Conforme se acerca el 1-O, la tensión en Cataluña se hace más irrespirable. Las provocaciones de los sediciosos van en aumento porque su objetivo es que el conflicto se encone en las calles hasta el límite. Ni les importa la legalidad ni les importa la seguridad pública. Solo les importa su delirante carrera hacia el abismo. Mientras tanto, emergen críticas contradictorias al Gobierno: unas por falta de contundencia y detenciones de los responsables de una rebelión en toda regla; y otras voces, precisamente por lo contrario, denuncian una represión innecesaria. No es fácil el papel del Gobierno, y sin embargo es tal la gravedad del desafío que lo único relevante es impedir a toda costa la celebración del referéndum con el menor coste posible en términos de seguridad pública. Desde esta perspectiva, el separatismo está ofreciendo suficientes indicios de que el uso de la fuerza con la ley en la mano será indispensable para evitar seguros conatos de sedición. A eso están empujando la irresponsabilidad de la Generalitat y la virulencia de la CUP. No conviene llevarse a engaño. El Estado tendrá que impedir sin miramientos el golpe diseñado por la Generalitat.
Hay dos datos reveladores de hasta dónde está dispuesto a llegar el independentismo en su ataque a la soberanía española. El primero es la indigna e inmoral utilización de niños como arietes de una estrategia suicida. El segundo es la preocupante naturalidad con que la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural apelan a los ciudadanos catalanes a hacer listas negras con los vecinos que se nieguen a votar. Se trata de imponer la delación como una práctica mafiosa en la que estigmatizar al prójimo recuerda a prácticas del nazismo. Objetivamente, no se trata solo de una amenaza antidemocrática. Es mucho peor. Da miedo pensar en qué dictadura podría llegar a convertirse Cataluña.
Ni el Gobierno ni la Justicia pueden bajar la guardia ante la desleal rebeldía del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que ayer replicó a la Fiscalía que precintar colegios causará desórdenes públicos evitables. Tampoco pueden bajarla con la absurda provocación de Puigdemont de convocar unilateralmente a la Junta de Seguridad sin contar con Interior. Ni con los casos de colegios que utilizan a menores como escudos del odio en las concentraciones separatistas. El Estado no puede dejar pasar estas maniobras ni siquiera con el argumento de rebajar la tensión, porque el separatismo ha apostado por aumentarla en la creencia que un caso extremo de violencia puede servirle de coartada victimista. Por eso es una buena noticia que la Audiencia Nacional investigue las agresiones a la Guardia Civil como sedición. Por el contrario, que la alcaldesa de Madrid se niegue a apoyar a los ediles amenazados es la lamentable evidencia de qué concepto tiene Podemos de España y de la democracia.
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MRF
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