Borrell es de largo el mejor y más presentable ministro de este Gobierno prematuramente desgastado. Tiene un currículum político sólido y amplio, prestigio europeísta y un concepto igualitario, casi jacobino, de la nación de ciudadanos. Pudo ser el líder del PSOE frente a Aznar de haberle perdonado González el pecado de soberbia de desafiarlo. Su presencia proporciona al Gabinete un anclaje de respetabilidad de la que no anda sobrado, aunque los tratos de Sánchez con los independentistas le obliguen a tragarse más de un sapo. Catalán irrenunciable, siempre ha lucido eso que se llama sentido de Estado, motivo por el que el separatismo más gamberro lo ha convertido en diana de sus dardos. Su nombramiento fue, en suma, un acierto en medio de un cúmulo de fracasos.
Pero la Comisión del Mercado de Valores le ha puesto una multa de treinta mil euros por utilizar información privilegiada de una empresa en la que era consejero. Cuando Abengoa amenazaba quiebra, se deshizo de un paquete de acciones aprovechando el conocimiento de la situación financiera al que su cargo le daba acceso. Eso se llama tráfico de influencias; en román paladino, beneficiarse de las ventajas del puesto. Es cierto que el montante de la operación irregular alcanzaba muy poco dinero, pero lo relevante del caso no es la cantidad sino el hecho; resulta odioso recordar que la malograda Rita Barberá fue acusada de blanqueo por cambiar dos billetes de quinientos. Esa sanción cuestiona la permanencia de Borrell en el Ministerio tanto como el apoyo de su jefe retrata la flagrante evidencia de un doble rasero con el que el presidente mide su proclamada voluntad de dar ejemplo. Si se tratase de un político del PP no tendría dónde esconderse para salir del aprieto.
Sucede que no es la primera vez que afloran máculas en este equipo gubernamental de traza tan autosatisfecha. Tampoco es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta. A saber: Pedro Duque y Nadia Calviño crearon sociedades fiscales interpuestas muy parecidas a la que le costó la dimisión a Màxim Huerta. Isabel Celaá posee varias viviendas familiares no declaradas en el registro de transparencia. Carmen Montón tuvo que dejar su cartera por falsear su experiencia académica y Dolores Delgado quedó en entredicho por su francachela con un policía implicado en actividades deshonestas. Con el titular de Exteriores, Sánchez tiene siete miembros de su dream team -más de un tercio del total- bajo sospecha. Que son ocho si se computa su tesis fullera, ese ejercicio de corta y pega que no admitiría ninguna universidad seria. De ellos sólo dos entregaron su cabeza; el resto continúa en manifiesto incumplimiento de sus propias reglas éticas. Acaso el verdadero mensaje implícito en esta resistencia consista en la relativista dispensa moral que protege a cualquiera que se declare de izquierdas.Ignacio Camacho
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