Hoy resulta inviable sentar las bases de unos Pactos de la Moncloa, salvo que se trate de un señuelo estratégico del Gobierno para atenazar a la oposición y abocarla a una rendición de pleitesía en favor de un pretendido interés nacional
El Gobierno por fin empieza a invocar los «Pactos de La Moncloa» de Adolfo Suárez. Pero lo hace más como expresión de un rearme emocional ante un estado de necesidad que como una alternativa institucional creíble. Solo citarlos es un bálsamo sentimental para una gran mayoría de ciudadanos porque son un mantra de unidad en el ideario colectivo cuando España precisa de soluciones históricas. Y paradójicamente, Pedro Sánchez recurre a la recuperación de esos pactos cuando son él y Pablo Iglesias quienes dieron por superados los consensos de la Transición por ser inservibles para la nueva izquierda del siglo XXI. Esos pactos eran rancios, fueron ideados por una derecha de herencia franquista, crearon un sistema de desigualdad social, y habían quedado obsoletos. Hoy en cambio Sánchez pretende fabricar una coartada político-sentimental para adueñarse de su espíritu, reeditándolos como una misión universal que nadie más pudiese afrontar.
Contradicciones aparte, ¿son factibles unos nuevos Pactos de La Moncloa? Ojalá. Pero Sánchez ha convertido de facto el estado de alarma en un estado de excepción sin decreto que lo ampare. La Constitución prevé e integra muchas situaciones de anomalía en el día a día de un Estado. La aprobación de medidas extraordinarias no invalida la Constitución, ni la deroga, y el hecho de que restrinjan determinados derechos no supone que se supriman o se pierdan. Solo se adaptan a la excepcionalidad. Un estado de alarma no legitima la interrupción del funcionamiento ordinario de las Cámaras legislativas, ni secuestra de facto al Congreso. Tampoco modifica los principios jurídicos de responsabilidad del Gobierno, de modo que no queda en suspenso la posibilidad de presentar una moción de censura, ni tampoco el sometimiento del presidente a una cuestión de confianza. No invalida el deber de información a las Cámaras, ni la labor de las comisiones parlamentarias, y no deja en el aire la celebración de plenos o las sesiones de «control» al Gobierno.
Y si esto está ocurriendo, es por un criterio extensivo del estado de alarma que raya en la arbitrariedad. El Parlamento está cerrado salvo en contadas sesiones de simulación democrática. En estas condiciones de silenciamiento de la labor fiscalizadora de la soberanía nacional, hoy resulta inviable sentar las bases de unos Pactos de la Moncloa, salvo que se trate de un señuelo estratégico del Gobierno para atenazar a la oposición y abocarla a una rendición de pleitesía en favor de un pretendido interés nacional. O se está con el Gobierno, o se es un antisistema, lo cual no deja de ser paradójico proviniendo del un Ejecutivo con Pablo Iglesias como vicepresidente. Neopopulismo a la desesperada...
Manuel Marín
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