A finales de julio al Gobierno le llegó una información alarmante al respecto. Sería terrible en estos minutos finales del partido que el Alto Tribunal se dividiera públicamente en dos.
Es casi una certeza: en el PP,
no sé si también en el Gobierno, existe la seguridad de que los
insurrectos de Cataluña tienen urnas. El Gobierno es impenetrable;
sencillamente no contesta. A lo mejor es que tampoco sabe. Pero lo
dicho: personajes muy significativos del PP se temen que los independentistas acumulen miles de urnas escondidas en algún lugar incógnito del Principado.
Estos dirigentes creen que la adquisición de estas urnas data de hace algún tiempo; probablemente hace más de un año que Omnium Cultural y la Asamblea de Cataluña
se pusieron de acuerdo para comprar “en algún lugar de Europa” estos
adminículos imprescindibles para una votación. ¿Con qué dinero? Dado que
estas organizaciones no tienen precisamente unas cuentas saneadas, lo
más probable es que la Generalitat les transfundiera algún dinero por
vías de lo más espurias, porque por las buenas y desde la legalidad
presupuestaria no lo pudieron ni lo pueden hacer.
La seguridad con que Puigdemont se refiere a las susodichas urnas en la última y complaciente entrevista que el director de La Vanguardia
le ofreció el domingo, no deja lugar a dudas: las urnas están
dispuestas para la sedición. Las urnas y también las algaradas que se
preparan y que el partido de Puigdemont está dispuesto a tolerar. “Son de los nuestros” dijo un diputado de Junts pel Sí ante varios colegas de la oposición.
Sería terrible en estos minutos finales del partido que el TC se dividiera públicamente en dos y se aprobara la salida de los subversivos solo por mayoría simple
O sea, que los antisistema de las CUP son de los suyos y por tanto no van a impedir que los barreneros anarquistas
tomen el próximo día 1 de octubre instituciones oficiales, entidades
sociales o incluso -no se descarta- templos religiosos. ¿O es que
alguien duda del nulo respeto que a estos sujetos les produce, por
ejemplo, la catedral de la Sagrada Familia?
El plan está perfectamente trazado: si el Estado impide el referéndum, la insurrección estallará en Barcelona. Puigdemont,
el president lo ha anunciado sin ambages: “No podré aceptar de ninguna
manera una suspensión de mis funciones”. Es decir que va a la guerra o
¿qué cosa es ésta de proclamar que se alzará contra cualquier resolución
judicial? Solo hay una forma de llamar a esta postura: golpe de Estado.
Ahora bien: a todo esto, ¿qué respuesta prepara el Estado?
Pues quien asegure que sabe cuál es el programa de actos del Gobierno
miente como un bellaco. Es curioso, sí se conoce no obstante que las
posiciones de los miembros del Gabinete varían entre las de los más
llamémosles “duros”, y las de otros quizá más contemporizadores.
No es momento de poner apellidos a estas matizadas
discrepancias, pero sí de añadir que los primeros se inclinan por la
puesta en marcha de la Ley de Seguridad Nacional, que promueve la defensa de la unidad de España ante cualquier insurrección abierta, mientras los segundos confían en que el Tribunal Constitucional siga haciendo el trabajo más sucio, o por decirlo de forma más caritativa, trabajo legal e institucional.
Sucede sin embargo que antes del pasado agosto, en los
últimos días de julio, llegó hasta el Gobierno una información
alarmante; a saber, que la mayoría progresista del Constitucional dudaba en pronunciarse por la directa inhabilitación de Puigdemont
y su cuadrilla si se negaban a aceptar la legalidad vigente. Sería
terrible en estos minutos finales del partido que el Alto Tribunal se
dividiera públicamente en dos y se aprobara la salida de los subversivos
solo por mayoría simple. Terrible.
En esta tesitura y, dígase lo que se diga, el Gobierno está clamorosamente solo. Oficiosamente el PSOE y Ciudadanos
ya han advertido que no están a favor del 155, algo que no ha
sorprendido demasiado al Gobierno porque desde hace tiempo saben que de Pedro Sánchez no se pueden fiar en absoluto, y que de Ciudadanos… depende.
Rivera es un táctico y cree que de
este episodio sólo se pueden derivar beneficios para él. En definitiva:
que no quiere, faltaría más, que el referéndum pueda celebrarse, pero
que no le hace ascos a la posibilidad cierta de que Rajoy y el mismo PP
se quemen en esta pira. Por tanto, corresponde únicamente al Gobierno
adoptar la decisión que, por lo demás le exige ya, de inmediato, una
gran parte del país.
Desde luego que hablar en nombre genéricamente del “país” o
más concretamente de España es una demasía intolerable, pero ya se
constata que los “influyentes” españoles, entre otros algunos
caracterizados medios de comunicación, le están pidiendo al presidente
del Gobierno que se deja ya de monsergas y que intervenga sin demora
alguna en Cataluña.
El plan está perfectamente trazado: si el Estado impide el referéndum la insurrección estallará en Barcelona. Puigdemont, el president lo ha anunciado sin ambages
Frente a esta exigencia hay, también constatada, una templanza mayor en los que confían ciegamente en Mariano Rajoy
y creen absolutamente que el presidente “es un genio” y que de la misma
forma que ha aplastado a los que querían abrasarle en los tribunales y
el Parlamento a cuenta de la corrupción, sucederá con el desafío del
separatismo catalán del que Rajoy saldrá fortalecido, hasta el punto de que, como decía al cronista un veterano político centrista: “A Rajoy la historia le va a poder muy bien”. Textualmente.
En todo caso lo que se prevé es que la instalación de una
urna, una sola y maldita urna, en cualquier lugar de Cataluña podría
dejar muy mal parado al presidente porque lo que el público en general
quiere no es ya que el referéndum no se celebre y surta efectos, sino
que los insurrectos no consigan llevar a su público a votar aunque sea
de forma chapucera. Esta es la clave de la situación que, se supone,
tiene perfectamente visualizada el Gobierno.
Por lo demás, y partiendo de la aseveración inicial sobre la constancia de que hay urnas, ¿sería mucho pedir al Centro Nacional de Inteligencia,
que averiguara dónde están, si es que todavía no las ha detectado? Los
españoles tienen todo el derecho del mundo a exigir que no se vuele su
milenaria convivencia, por eso aquí lo que se dilucida no es desde luego
el porvenir de Rajoy, del PP o de sus
presuntos aliados, sino una revolución que pretende asolar la
indiscutible Historia común. Convendría que los pastueños pensaran en
esto.
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MRF
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