Ante el juez, uno de los siete acusados de terrorismo involucra al presidente de la Generalitat en los planes para actuar en la cámara regional «el día D»
Los siete miembros de los CDR acusados de terrorismo contaban en sus planes con la ayuda de Quim Torra para llevar a cabo una de sus acciones: una especie de encierro en el Parlamento catalán el «día D». Así lo contó en su comparecencia ante el juez el pasado jueves uno de los encarcelados, según han informado a ABC fuentes de la investigación. El «día D» sería la fecha señalada para actuar, en torno al aniversario del referéndum ilegal del 1-O y la publicación de la sentencia del «procés», que se espera en la primera quincena del mes de octubre.
Uno de los dos acusados que admitieron parte de los hechos imputados –la compra de material explosivo y la realización de pruebas– explicó que desde dentro del Parlament les iban a facilitar la entrada en la cámara regional, e involucró en ello a Torra, el actual presidente de la Generalitat. Según se desprendería de su declaración, él no lo sabía de primera mano, pero así se lo habían comunicado. El «president» no dudó en defender desde el mismo jueves a los investigados y pidió a gritos su libertad en el Parlament.
Torra –elegido por Carles Puigdemont, fugado de la Justicia, para sucederle en el cargo– ha exteriorizado en los últimos días muestras de que se adentra como su antecesor en el camino de la desobediencia, desafiando al Estado ante las decisiones judiciales. La temperatura política sube a medida que se acerca el desenlace del juicio a los doce líderes del plan secesionista ilegal, acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación.
El supuesto asalto al Parlament sería una de las acciones planeadas por los siete CDR arrestados el pasado lunes, a los que el juez Manuel García-Castellón imputa los delitos de pertenencia a organización o grupo terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para el delito de estragos. Es la primera vez desde los tiempos de Terra Lliure que la Justicia califica como terrorista a un grupo del ala más radical del secesionismo catalán.
Basándose en los indicios acumulados, el juez considera que los encarcelados formarían parte de los ERT, los denominados equipos de respuesta táctica de los CDR, que pretenden instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas, según informaron fuentes jurídicas.
García-Castellón acordó el pasado jueves enviarles a los siete a la cárcel sin fianza, a petición de la Fiscalía, para evitar que materialicen sus planes. La prisión preventiva permite encarcelar a una persona que no ha sido juzgada ni condenada, si el objetivo es evitar uno de los tres riesgos tasados en la ley: la fuga, la destrucción de pruebas o la reiteración delictiva. Según el juez que investiga los hechos desde hace un año y medio, en este caso se dan los tres riesgos previstos en la ley.
Encuentro clandestino
Los investigadores, que ahora deben analizar todo el material incautado en los registros del pasado lunes, han hallado planos de ubicación de varios cuarteles de la Guardia Civil en Cataluña y fotografías de comisarías de los Mossos d’Esquadra en los dispositivos electrónicos de los CDR. Uno de los objetivos en su punto de mira era el cuartel de la Guardia Civil en Canovellas, un municipio de Barcelona.
Según las pesquisas, los arrestados habrían aportado la logística necesaria para un encuentro entre un miembro del Govern y un enlace de los antiguos gobernantes catalanes fugados. La reunión se habría producido el año pasado pasado, en otoño, y los miembros de los CDR se habrían encargado de algunas medidas de seguridad, informaron a ABC fuentes de la investigación. Siete líderes secesionistas, entre ellos Puigdemont, se encuentran huidos de España, para evitar rendir cuentas en la causa que investiga el «procés» en el Tribunal Supremo. Es previsible que los jueces españoles vuelvan a la carga, reactivando las órdenes europeas e internacionales de búsqueda contra ellos, una vez que se dicte el esperado fallo del «procés».
Aunque estamos en los primeros compases de la investigación –lejos de la fase en la que los indicios pueden convertirse en pruebas–, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha expresado su «certeza» de que el supuesto grupo terrorista iba a actuar, y considera que la operación policial ha neutralizado sus actuaciones. En los registros de la operación policial –en la que se arrestó a dos miembros más de los CDR, que fueron liberados antes de comparecer ante el juez–, se encontraron material para fabricar explosivos, guías sobre cómo confeccionarlos y emplearlos, un arma corta, munición real y de fogueo, y 170 dispositivos. La causa está bajo secreto de sumario.....
No hay comentarios:
Publicar un comentario