Pedro Sánchez seguirá gobernando hasta el 28-A y lo hará a golpe de decretos ley. La aritmética parlamentaria ha impedido al presidente sacar adelante en los nueve meses que ha gobernado promesas electorales como la contrarreforma laboral o la Ley de Igualdad, pero ahora esa falta de respaldo no será impedimento para llevar a cabo sus planes. Sánchez sacará adelante sus reformas incluso después de disueltas las Cortes, el próximo 5 de marzo, a través de la Diputación Permanente del Congreso.
Así ocurrirá con la contrarreforma laboral y también con la Ley de Igualdad laboral. Una norma que refuerza los controles de la Inspección y las multas con el objetivo último de acabar con las diferencias salariales entre sexos. Según datos de la Comisión desde el 3 de noviembre y hasta final de año las mujeres europeas trabajan gratis. Y eso es así a pesar de que la brecha en el conjunto de los 28 países de la UE pasó del 16,7 en 2016 al 16,3 en 2017. En el caso de España, el salario medio bruto por hora que perciben las mujeres es de media un 14,9% más bajo.
Para recortar distancias el Ejecutivo pretende imponer por decreto medidas como obligar a las empresas a crear un registro con la media de los salarios y los complementos de la plantilla divididos por sexo, por grupos y por categorías profesionales. Este registro será un nuevo arma para los sindicatos en la negociación de los convenios, que se unirá al mayor poder que recuperarán en la negociación colectiva con la contrarreforma laboral.
La norma de igualdad salarial también obligará a las empresas a elaborar un plan de igualdad cuando tengan más de 50 trabajadores, y estarán obligadas a inscribirlo en un registro público. Y en el caso de empresas de menos de 25 empleados se considerará discriminación salarial cuando la media de las retribuciones de un sexo sea superior en un 25% o más a las del otro.
Fuentes del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad confirman que buena parte de las medidas de brecha salarial acabarán entrando en vigor en forma de decretos antes de las elecciones.
Días clave en el calendario
Si bien el Gobierno tenía marcado en rojo en el calendario el viernes 22, por ser el día de la Igualdad Salarial, y veía como un tanto político aprobar estas medidas en una jornada de tal enjundia, desde el departamento dirigido por Carmen Calvo descartan que vayan a llegar a tiempo para que se apruebe en el Consejo de Ministros de hoy. Será más adelante, y en el horizonte figura otra fecha clave: el viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una jornada en la que CC.OO. y UGT han convocado paros que se suman a la huelga feminista de dicho día.
Lo cierto es que el Ministerio cuenta ya con un borrador de decreto que incluye estas medidas, además de otras para garantizar la presencia de mujeres en la alta dirección de las empresas y un aumento de los permisos de paternidad y de lactancia para acercar la equiparación entre hombres y mujeres.
En todo caso, desde Igualdad advierten de que puede haber cambios sobre el documento final. Las empresas que han accedido a estos borradores expresan su preocupación por el aumento de costes laborales que implican. Máxime cuando fuentes de la negociación señalan que los sindicatos han presionado intensamente para sacar adelante estas medidas de la Ley de Igualdad Laboral, después de que esta no haya desarrollado su tramitación en el Congreso por falta de tiempo.
9.000 millones para las regiones
A su vez, el Ministerio de Hacienda quiere repartir, a meses de las elecciones autonómicas, más de 9.000 millones a las comunidades en lo que supone actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación, señalan fuentes del Gobierno. El Ejecutivo tiene sobre la mesa varias medidas de los Presupuestos fallidos de 2019 que están listas para aprobarse en forma de decreto-ley y esta es una de ellas. Aún no se ha tomado la decisión, pero desde Hacienda la intención es aprobarla para así garantizar los recursos correspondientes a las autonomías, que han diseñado sus presupuestos para este año dando por hecho que estos importes llegarán finalmente, como les aseguró la ministra María Jesús Montero en el último Consejo de Política Fiscal en julio de 2018.
