El Ministerio Público presenta sus escritos de acusación en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional
La Fiscalía solicita 17 años de cárcel para Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart
La acusación pública también atribuye un delito de rebelión a Trapero y la antigua cúpula de los Mossos
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado este viernes 25 años de prisión para Oriol Junqueras como líder del proceso secesionista ilegal. El Ministerio Público ha mantenido sus tesis y considera que la actuación de los antiguos dirigentes independentistas supone un delito de rebelión, uno de los más graves del Código Penal. La condena solicitada para Junqueras por rebelión agravada (al absorber el delito de malversación) es la mayor de todas por su condición de dirigente, como adelantó ABC. La Fiscalía solicita 17 años de cárcel para Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, también por un delito de rebelión agravada, y deja en 16 años de prisión su acusación contra los antiguos consejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa. A estos cinco no les considera promotores o jefes principales del delito, de ahí ese año menos.
En el escrito, la Fiscalía, representada en la causa por cuatro veteranos fiscales, no ha cedido y ha corroborado lo que ha defendido durante toda la instrucción: que los líderes del «procés» asumieron los brotes de violencia como un medio para empujar ilegalmente a la independencia de Cataluña. El Ministerio Público invoca como ejemplos el acoso a la Guardia Civil que tuvo lugar en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 y los sucesos del referéndum independentista ilegal del 1 de octubre del 2017.
A juicio de la Fiscalía del Supremo en su acusación, el plan orquestado por los encausados consistía en «orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquella, para conseguir como objetivo último -con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado- declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional».
Para ello, dicen los fiscales, se contempló la «utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida -ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra, el uso de los Mossos d'Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones -como así sucedió- y que, llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional».
Esta apreciación -la existencia de violencia en los medios empleados para empujar hacia la independencia por las vías ilegales- centrará el debate esencial en el juicio oral, que comenzará a mediados de enero y cuyo desarrollo se prevé entre dos y tres meses. El juez del caso, Pablo Llarena, cerró la investigación con la conclusión de que el plan incluyó estos brotes de violencia, basado siempre en indicios. Los siete jueces de la Sala Penal del Supremo que enjuciarán los hechos resolverán lo que sucedió y delimitarán los delitos.
Rebelión para Trapero
La Fiscalía, en la causa que se desarrolla en la Audiencia Nacional, también atribuye el delito de rebelión al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, a quien acusa de dirigir la subordinación de los agentes autonómicos al plan ilegal. El Ministerio Público solicita para él once años de prisión.
En esa causa, la Fiscalía acusa también por rebelión a la antigua cúpula política de los Mossos: al antiguo director de este cuerpo policial Pere Soler y al ex secretario general de Interior de la Generalitat de Cataluña César Puig. Pide para ellos 11 años. Para Teresa Laplana, la intendente de los Mossos, el Ministerio Público solicita 4 años de cárcel por el delito de sedición, al considerarla responsable del acoso que sufrió la Guardia Civil el 20-S, sin otorgarle ningún rol en el plan general del proceso ilegal.....
El órgano dependiente del Ministerio de Justicia rechaza acusar por el delito de rebelión
La Abogacía del Estado —órgano que depende del Gobierno a través del Ministerio de Justicia— ha solicitado este viernes 12 años de prisión para Oriol Junqueras por delitos de sedición y malversación. En una decisión forzada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la Abogacía ha rechazado acusar por el delito de rebelión. El escrito está firmado por la directora, Consuelo Castro, en lugar de por el responsable penal, el representante en la causa del «procés».
En el escrito de calificación, presentado este viernes en el Tribunal Supremo, la Abogacía considera que Junqueras y cinco exconsejeros desarrollaron «el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias» para la celebración del referéndum secesionista ilegal. Se refiere, además de Junqueras, a Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa. Para los cinco exconsejeros, solicita en cambio once años y medio de cárcel.
Los servicios jurídicos que asisten al Estado consideran que los seis antiguos gobernantes catalanes cometieron los delitos de sedición y malversación en concurso medial. Esto significa que realizaron la malversación, el desvío de fondos públicos a un fin ilegal, como un meido para cometer el delito más grave, el de sedición. Este crimen castiga a aquellos que protagonicen un alzamiento público y tumultuario para impedir por la fuerza la aplicación de la ley....No hay rastro de la rebelión en el escrito de calificación de la Abogacía del Estado, en el que esta acusción relata sus tesis sobre lo que sucedió en Cataluña. Esto supone que el Gobierno descarta que los líderes del procés asumieran la violencia como un medio para empujar hacia la independencia por las vías ilegales, en contra del criterio de la Fiscalía y de la investigación en el Tribunal Supremo.
Aunque este escrito despliega las tesis provisionales, es improbable que la Abogacía del Estado cambie de parecer en el juicio oral, si sigue gobernando Pedro Sánchez. Aun así, el delito de rebelión, y el debate de la violencia, serán la esencia de la vista oral, ante las acusaciones de la Fiscalía y de la acusación popular de Vox. Los siete magistrados que enjuiciarán los hechos podrán en cualquier caso condenar por rebelión, si lo mantienen estas acusaciones.
Además, la Abogacía reclama 10 años de prisión para Carme Forcadell por sedición, 8 años para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, también por sedición; y siete años para Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila, para ellos por malversación y desobediencia.
https://www.abc.es/ MRF
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