El alto tribunal autonómico contabiliza 191 fallecidos más que Sanidad y suma 956 sospechosos
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Los datos de las personas fallecidas oficialmente por Covid-19 en Castilla-La Mancha en marzo varían dependiendo de la fuente. Y la diferencia es importante: 191 (un 24,6%). Mientras el Ministerio de Sanidad cifra en 774 los finados confirmados, el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCLM) elevó este lunes la cantidad a 965. Además, contabiliza otros 956 casos en los que «existen sospechas de esta infección», puntualizó el tribunal en un comunicado, donde se deslizan otros guarismos funestos: en Castilla-La Mancha se tramitaron 3.319 licencias de enterramiento en el tercer mes del año, con lo que hubo un aumento del 96,3 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dijo que esa desigualdad se debe a las limitaciones del sistema informático, aunque aseguró que «pulirán» los métodos de conteo, con lo que «al final» se ajustarán las cifras del ministerio con las del organismo judicial regional.
Desde la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha señalaron a ABC su «sorpresa y extrañeza» por la información del tribunal regional. «Los datos que se facilitan desde la consejería son casos confirmados -explicó un portavoz del departamento de la Junta-. Se cumple estrictamente los criterios que nos marcan el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud desde el primer momento de la pandemia; cómo debemos clasificar tanto los casos confirmados, las altas sanitarias, los pacientes hospitalizados, los que están en las UCI y los fallecidos».
La suma de los fallecidos por Covid-19 y de los sospechosos, 1.921, representó el 57,9 % del total de las licencias de enterramiento (3.319) otorgadas en la región en marzo, según el alto tribunal. Esto es, un incremento de 1.358 finados más que el mismo mes de 2019, cuando se registraron 1.691 defunciones.
Las actuaciones de conteo del TSJCM comenzaron tras las informaciones solicitadas para garantizar el correcto funcionamiento de los registros civiles, en las que se apreciaba un «desproporcionado incremento» del número de licencias de enterramiento y defunciones con las consiguientes dificultades en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos. De igual modo, y según el tribunal que presidente Vicente Rouco, se pusieron de manifiesto, desde un primer momento, dificultades para la gestión de las licencias e inscripciones de defunción por el «aumento significativo de la mortalidad, así como en la consignación de las causas de la muerte en las certificaciones médicas, en las que no siempre aparecía referenciada la infección por el virus....
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dijo que esa desigualdad se debe a las limitaciones del sistema informático, aunque aseguró que «pulirán» los métodos de conteo, con lo que «al final» se ajustarán las cifras del ministerio con las del organismo judicial regional.
Desde la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha señalaron a ABC su «sorpresa y extrañeza» por la información del tribunal regional. «Los datos que se facilitan desde la consejería son casos confirmados -explicó un portavoz del departamento de la Junta-. Se cumple estrictamente los criterios que nos marcan el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud desde el primer momento de la pandemia; cómo debemos clasificar tanto los casos confirmados, las altas sanitarias, los pacientes hospitalizados, los que están en las UCI y los fallecidos».
La suma de los fallecidos por Covid-19 y de los sospechosos, 1.921, representó el 57,9 % del total de las licencias de enterramiento (3.319) otorgadas en la región en marzo, según el alto tribunal. Esto es, un incremento de 1.358 finados más que el mismo mes de 2019, cuando se registraron 1.691 defunciones.
Las actuaciones de conteo del TSJCM comenzaron tras las informaciones solicitadas para garantizar el correcto funcionamiento de los registros civiles, en las que se apreciaba un «desproporcionado incremento» del número de licencias de enterramiento y defunciones con las consiguientes dificultades en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos. De igual modo, y según el tribunal que presidente Vicente Rouco, se pusieron de manifiesto, desde un primer momento, dificultades para la gestión de las licencias e inscripciones de defunción por el «aumento significativo de la mortalidad, así como en la consignación de las causas de la muerte en las certificaciones médicas, en las que no siempre aparecía referenciada la infección por el virus....

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