El Gobierno ve más difícil sacar las cuentas pero intentará evitar un fin acelerado de la legislatura usando reales decretos
Pese a la decisión de la Abogacía General del Estado de plantear una acusación a los líderes independentistas más laxa que la de la Fiscalía General del Estado los planes de Pedro Sánchez para prolongar la legislatura se han complicado. Así se reconoce en el Ejecutivo, donde las palabras de Quim Torra rechazando el gesto del Gobierno y anunciando la decisión de no apoyar los Presupuestos Generales del Estado no han supuesto una gran sorpresa. Aunque sí se reconoce que se vuelve a tensionar la relación institucional y a apretar la crisis política.
Apenas cinco meses después de llegar a La Moncloa Sánchez se encuentra con muchas dificultades objetivas para cumplir su propósito de prolongar el mandato hasta junio de 2020. Pese a que se asumía la retórica inflamada en el independentismo, sí se reconoce en el Gobierno que lo sucedido el viernes hace más complejo la aprobación de los Presupuestos.
Con una cuarta parte de los escaños, sometido a las directrices de Podemos, habiendo roto los puentes con la oposición, con unos ministros cuestionados y otros dudando de prolongar tanto la legislatura. Sin contentar a los independentistas y a la vez necesitando su apoyo. Y haciendo de la rectificación su modo de gobernar. Ese es el escenario que acorrala al presidente, y del que pretende escapar aunque sea sin Presupuestos.
Más complicado
Las palabras de Torra, culpando a Sánchez de ser «cómplice de la represión», preocupan por su virulencia, aunque no tanto por quien las pronuncia, ya que en el Gobierno siguen manifestándose dudas respecto a quién representa realmente el actual inquilino de la presidencia de la Generalitat. La realidad es que, a día de hoy, la gran fortaleza de La Moncloa en su relación con el independentismo está en la división en el seno del secesionismo.
En Moncloa se insiste en que «el Gobierno mantiene su rumbo» porque no les queda otra. Aunque en el Ejecutivo no se va a reconocer nunca la existencia de directrices a la Abogacía General del Estado, sí se reconoce que se encuentran bien representados con esa calificación. Y la idea de mantener el rumbo se justifica porque, en el fondo, Sánchez y su equipo no consideran que el anuncio de Torra de votar contra los Presupuestos sea definitivo ni que suponga un cambio tan drástico. Porque ya se descontaba un escenario muy complicado a partir de enero por el previsible comienzo de un juicio a mediados de enero que, en cualquier caso, entienden que va a ser desfavorable para el interés independentista.
La posibilidad de sacar adelante los Presupuestos está hoy más lejos que hace una semana. Pero el Gobierno sigue empeñado en un último esfuerzo. Se van a intentar abrir negociaciones de carácter económico para lograr los apoyos de PNV, ERC y PDECat. Aunque también entienden que toca «esperar» a que se desinflame un poco la situación. Las comisiones bilaterales Estado-Generalitat se siguen desarrollando, y mientras Torra y su Govern no rompan ese puente en Moncloa ven lugar a la esperanza. Ahora bien, el canal institucional que se fraguó en verano entre Sánchez y el vicario de Puigdemont está prácticamente roto.
La idea de l Gobierno sigue siendo presentar los Presupuestos Generales del Estado a finales de noviembre. Se intentará llegar a los mismos al menos con buenas sintonías con los nacionalistas vascos. Además, la intensa agenda internacional de Sánchez en la segunda quincena de noviembre coincidiendo además con la campaña electoral en Andalucía pueden rebajar el nivel del debate catalán. La pretensión en cualquier caso es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleve el proyecto de Presupuestos al Congreso pasado el puente de la Constitución, es decir, la semana que arranca el 10 de diciembre.
Jugar con el calendario
En el Gobierno no preocupan los tiempos porque entienden que «hay margen» dentro de la dinámica parlamentaria para extender los plazos. La inusual legislatura en la que nos movemos ha dado sobradas muestras de ello. Por ejemplo, los Presupuestos de 2017 no se presentaron hasta principios de abril. Fue un mes después cuando el proyecto de cuentas públicas se enfrentó al debate de las enmiendas a la totalidad. Y ese punto es fundamental para que el Gobierno gane tiempo. Su principal objetivo ahora no es que el independentismo catalán apoye las cuentas, sino que no presente enmiendas a la totalidad que pudiesen ser apoyadas por PP y Cs para hacer naufragar anticipadamente el proyecto.
No es el escenario más probable pero tampoco se descarta. Y por eso gana fuerza la opción de intentar aguantar en el Gobierno sin aprobar los Presupuestos. Lo que es seguro por cuestiones de trámite parlamentario es que las cuentas de 2018 que aprobó Rajoy apoyado por Ciudadanos van a tener que ser prorrogadas. Una vez que eso suceda la puerta a que lo estén sine die está ahora más abierta que nunca. En el Gobierno ya trabajan la argumentación discursiva de presentar como «legítima» la herramienta del Real Decreto Ley para poder sacar adelante su agenda legislativa.
El Gobierno necesitaría utilizar esta herramienta para aprobar nuevos tributos que habiliten recursos económico para otros reales decretos que incluyan medidas con un importante gasto social. Hacerlo de forma segmentada, creen en el Gobierno, es una buena alternativa porque incrementa ostensiblemente las posibilidades de que los independentistas apoyen las medidas. Incluso dificultaría a PP y Ciudadanos su labor de oposición a las medidas de carácter social. Sánchez está dispuesto a ello porque quiere apurar la legislatura. Con Presupuestos intentaría llegar al ecuador de 2020. Sin ellos, el presidente quiere llegar como mínimo a octubre de 2019. Confía en que el mayor temor de sus socios a un eventual Gobierno PP-Ciudadanos le sirva para prolongar su mandato.
Y es que el escenario de una convocatoria electoral inmediata no se contempla al menos por ahora. En el PSOE no agrada nada la idea de ir a las municipales y autonómicas de mayo con la hipótesis de haber perdido el Gobierno central o en el mejor de los casos con un parlamento bloqueado y pendiente de una investidura con los independentistas. Solo unas encuestas que augurasen una suma fácil y rápida con Podemos podría alterar esos planes. Y para eso Sánchez necesita complementar con medidas electorales el relato territorial. Eso es lo único positivo que encuentran en Moncloa a lo sucedido el viernes: creen que se refuerza su posición central, entre el bloque independentista y PP-Cs, que esperan que les reporte rédito electoral.
El desgaste que no oculta ni Tezanos
Sánchez aguanta, pero no le está saliendo gratis. El método que el nuevo presidente del CIS ha utilizado para sobrestimar la intención de voto coloca al PSOE en primera posición destacada. Pero no se puede tapar el sol con un dedo. En los datos brutos de la propia encuesta del CIS, los que no se someten a ninguna cocina, hay muestras claras del desgaste de Sánchez incluso entre quienes lo votaron en 2016. Tras llegar al Gobierno la confianza de sus electores en el presidente se disparó. Pero ya se está corrigiendo. En el sondeo de julio, el 65,7% de los votantes del PSOE decía tener mucha o bastante confianza en Sánchez. En el último barómetro ya baja al 59,5%. Ahora, el 38,1% de sus votantes declara poca o ninguna confianza en Sánchez. En julio eran el 30%.
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