Así lo aseguró ayer en Santander el consejero delegado de Endesa, José Bogas, durante el curso organizado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), patrocinada por BBVA. En concreto, respecto al plan de cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón que prevé la empresa en manos de la multinacional italiana Enel, y que no ha decidido llevar a cabo la inversión medioambiental exigida para que Compostilla siga en activo, Bogas matizó en primer lugar que «no se ha dicho que se vaya a cerrar ni que sea de manera inmediata. Lo que sí se ha dicho es que a día de hoy no se dan las condiciones, ni de mercado ni regulatorias, para tomar una decisión para invertir en la desnitrificación de la planta. Y, por tanto, esa opción no está en el plan estratégico de Endesa».
Más allá, señaló que «si no cambia ninguna circunstancia, y dado que hay una norma que obliga a cumplir unos criterios de emisiones a partir del 1 de julio de 2020, estas instalaciones no podrían seguir en activo».
El consejero delegado de Endesa insistió en que está «completamente de acuerdo» con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en que no puede ser una decisión económica de las empresas la que determine si una central continúa o no. «Tiene que haber otro criterio más estratégico, que decida qué tiene que estar en el mix de generación y cuál debe ser la evolución hacia esa exigencia de descarbonización».
Bogas destacó que Compostilla, como el resto de térmicas, «tendrán que cerrar en algún momento. No sé cuándo, pero antes de 2050, porque entonces toda la generación tendrá que ser renovable. Y las que más emiten tendrán que cerrar antes; y al carbón le toca antes que a los ciclos combinados. Todo eso va a ocurrir». Sin embargo, el consejero delegado advirtió de que «si hay otro tipo de consideraciones por las cuales se crea que es necesario que estas centrales permanezcan un tiempo más en el mix energético nacional, lo entiendo, lo acepto y lo acato. Lo acato con alegría. Pero eso sí, luego tenemos que ver cómo resolvemos los problemas económicos que puedan existir».
Bogas respondía así al anunció del Gobierno (a través de la Junta) de que aprobará, vía reglamento, los argumentos para garantizar la seguridad del suministro y la competitividad para mantener en activo las centrales térmicas, aunque sea, en último caso, cambiando de propietario a través de una subasta.
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Primero se habló del barrio de Compostilla. Después de toda la ciudad. Y ayer, el Ayuntamiento de Ponferrada anunció que la futura Área de Regeneración Urbana (Aru) que quiere poner en marcha junto a la Junta de Castilla y León «corresponderá con la zona de la Puebla Norte». La intención de la alcaldesa, que ayer recibió al director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta, Ángel María Marinero, para avanzar en el proyecto, es que los vecinos de la zona beneficiada en la Puebla Norte puedan recibir las primeras ayudas para rehabilitar edificios en el barrio en el año 2018.
Marinero se desplazó ayer a Ponferrada para entrevistarse con Gloria Fernández Merayo. El Ayuntamiento informó a posteriori de su visita —no hubo convocatoria previa a los medios— y difundió una nota para dar a conocer los avances en la delimitación de la zona donde se ejecutará la rehabilitación de viviendas. «Todo parece indicar que el Aru corresponderá con la zona de la Puebla Norte», adelanta la nota de prensa.
El equipo de gobierno municipal pretende que los primeros propietarios de viviendas puedan emprender rehabilitaciones en 2018 y el propio director general de Vivienda lo confirmó. «Tenemos todo el año para elaborar el Plan y el próximo haremos la declaración formal para iniciar las obras», afirmó Marinero en la misma nota.
La alcaldesa, por su parte, resaltó la importancia que el Aru tendrá para el barrio; «vivivendas que por fin van a tener ascensor, vecinos que no van a pasar frío, fachadas que van a ser rehabilitadas».
Fernández Merayo no aventuró ninguna cifra pero sí adelantó que las ayudas contempladas en el Aru serán «de una cuantía importante». La alcaldesa de Ponferrada calificó de «muy positivo» el encuentro con Ángel María Marinero y destacó el impacto económico que el plan tendrá para la ciudad.
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El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó ayer destinar algo más de 486.000 euros para la compra del material necesario con el que tratar la patología raquídea en el Servicio de Traumatología del Hospital del Bierzo.
La partida presupuestaria de la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico destinada a los pacientes bercianos permitirá adquirir implantes, sistemas de fusión, instrumental para realizar biopsias o soportes interspisos, entre otras herramientas, según informa Efe.
El material que podrá adquirirse con los 486.966 euros aprobados ayer por el órgano de gobierno autonómico tiene por objeto garantizar la asistencia sanitaria que reciben los pacientes del Bierzo y Laciana con problemas de espalda a los que atienden a diario los profesionales del Servicio de Traumatología del centro sanitario de Fuentesnueva, un hospital que, en otro orden de cosas, soporta estos días temperaturas de hasta 29 grados debido al mal estado de buena parte de las tuberías, que perjudican al correcto funcionamiento del sistema de climatización.
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MRF
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