Los errores ante el desastre sanitario fueron la puntilla del ya débil Gobierno de la UCD. En 1982 ganó el PSOE
¡UCD, asesina! ¡Gobierno, canalla, estás matando a España!» Es mayo de 1982 y un millar de personas manifiestan su desesperación en un barrio humilde de Madrid. Son víctimas del envenenamiento masivo por el aceite de colza adulterado que se comercializó para su consumo humano pese a que era de uso industrial. Un año antes, el 1 de mayo de 1981, había fallecido el niño de 8 años Jaime Vaquero, de Torrejón de Ardoz, en su traslado al hospital. Era la primera víctima mortal reconocida.
En los primeros meses se contaron 400 muertos y 12.000 hospitalizados en la que hasta ahora había sido la mayor catástrofe sanitaria de nuestro país. El origen de todo aquello es muy distinto a la
pandemia del coronavirus pero entonces como ahora España vivió semanas de catástrofe sanitaria y alarma social, que se vio agravada por la enorme confusión informativa y la inoperancia de un gobierno, como hoy, muy débil.
«Es más grave la gripe común que la neumonía atípica». «Nos encontramos ante algo mucho menos importante que una epidemia de gripe». «También la OMS tranquiliza». Parecen titulares de febrero de 2020 pero son de mayo de 1981. Una extraña epidemia ataca Madrid. Los hospitales colapsan. Y los médicos, impotentes, no dan con la causa de esta extraña enfermedad que conlleva una grave afección pulmonar y muscular. El Gobierno de Calvo-Solelo intenta aplacar el pánico restando gravedad al asunto. La comunicación política es nefasta. El ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, Jesús Sancho Rof, pasará a la historia por su desafortunado comentario: «Lo causa un bichito del que conocemos su nombre y su primer apellido… nos falta el segundo. Es tan pequeño que si se cae de la mesa, se mata». Rof, como Salvador Illa, había llegado al cargo dos meses antes del estallido de la crisis. Fue relegado del puesto en noviembre.
España acaba de estrenar su democracia y el intento de golpe de Estado, dos meses antes, sume al país en una enorme convulsión política y social. Los periódicos transmiten las declaraciones titubeantes que salen del Gobierno, pero no hacen más que expandir la confusión. «El foco de Torrejón está controlado», publica ABC el 7 de mayo. «No existe riesgo para la población», insisten desde el Ministerio. «Estamos ante un brote poco contagioso y no peligroso», afirma el día 12 el responsable de Salud Pública, Luis Valenciano. Mientras, familias enteras siguen ingresando en los hospitales con síntomas graves y difusos. Cuando el 9 de junio el Ministerio asegura que «la epidemia no se propaga por los alimentos» ya son 3.000 los hospitalizados. Los quirófanos también cierran para alojar pacientes. El mal se extiende por Castilla y León y Castilla y-La Mancha. La angustia muerde.
La presión sobre los médicos
«Esta crisis de ahora me recuerda el miedo y el caos que vivimos», señala Juan Casado, pediatra que atendió a cientos de niños aquejados de un raro síndrome. Se habló de una posible legionela, de los pájaros, de las fresas de Aranjuez, de las hortalizas de tallo verde... Pero la tesis oficial apuntó a la neumonía atípica y organismos internaciones tan activos ahora como la OMS o el centro de control de enfermedades (CDC) de Atlanta intervinieron en una crisis que era solo de España. «Los enfermos tenían un cuadro de fiebre, sarpullidos, dificultad respiratoria, parecido a lo de hoy. Y en la radiografía, una gran condensación pulmonar», señala Casado. El Ministerio, que no había transferido aún sus competencias a las comunidades autónomas, indicó un antibiótico para los pacientes, pero no mejoraban.
Casado era del equipo del doctor José Manuel Tabuenca, subdirector del Hospital Niño Jesús. Ellos descubrieron, 40 días después, que era una intoxicación digestiva por consumo de un aceite adulterado de colza. «No podía ser infecciosa porque no se comportaba como un microbio. De una familia ingresaban todos, del piso de enfrente, ninguno. En las calles, lo mismo. Atacó sobre todo a los barrios pobres y periféricos de Madrid», recuerda el pediatra hoy jubilado. Estudiaron a trescientos enfermos y cientos de alimentos que habían ingerido hasta que vieron una bebé lactante intoxicada. La madre reconoció que le daba un cucharadita de aquel aceite vendido en mercadillos ambulantes.
