La Oficina de Desarrollo Local de Ponferrada y
la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) presentan,
el martes en el Museo de la Radio, la iniciativa ‘Early Warning’.
Una acción dirigida a los empresarios y autónomos, a quienes
este proyecto piloto, promovido y financiado por
la Unión Europea, ofrece ayuda para detectar
problemas en la gestión de su negocio en una fase temprana.
El la jornada que se celebra el martes a
partir de las 20.00 horas, se abordarán temas
de relevancia como el de la ampliación a 24 meses
de la prestación por cese de actividad, el derecho
de los autónomos a percibir prestación por accidente
de trabajo o enfermedad profesional desde el primer
día de baja, la suspensión del pago de cuotas a
la Seguridad Social a partir del segundo mes de baja
hasta el momento de recibir el alta o la posibilidad
de las trabajadoras autónomas de obtener
una tarifa plana de 60 euros al mes durante
un año y dentro de los 24 meses posteriores
a la prestación de baja por maternidad.
Además, los proyectos seleccionados
por la red de asesores optarán a
la posibilidad de recibir asesoramiento individualizado
Contencioso
El acceso de los grupos de oposición a personal
de confianza para su trabajo municipal llegará a
los tribunales después de que la mayoría de gobierno
rechazase ayer un recurso de reposición presentado
por PP, PRB, USE y CS. Según se reveló en el Pleno,
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de León ya ha admitido a trámite el recurso y será,
por tanto, quien decida si los grupos tienen derecho,
del mismo modo que se aprobó personal
para Podemos y CB con los mismos concejales, dos
Tras advertir el portavoz del PRB del riesgo de
que exista un delito de prevaricación en la
decisión del alcalde, Tarsicio Carballo definió lo que
está pasando como «un atropello». «Si hay dos grupos que
lo tienen, los demás también tenemos derecho», enfatizó
para reclamar una persona de confianza para cada
grupo de la oposición con dos ediles.
En la misma línea, Samuel Folgueral (USE) recordó que
se trata de un «decisión injusta» ya que ha violentado
nada menos que derechos fundamentales. «Aquí
hay grupos que tienen dos concejales y no disponen
de personal. Ahora será un juez quien decida quien
tiene razón», insistió Ruth Morales por Ciudadanos.
Pedro Muñoz, pese a votar entonces ese reparto y ayer
rechazar el recurso, terció en el debate para mostrar
su apoyo a que todos los grupos tengan personal a
su servicio si así lo establece un reglamento,
tanto para el equipo de gobierno como para la oposición
en función del número de concejales. «Nos tenemos
que poner a ello», añadió Muñoz, también para acabar
con la polémica que siempre rodea
el reparto de personal de confianza cada cuatro años.
Recogiendo el testigo, el propio Marco Morala recordó
que existe un «agravio comparativo» con lo que está
pasando en el Ayuntamiento de León o en la Diputación,
donde con gobiernos socialistas la oposición
tiene su propio personal de confianza.
En cambio, el PSOE fue más duro en su respuesta, defendiendo
el criterio del pleno del pasado mes de junio en
el que se aprobó el actual reparto. Su portavoz,
Mabel Fernández, recordó que la decisión tuvo entonces
el visto bueno de los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
Como último intento, la portavoz de Ciudadanos planteó
retirar el punto del orden del día y buscar una solución,
lo que evitaría que el tema se decida en los
tribunales, a lo que no accedió el equipo de gobierno.
«Igual está mejor judicializado para que nos diga
lo que tenemos que hacer», insistió Muñoz.
Olegario Ramón cerró el debate con ironía al considerar
que sea ahora el PSOE quien vulnere derechos
fundamentales después de 24 años de otros partidos
en el poder. Desveló que planteó al PP una dedicación
exclusiva o dos parciales que Morala rechazó
por solidaridad con el resto de grupos.
Podemos no tomó la palabra
Endesa
El Consejo de Administración de Endesa aprobó este
viernes proceder al cierre de todas sus centrales
térmicas de carbón en España, incluidas la de As Pontes
(a Coruña) y Litoral (Almería, que se sumarán a los cierres
ya aprobados de Andorra (Teruel) y Compostilla (León).
Según informa la eléctrica a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV), esta decisión se debe a la
“profunda” modificación en las condiciones de mercado
que afectan a las centrales térmicas de carbón, derivadas
fundamentalmente del precio internacional de las materias
y la efectividad de los nuevos mecanismos
de regulación del mercado de derechos
de emisión de dióxido de carbono
Esta situación estructural ha determinado que las centrales
térmicas peninsulares de carbón no resulten competitivas
y, por tanto, su funcionamiento no resulte previsible
en el mercado de generación eléctrico en el futuro”, apunta Endesa.
La compañía, que no espera que este cierre tenga un
impacto relevante en el margen de explotación, asegura
que va a evaluar opciones de futuro en
los emplazamientos de estas centrales.
Adicionalmente, Endesa tiene previsto aumentar
de manera significativa en su próximo plan estratégico,
que será aprobado antes de fin de año, las inversiones
destinadas a la construcción de nueva
capacidad de generación renovable.
El valor neto contable, a fecha de hoy, del
conjunto de centrales térmicas de carbón peninsular
de Endesa asciende aproximadamente a unos 1.300 millones
de euros, lo que incluye el importe estimado
de la provisión para el desmantelamiento de estas centrales.
Por ello, la decisión adoptada por el Consejo
de Administración de Endesa de acelerar el compromiso
de descarbonización discontinuando la producción
de generación térmica peninsular de carbón y el análisis
a realizar del valor recuperable de estas
instalaciones podría implicar el registro
contable de un deterioro de valor de estos activos por
un importe máximo equivalente a la totalidad de su
valor neto contable, lo que, en su caso, reduciría el
importe futuro de las amortizaciones estimadas
en el conjunto de centrales.
Endesa aclara que el registro contable de un deterioro
es un parámetro que no se tiene en consideración
en el cálculo del beneficio neto ordinario conforme a
la política de dividendos vigente, por lo que
no tiene impacto alguno en la determinación
de la remuneración del accionista
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