El número de indecisos es tal que aventurarse en cifras categóricas de intención de voto es muy arriesgado
¿Cuántos de todos los candidatos que encabezan listas electorales pueden ser presidente del Gobierno? Si respondemos desde la serenidad de los análisis medianamente sensatos y basados en diversas prospecciones, concluiremos que, salvo sorpresas inesperadas, solo dos. El 28 de abril a las ocho de la tarde sabremos si la suma de diversas fuerzas políticas permiten aventurarse hacia la investidura a Pedro Sánchez o a Pablo Casado. O el uno o el otro. El primero cuenta con ventaja en los sondeos y la posibilidad de pactar a su derecha y a su izquierda, por más que Ciudadanos se deslengüe negando esa posibilidad. El segundo puede pactar, como en Andalucía, con la gente de Rivera y esperar el apoyo de Vox. Cierto es que el número de indecisos es tal que aventurarse en cifras categóricas de intención de voto es muy arriesgado, y por lo tanto se impone cierta prudencia en los vaticinios, especialmente en aquellos que se hacen confundiendo los deseos con la realidad; pero, insisto, presidente será Sánchez o será Casado. Por lo tanto estoy con aquellos que consideran exigible un debate entre ambos candidatos, independientemente de otros que se puedan realizar, a cuatro, a cinco o a ochenta. Los ciudadanos tenemos derecho a confrontar programas e ideas de los dos posibles jefes del Ejecutivo, muy distintos el uno de otro.
Tenemos el mismo derecho que invocaba Sánchez en pasadas elecciones cuando reclamaba debatir con Mariano Rajoy, cosa que hizo y aprovechó para llamarle indecente. Ahora, con la ventaja declarada por la mayoría de encuestas, el señorito ha decidido no arriesgar, no debatir, no mostrar sus flancos abiertos, que son muchos, ni poner en peligro el discurso multicambiante que exhibe en función de sus estrategias. ¿Debates ha dicho? Según la despiporrante teoría de Carmen Calvo, el Sánchez que reclamaba debates era un candidato anterior y el que los niega ahora es un presidente de Gobierno, y, por lo visto, no son la misma persona. Así que todo el esfuerzo de los que quieren señalar las contradicciones y absurdos de la ejecutoria sanchista se han de quedar con un palmo de narices, ya que el candidato socialista ahora solo quiere debatir en TVE y con una fórmula cómoda. ¿Qué ha ocurrido para desmontar el que había acordado con Atresmedia? Que la Junta Electoral Central ha dicho que no debía estar presente Vox, ya que no tiene presencia parlamentaria y eso le supone a Sánchez una merma de argumentos gestuales para señalar a sus oponentes de derecha como un bloque caníbal y vociferante. Con lo que se ha escapado por la trampilla y ha negado posibilidad alguna de debate a dos y ha montado una pachanga en TVE a su gusto.
La JEC, todo sea dicho, ha tomado una decisión incompatible con el sentido común. ¿Quién es la Junta Electoral Central para decirle a una empresa privada a quién puede invitar o no a un programa suyo? ¿Quiere decir eso que mañana puede llamar a COPE e impedir que entreviste a Abascal por el hecho de no tener representación parlamentaria? Esta JEC es la misma que en un anterior debate sí permitió la presencia de Podemos a pesar de no estar en el Parlamento, utilizando el argumento de la «notoria relevancia política de la formación». ¿Por qué no ahora? Con todo, la JEC le ha hecho un gran favor a Vox, que basa su estrategia en arriesgar lo justo, permitiéndole ser víctima por un día. Y le ha creado un problema a Sánchez al quitarle de enfrente a su demonio ideal. Pero más allá de ello, convendría colegir que España precisa de un articulado reglamento que obligue a los candidatos a debatir entre ellos y, especialmente, a los dos posibles presidentes a mostrarnos sus ideas de forma confrontada. Lo contrario es dejar las cosas en manos de caprichosos jefes de Campaña Carlos Herrera
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