Una vez más los médicos cargaron todo el peso sobre sus hombros. «Recuerdo la presión en mi padre, la confusión y el temor general. La gente no se fiaba», comenta José Tabuenca Dumortier, jefe de Cirugía Ortopédica y Traumatología del hospital Quirón, que ha estudiado a fondo las anotaciones de su padre, fallecido en 2018. Detalló cronológicamente el desarrollo del caso, los hallazgos del laboratorio, el tobogán declarativo de los políticos, el vaivén de teorías sobre la procedencia del patógeno... Hipótesis que nunca se disolvieron del todo, como la del tomate contaminado por un pesticida, que defendió el doctor Muro, cesado como subdirector del hospital del Rey el 15 de mayo de 1981. O los ensayos de la multinacional Bayer. O la teoría conspiranoica que hablaba de maniobras de guerra química en la base militar estadounidense de Torrejón de Ardoz. Lo que es claro es que fue una gran catástrofe nacional, «el mayor desastre social desde la Guerra Civil», diría ABC.
El 10 de mayo de 1981 el equipo del Niño Jesús se plantó en el Ministerio de Sanidad. «Les expusimos los datos recabados, las estadísticas, la evolución… Entonces no había ruedas de prensa diarias, nosotros seguíamos silenciosamente ese proceso de investigación», Para su sorpresa, se toparon con cierta resistencia sobre el alcance de su hallazgo. Y pasaron a la acción. «Si esta noche no se da una alarma a la población en la televisión, mañana hago una rueda de prensa con los datos que tenemos», advirtieron al secretario de Estado de Sanidad. «Se emitió el aviso, se dejó de consumir el aceite y dejaron de llegar enfermos», resume Casado.
El empuje de los profesionales fue tal que el doctor Tabuenca aconsejó al Gobierno hacer un canje de aceite de oliva por el contaminado. «Fue idea de mi madre, mi padre habló con los olivareros de Jaén», recuerda su hijo, quien ve coincidencias entre aquella catástrofe sanitaria y la actual, también médicas: «Hay una similitud en los síntomas iniciales y en las secuelas que puede dejar el covid, con afectación pulmonar y arterial».
Políticamente, el desastre de la colza aceleró el derrumbe de la UCD. «Condenó al Gobierno cuando en realidad la responsabilidad era del señor Tierno Galván», apunta Jaime Ignacio del Burgo, entonces de la UCD. Se refiere a que la competencia de control sobre los mercados ambulantes era de los ayuntamientos. Pero no hubo tal cruce de acusaciones políticas como existe ahora entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que aún no tenían la competencia de Sanidad.
España asistió a su primer macroproceso judicial que concluyó en una sentencia en 1987. Se estimó probado que la causa del síndrome tóxico fue el aceite de colza adulterado. Se condenó a un grupo de aceiteros y a dos funcionarios de las aduanas por haber dejado pasar el producto desde Francia. El Estado fue declarado responsable civil subsidiario y se establecieron indemnizaciones que las víctimas empezaron a cobrar en 1999, dieciocho años después. Se les descontó el entierro de sus familiares, la silla de ruedas, la prótesis, hasta el 25% de lo recibido.
25.000 afectados
Carmen Cortés tenía 15 años cuando enfermó. Le aislaron una semana en el hospital. Recuerda el trasiego de médicos y enfermeras con sus escafandras rudimentarias. «Pedí una maquinilla para depilarme las piernas y me dijeron que todo lo que entraba en la habitación se destruía. Eramos unos apestados y aún hoy nadie nos tiene en cuenta», se duele Cortés, que preside la Plataforma de Afectados por el Síndrome Tóxico «Seguimos Viviendo». Su lucha es por la dignidad de las víctimas que lo fueron también de la negligencia del Estado.
«Este país tiene muy poca memoria». «Ojalá que las víctimas del Covid-19 no tengan que luchar lo que nosotros». «Es triste que en 40 años no se haya avanzado nada en la gestión política de crisis sanitarias. El negacionismo y la ridiculización del riesgo son comunes, entonces y ahora. Es triste porque un país que no aprende de sus errores, los repite», subraya Cortés.
Hoy se cuentan en 5.000 los fallecidos por el síndrome del aceite tóxico y 25.000 los afectados que siguen padeciendo graves secuelas médicas y, otro agravante, el olvido institucional.
No hubo entonces ni nunca luto nacional por las víctimas de la colza.
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