Expertos consultados apuntan que la medida, inspirada en iniciativas llevadas a cabo en Corea del Sur, permitirá saber si se cumple el distanciamiento social necesario para el control de la pandemia
Corea del Sur y China fueron conejillos de indias para comprobar cómo la movilidad de los ciudadanos facilitaban los contagios del coronavirus Covid-19 que ha sumido al planeta en un histórico parón económico. Pero también se ha llevado a cabo en Bélgica o Israel. Se trata de saber dónde están los ciudadanos gracias a la información de sus móviles. Una de las medidas para el control de la pandemia se encuentra en el distanciamiento social de la población. Y saber si se cumple es posible gracias a los teléfonos móviles. El Gobierno iniciará el rastro de móviles en las comunidades autónomas y operadoras en un estudio recabando los datos agregados y anonimizados de los abonados.
Un estudio en el que las autoridades aplicarán técnicas de Big Data para comprobar la efectividad de las medidas de confinamiento. El Boletín Oficial del Estado (BOE) adelantó el sábado ( PDF) un estudio de movilidad a través del cruce de datos de los operadores móviles, de manera agregada y anonimizada, de las personas en los días previos y durante el confinamiento. Es una decisión que ha suscitado nuevamente las dudas en una gran parte de la población. Expertos consultados por este diario apuntan que, además de ser legal, el proyecto permitirá extraer patrones de movilidad de los ciudadanos empleando la información procedente de las antenas de telefonía.
De esta manera -recalcan las mismas fuentes- puede comprobarse si un determinado barrio cumple con el imperativo confinamiento al que se han visto sometidos millones de ciudadanos en España para prevenir nuevos contagios. Se trata de una medida similar al polémico estudio aprobado en en noviembre entre las tres principales compañías de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, Orange) y las autoridades. Ahora, servirá para otro fin, salvar vidas.
«Estamos avanzando tímidamente sobre proyectos de Big Data e Inteligencia Artificial», apunta en declaraciones a este diario Borja Adsuara, abogado especialista en derecho digital y exdirector general de Red.es. En su opinión, el debate no está en si se pueden recabar los datos «sino para qué lo usan». «El Big Data salva vidas. Ha salvado vidas como en Corea, también en China. Lo malo es la finalidad; si es para salvar vidas bien, pero si es para controlar a los ciudadanos, mal», añade. La clave está -dice- en que el estudio está concebido para recabar datos «agregados y anonimizados». Es decir, teóricamente, no se podrá identificar a una persona individualmente.
A su vez, este experto invoca al artículo 9.2i del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de obligado cumplimiento en Europa, que recoge una excepción a la prohibición del tratamiento de datos relativos a la salud: lo que dice claramente es que es posible el tratamiento «por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria».
En la era de la privacidad, cualquier movimiento enfocado a recopilar datos personales suscita una gran inquietud entre los ciudadanos. El seguimiento y vigilancia de las personas preocupa, máxime a los continuos escándalos que surgen por parte de las empresas tecnológicas. En ese sentido, Samuel Parra, jurista digital, se muestra tajante: «lo que va a tener es información anónima para realizar un estudio de movilidad. Les va a dar datos genéricos, el gobierno no va a tener el número de teléfono, ni datos personales que puedan identificar a una persona en concreto». Este experto añade que, en principio, «no hay que por qué preocuparse si esta es su finalidad y si éstos son los datos que se van a facilitar
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