Dijo hasta 20 veces ante el juez que la tarjeta no funcionaba y acreditó que él la tuvo más de un año en su poder
Después de su comparecencia, el líder de Podemos acabó expulsado de la causa y bajo sospecha de dos delitos
La exasesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham le puso la puntilla el 18 de mayo en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional en la pieza separada del caso Villarejo que investiga que pasó con el contenido del móvil que le robaron y que obraba en poder del polémico comisario. Aunque después se ha retractado en un escrito de manifestaciones enviado al juez, el hecho es que su declaración fue la gota que colmó el vaso para que la Fiscalía y el juez apreciasen que no sólo Iglesias no había sido perjudicado por la trama criminal, sino que además, era sospechoso de haber cometido dos delitos: uno de revelación de secretos y otro de daños informáticos. Y eso que compartían abogada y estrategia.
Recapitulando. Es mayo de 2020. Los investigadores llevan ya un año y tres meses con la pieza abierta. Hay varios informes policiales que apuntan a serias «inconsistencias» en las declaraciones prestadas al inicio por Iglesias y Bousselham, como adelantó ABC. Los dos únicos imputados además de Villarejo en la causa, dos periodistas de «Interviú» que entregaron al comisario una copia de la tarjeta de la exasesora, han pedido el archivo porque no entienden bien qué pintan en esta historia si ellos atendían un requerimiento policial informal. Se decide darle una vuelta a la pieza antes de decidir sobre su situación y la citan a ella. Al fin y al cabo, Iglesias ahora es vicepresidente y ya hizo campaña la última vez que le llamaron con este asunto.
El 18 de mayo, acude Bousselham acompañada de la abogada de Podemos que la representa junto a Iglesias, Marta Flor. El juez Manuel García Castellón y el fiscal Anticorrupción Miguel Serrano entran sin rodeos. Consta que Iglesias recibió la tarjeta del móvil de Bousselham en buen estado en enero de 2016, pero ninguno de los dos supo aclarar cuando se la entregó a su legítima propietaria. Además, ella ya había apuntado que en sus manos, el dispositivo nunca llegó a funcionar. «La clave es dilucidar por qué esa tarjeta no se entrega y por qué además aparece dañada», sintetizaría Serrano en un momento de la comparecencia, que duró hora y media y a la que tuvo acceso íntegro ABC.
Sobre los daños
Sobre el último asunto, Bousselham es categórica: la tarjeta «estaba dañada». «Yo nunca jamás he tenido acceso al contenido de esa tarjeta», asegura. No lo dice sólo una vez, ni dos, ni tres. Un total de veinte veces afirma que la tarjeta no funcionaba, hasta el punto de concretar: «En el momento en que me la da Pablo, la meto en el ordenador y no funciona». Esto ya es un matiz respecto de su declaración inicial, porque había dicho que esa comprobación la hizo introduciéndola en un teléfono móvil, pero los interrogadores no le dan más importancia.
Sigue la declaración y ella enrocada en que el dispositivo no funcionaba. El juez preguntó y repreguntó si no le parecía por lo menos «extraño» y si no había hecho preguntas al respecto: «Me parece lo suficientemente grave como para que usted se hubiera dado cuenta», comenta García Castellón. «Como con Pablo me llevo bien, le hago la pregunta y me dice que me tendría que funcionar, sin embargo, no me funciona y por eso acudo a una empresa para recuperar el contenido de esa tarjeta y no le doy más vueltas. Me entrega la tarjeta intento meterla en el ordenador para ver el contenido, no funciona, la mando», resume.
En este punto del interrogatorio ya ha dejado dos afirmaciones relevantes por el camino: Que comunicó al propio Pablo Iglesias que le habían robado el móvil cuando aquello ocurrió y que le consta que a él sí le funcionó el dispositivo porque le hizo ver que había consultado su contenido.
El silencio de todos
En cuanto al momento en que Iglesias le devolvió la tarjeta, Bousselham se enreda varias veces en la declaración, pero apunta como horquilla el verano de 2016, es decir, después de que se publicasen los pantallazos en prensa.
A preguntas del juez afina más y explica que envió la tarjeta a reparar a un servicio técnico porque -de nuevo- no funcionaba y quería recuperar unas fotos familiares. «Si yo lo que recuerdo es haber contactado con una empresa también se puede deducir que es en ese momento cuando recibo la tarjeta, pero es que no recuerdo exactamente la fecha. Se puede comprobar fácilmente porque tengo los correos», apuntó. Acabó aportándolos a la Audiencia Nacional, eran de febrero de 2017, es decir, que Iglesias había tenido una tarjeta de memoria ajena en su poder a sabiendas del contenido íntimo y del robo como origen durante 13 meses.
Quizá por eso no acertó a dar una explicación cuando el juez incidió en que ella no dijo nada ni a la policía ante la que había denunciado el robo, ni en los tribunales cuando en el verano de 2016 se puso a litigar para ampliar la denuncia al ver que había contenidos del teléfono que se estaban publicando. Alega que no tenía claro que esa fuese su tarjeta porque -otra vez- no había podido acceder al contenido. «Hombre por favor, se lo ha dicho una persona en la que confía y que es su jefe», apunta el juez. «Pues en ese momento no lo hice», responde ella. «Pero no tiene sentido», plantea de nuevo el instructor. «No», zanja Bousselham.
El fiscal, sobre este asunto, directamente preguntó si «cuando se formula esa ampliación de denuncia Pablo Iglesias o un tercero le dicen que no haga constar que la tarjeta la tiene él». Respondió que «no». Sí aclaró que la letrada que llevó ese asunto es la misma que la representa en este otro. Es del equipo legal de Podemos.
Sobre por qué Iglesias tardó tanto en devolvérsela, en algún momento llegó a invitar al juez a preguntarle a él. Su hipótesis es que a su exjefe le daría «apuro» haber visto aquellas fotos privadas. «En aquel momento (cuando se la devolvió) yo no sabía que hacía meses (que la tenía). A mi no me da esa información. A mi me dice que esa información es confidencial, que ha mantenido una reunión y que le han dado esa tarjeta porque pensaban que yo era su pareja, que ha podido ver las fotos de mi móvil y ya está», apuntó a distintas preguntas.
Los pantallazos
Si esta parte de sus revelaciones profundizó en la sospecha de los investigadores de que Iglesias podía haber incurrido en una revelación de secretos por ocultar la tarjeta a sabiendas de su contenido y en una de daños por devolverla averiada, el colofón llegó cuando hizo tambalear el pilar de su condición de perjudicado: la supuesta relación entre Villarejo y los pantallazos publicados.
Aunque en un inicio Bousselham negó la mayor, a esta declaración llegaba después de un informe de la policía científica que localizaba aquellos pantallazos en una carpeta de «enviados» de una aplicación tipo Telegram o Whatsapp: «No le puedo asegurar a quien he enviado yo esas capturas. Podrían estar simplemente guardadas en mi movil». En todo caso, sostiene que el material que está en los archivos de Villarejo ha sido «manipulado» pues faltan documentos e imágenes y hay carpetas «creadas ad hoc».
El fiscal recuerda «que las publicaciones que más perjudican» a Iglesias «han sido por capturas de pantalla hechas» por ella y le pregunta si «tiene sentido que Iglesias no le diera la tarjeta o la destruyera» para que «no siguiera haciendo envíos a terceros. «No, no tiene sentido», aseguró.
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