Los violentos están sometiendo a los agentes de la Benemérita a un acoso y presión sin límites durante los últimos días. Pero sus radicales desmanes pueden salirles ahora bastante caros.
La Fiscalía ultima
una denuncia por delitos de sedición ante la Audiencia Nacional por los
altercados consecuencia de las concentraciones que se llevan produciendo
en Barcelona y otras poblaciones a raíz del estallido de la operación
contra cargos de la Generalitat responsables del 1-O.
La denuncia se presentaría en relación con los incidentes como los daños en coches policiales registrados especialmente el pasado miércoles a raíz de las concentraciones frente la Consejería de Economía y en torno al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Algunos de estos vehículos acabaron con las lunas rotas y repletos de basuras y desperdicios, y agentes de la Guardia Civil personados en la citada Consejería tuvieron que permanecer en su interior durante horas sin poder salir al no estar garantizada su seguridad.
Por el momento, la Guardia Civil ha abierto una investigación para revisar imágenes y estudiar la petición de responsabilidades individuales a quienes atacaron sus coches oficiales, incluyendo algunos camuflados. Los mayores daños los sufrieron tres todoterrenos aparcados frente a la sede de la Consejería de Economía con los que se cebaron los numerosos independentistas descontentos con la actuación judicial.
AUGC Guardia Civil ✔ @AUGC_Comunica
En este órgano existe un precedente reciente, del pasado mes de abril, cuando la Audiencia Nacional archivó una causa contra el concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma por un delito de incitación a la sedición. Se le investigó concretamente por llamar a la desobediencia durante un pleno de diciembre de 2015, en el que el consistorio mostró su apoyo a la proclamación del Parlamento catalán de inicio de la 'desconexión' de Cataluña con el resto de España.
Finalmente, el juez Central de Instrucción número 2 Ismael Moreno estimó que no se le podía atribuir sedición y decidió inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción de Vic (Barcelona) por posibles delitos de desobediencia y prevaricación.
http://www.esdiario.com/
MRF
La denuncia se presentaría en relación con los incidentes como los daños en coches policiales registrados especialmente el pasado miércoles a raíz de las concentraciones frente la Consejería de Economía y en torno al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Algunos de estos vehículos acabaron con las lunas rotas y repletos de basuras y desperdicios, y agentes de la Guardia Civil personados en la citada Consejería tuvieron que permanecer en su interior durante horas sin poder salir al no estar garantizada su seguridad.
Por el momento, la Guardia Civil ha abierto una investigación para revisar imágenes y estudiar la petición de responsabilidades individuales a quienes atacaron sus coches oficiales, incluyendo algunos camuflados. Los mayores daños los sufrieron tres todoterrenos aparcados frente a la sede de la Consejería de Economía con los que se cebaron los numerosos independentistas descontentos con la actuación judicial.
AUGC Guardia Civil ✔ @AUGC_Comunica
Independentistas se hacen con un vehículo oficial de la Guardia Civil ¿Cuanto más tenemos que aguantar?
El Código Penal castiga en su artículo 544 con hasta 15 años de
cárcel a quienes "se alcen pública y tumultuariamente" para "impedir,
por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes", o
para "impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario
público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus
acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". La
competencia para investigar estos hechos corresponde a la Audiencia
Nacional. En este órgano existe un precedente reciente, del pasado mes de abril, cuando la Audiencia Nacional archivó una causa contra el concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma por un delito de incitación a la sedición. Se le investigó concretamente por llamar a la desobediencia durante un pleno de diciembre de 2015, en el que el consistorio mostró su apoyo a la proclamación del Parlamento catalán de inicio de la 'desconexión' de Cataluña con el resto de España.
Finalmente, el juez Central de Instrucción número 2 Ismael Moreno estimó que no se le podía atribuir sedición y decidió inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción de Vic (Barcelona) por posibles delitos de desobediencia y prevaricación.
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