Se tratan de 105.282 millones que suponen 9.300,32 millones más de lo recibido en 2018, basados en el incremento del 9,7% de los ingresos en impuestos compartidos como IRPF o IVA –de los que autonomías y Estado se quedan cada uno con el 50% de la recaudación– así como el 58% de los Impuestos Especiales. A ello se le suma la liquidación de 2017, que se reparte a dos años vista, y que supone 6.075 millones, 2.548 menos que la de 2016 que recibieron el año pasado. Como esta última se suele ejecutar en julio, no hay necesidad de aprobarla antes de las elecciones. La medida no impacta en déficit, ya que simplemente pasa unos recursos que iba a recaudar el Estado a las comunidades. Ello les permitirá cumplir con más holgura el objetivo del 0,1% del PIB, frente al 0,4% de 2018.
Así, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Extremadura, Murcia, Canarias, Asturias y Cantabria –las comunidades que han aprobado presupuestos– han consignado unos 3.200 millones de mayores recursos en sus cuentas de 2019 que corresponden a este aumento de los recursos. Como las entregas son mensuales, si el Gobierno saliente de las urnas el 28 de abril decidiera aprobarlo, solo habría unos meses de desfase. Pero este retraso provocaría tensiones de tesorería que la propia María Jesús Montero conoce bien como antigua consejera de Andalucía, al criticar el año pasado a Montoro por ligar las entregas de entonces a la aprobación de los Presupuestos de 2018.
En la decisión de sacar este decreto-ley pesa especialmente una fecha marcada a navaja en el calendario: las elecciones en 13 comunidades que se celebrarán el 26 de mayo. El PSOE gobierna en seis de ellas comunidades de régimen común (Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura), por lo que está especialmente interesado en que salga cuanto antes esta medida.
Pero también el PP ve con buenos ojos el decreto, como apuntan fuentes del partido. Porque las regiones que más aumentan sus recursos, tras Canarias –un aumento del 8,4%– y Cataluña –del 8,1%–, son autonomías gobernadas por el PP como Andalucía –un alza del 6,7%–, Madrid –6,6%–, Murcia –6,5%– o La Rioja –6,3%–. Estos porcentajes resultan de sumar entregas a cuenta y liquidación del sistema de 2017.
Precisamente, este decreto-ley no es una idea nueva. Cuando a comienzos de 2018 los Presupuestos de 2018 estaban en peligro por la amenaza de rechazo del PNV, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ideó un «plan B» para sacar por decreto la actualización de las entregas si finalmente no había cuentas.
Impuesto de Hidrocarburos
Si bien el Gobierno disolverá las Cortes el próximo 5 de marzo, puede continuar aprobando decretos-ley más adelante, ya que la Diputación Permanente continuará convalidando las normas que saque el Ejecutivo si se justifica que atienden a «situaciones de urgencia». Así, el Gobierno Sánchez prepara una andanada de normas que contendrán buena parte de las medidas que se quedaron en el tintero tras el «no» a las cuentas, con un ojo en la campaña electoral.
Asimismo, Hacienda entiende que las entregas a cuentas este año tienen un componente adicional que inclina la balanza a su aprobación por decreto. El tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos que antes recaudaban y decidían las autonomías ahora ha pasado a ser competencia del Estado, que ha decidido elevarlo a su horquilla más alta desde 2019.
Esta decisión la tomó Montoro en los Presupuestos de 2018 y provocó las subidas en nueve regiones (Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco). Pues bien, la otra derivada de esta medida es que el impuesto pasa a ingresarlo el Estado, que reparte la recaudación correspondiente a las comunidades. Por ello, regiones como Galicia apuntan que detrás del incremento de las entregas a cuenta también se esconde este cambio fiscal, en un impuesto que para 2019 ingresará 13.580 millones.
La prórroga de las entregas de 2018 dejaría a las regiones sin la recaudación de este impuesto y también de la subida de los ingresos. Eso sí, lo que no parece que se aprobará será la liquidación de 2.500 millones del IVA de 2017, que recogen solo 11 meses de ingresos. Para este punto parece que sería necesario un proyecto de ley que modifique la fecha de pago del impuesto, para lo que no hay tiempo ante la premura de los comicios. Tampoco quiere Hacienda aprobar por decreto-ley la subida de IRPF y Sociedades, aunque haya soporte jurídico para ello, ya que el PP así lo hizo en 2012.,,,
https://www.abc.es/, MRF
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