La Administración Central incumplió en 2019 los objetivos de estabilidad, la regla de gasto y el límite de deuda pública: desde que Sánchez gobierna nunca los ha cumplido
La Administración Central volvió a incumplir todas las reglas fiscales en 2019 y cerró con más déficit, gasto y deuda que lo fijado en los objetivos de estabilidad comprometidos con Bruselas y que el Ministerio de Hacienda aprueba, acata y debe hacer cumplir. En un momento en el que la Comisión Europea ya ha suspendido las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad por la crisis del coronavirus, realmente la Administración Central bajo el Gobierno de Pedro Sánchez no ha cumplido ni un objetivo de estabilidad desde que está en el poder. Ni en 2018 ni en 2019 el Gobierno Central se atuvo a la regla de gasto –que limita el desembolso a una tasa ligada al crecimiento potencial–, el objetivo
de déficit ni el de deuda, algo que hasta entonces nunca había pasado desde que se aprobó la Ley de Estabilidad en 2012.
Así lo recoge el propio informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad que elabora y publica el propio Ministerio de Hacienda y que recoge que el año pasado tanto la Administración Central como las comunidades autónomas incumplieron las tres reglas fiscales. A ello se sumó que el Ejecutivo socialista no pudo aprobar sus propios objetivos de déficit, ya que el Senado tumbó la senda propuesta, por lo que siguieron vigentes los aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, las administraciones y el propio Estado tampoco cumplieron con las metas propuestas por el Gobierno de Sánchez. La senda propuesta por el Gobierno consistía en un déficit del 1,8% del PIB –respecto a la meta en vigor del 1,3%, aunque después el Ejecutivo del PSOE señaló que iba a acabar en el 2%– del que el Estado tendría un 0,4% –frente al objetivo vigente del 0,3%–, las comunidades autónomas un 0,3% –el objetivo aprobado por Rajoy fue del -0,1%– y la Seguridad Social, un 1,1% (0,9%).
En fin, la Administración Central tuvo un déficit del 1,3% del PIB, por lo que incumplió todas las metas previstas o aprobadas. Las comunidades autónomas, por su parte, tuvieron un déficit del 0,5% del PIB superior al objetivo del 0,1%. Sin embargo, Hacienda recoge que en parte se debe por el efecto de los 2.500 millones de euros de IVA no abonado por el Estado de la liquidación de 2017 del Sistema Inmediato de Información (SII) que retrasó contablemente un mes el cobro del impuesto por esta informatización del tributo, aprobada por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Si se descuenta esto el déficit autonómico hubiera sido del 0,3%, similar a la meta que propuso el Ejecutivo de Sánchez.
Por ello, el Ministerio señala que a las regiones de Canarias, Navarra y País Vasco, que cumplieron, se suman Andalucía, Galicia y Madrid. «Es una satisfacción comprobar que la comunidad de Madrid volvió a a cumplir de nuevo el objetivo máximo de déficit», señaló ayer el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, quien se congratuló de que Madrid tenga la «deuda más baja de las comunidades de régimen común», con un 14,1% del PIB.
Año electoral
En cuanto a la regla de gasto, si bien el crecimiento máximo permitido para 2019 era del 2,7%, ninguna administración lo cumplió. Hay que recordar que el año pasado se celebraron dos elecciones generales, además de comicios autonómicos y municipales, y ninguna administración cumplió con sus compromisos fiscales con las urnas a la vista.
Los ayuntamientos dispararon su gasto un 5,1%, las comunidades lo hicieron un 4,8% y la Administración Central, un 3,2%, con medidas como los viernes sociales que el Gobierno aprobó antes de las elecciones del 28 de abril. El Ministerio alega que en 2019 se reclasificó el Consorcio de Compensación de Seguros dentro de las Administraciones Públicas, con gastos de 1.109 millones sin contrapartida en 2018. Si se excluye esto, el gasto hubiera crecido un 2,2%, señala Hacienda.
A ello se le sumó que, junto a la Seguridad Social, el Estado también rebasó el objetivo de deuda pública, con un 69,9% del PIB frente al 69,5% de objetivo. Las comunidades también superaron en cuatro décimas su meta, con un 23,7% del PIB, mientras que las corporaciones locales, con un pasivo del 1,9%, cumplieron el objetivo del 2,6%.
Todo ello provocó que en 2019, antes de la crisis del coronavirus, el Gobierno agotara cualquier margen fiscal posible para hacer frente ahora a la pandemia y elevara el déficit público, del 2,5% del PIB de 2018 al 2,8% de 2019, su primer repunte desde que en 2012 se pidió el rescate bancario.
De esta forma, en los dos últimos años de Gobierno de Pedro Sánchez, la Administración Central no ha cumplido ni uno de los indicadores en ningún ejercicio, siendo el único subsector en no hacerlo. El hecho de que el Ministerio de Hacienda sea el que vigila el cumplimiento de las reglas por parte de las administraciones pero que no se haya aplicado con el mismo rigor que exige al resto, deja al desnudo una de las grandes carencias de la Ley de Estabilidad que la Autoridad Fiscal ha denunciado en numerosas ocasiones: nadie controla a la Administración Central para que cumpla y, en su opinión, sería deseable que un organismo independiente lo hiciera. El vigilante necesita ser vigilado
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