cada sujeto, ha ido arrinconando la antigua creencia de que las verdades objetivas existen. Más bien, vivimos ya en un mundo en que cada uno aspira a tener su propia versión de los acontecimientos desdeñando el antiguo respeto a las jerarquías del saber, y ello sin contar con quienes, con temeridad o con tendenciosidad, se hacen presentes en tales redes, sin respetar la opinión de los especialistas o la terca presencia de los hechos.
Los historiadores deberíamos reconocer que las culpas de esa situación no son todas ajenas. Es posible que los que nos dedicamos al estudio de la Historia hayamos podido contribuir al aumento del número de furtivos en el delicado y complejo campo de nuestra especialidad. Por la sencilla razón de que no hemos sido capaces de crear o, seamos modestos, simplemente, defender una «gramática» y un «vocabulario» tan depurados como los que, dentro de sus respectivos cursus académicos, se exige en las facultades de Derecho, Medicina o Economía. Si ello sucede entre nuestros propios estudiantes, cuánto más podrá acontecer entre los simples aficionados al conocimiento de la Historia, sin contar quienes, por razones de conveniencia, tienden a utilizar aquella en apoyo de sus pretensiones según el viejo principio de que «quien controla el presente tratará también de controlar el pasado». Muchos libros de Historia en distintas comunidades autónomas vienen cumpliendo con eficacia la aplicación práctica de aquel principio. Cínicamente, podríamos alegrarnos los historiadores al considerar que un hecho semejante constituye un homenaje al insustituible papel social desempeñado por la disciplina que cultivamos.
Lo que sucede es que, en el uso y abuso de la Historia, sobran precisamente cinismos. En efecto, por alguno de los caminos extraviados de su empleo, surge de vez en cuando, y ahora lo hace con intensidad, la pretensión de confundir Memoria e Historia. Esto es, convertir la experiencia, el recuerdo, el deseo, personales o grupales en relato oficial de la acción de toda una colectividad. Si parece cierto que «el que recuerda, miente», más lo hará quien pretenda imponer una determinada versión de Memoria con intención de convertirla en Historia. En este sentido, resulta inquietante el anuncio de la constitución de una orwelliana «Comisión de la Verdad» para establecer el relato oficial del episodio más triste y doloroso de nuestra historia contemporánea, la guerra civil española.
Para quienes, por la edad y la sensibilidad que proporciona la profesión, hemos vivido ya una experiencia parecida a la que se anuncia, resulta especialmente desolador. Personalmente, prefiero ejercer mi quehacer con las mayores dosis de libertad y exigencia intelectual. En función de esas premisas, me adhiero a ese conjunto de voces, las más atendibles, las de los especialistas, que, además de argumentos históricos y jurídicos, suscriben en el caso de la mezquita-catedral de Córdoba la sencilla y doméstica recomendación de que «es bueno no tocar lo que bien funciona». De tocar algo en este asunto, no sería la gestión del edificio, que la historia ha demostrado está en buenas manos. Más bien, me centraría en recomendar a los cordobeses que exijan a su Iglesia lo que cabe exigirle: que sea sabia y valiente a la hora de transmitir el mensaje teológico que tiene encomendado y que sepa ejercer con humildad y eficacia el compromiso ético que la religión de que es portaestandarte le demanda. Con ello estoy seguro de que se fortalecería aun más la tradicional identificación de los cordobeses con su mezquita-catedral, que es, justamente, uno de los argumentos reiterados en el «Informe» que ha renovado la polémica.
*José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre es catedrático jubilado de Historia Medieval......José Ángel García de Cortázar
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