El matrimonio formado por EEC y FBR, así como su hija, REB se enfrentarán en el juicio a un petición de condena de cinco años de prisión para cada uno de ellos, así como a la obligación de hacer frente, en caso de se hallados culpables, a la cantidad de 233.000 euros en concepto de responsabilidad civil. La acusación la ejercen tanto los seis particulares a los que habrían colocado los productos financieros inexistentes, como la compañía aseguradora Catalana Occidente, de la que el varón acusado habría sido agente en la capital berciana. Algo que, supuestamente, le habría proporcionado documentos con el membrete oficial de la firma para vender sus productos, si bien nunca habría llegado a dar tralado a la central las pólizas y los servicios financieros vendidos.
Por este motivo, la firma aseguradora también ejerce la acusación contra el matrimonio y su hija— por un presunto delito de falsedad documental—, si bien, los clientes que se consideran estafados han ampliado la acusación contra la compañía pues estiman que debe ser considerada responsable civil subsidiaria.
Este caso, de supuesta estafa financiera, se destapó a finales de 2012, cuando los ahora denunciantes intentaron recuperar parte del dinero invertido, y tras las trabas puestas por el matrimonio, decidieron acudir directamente a las oficinas centrales de Catalana Occidente donde les informaron que no figuraban en la relación de clientes de la compañía.
La instrucción del caso se ha llevado en el Juzgado número 4 de Ponferrada y ha sido su titular quien finalmente ha decidido imputar también a la hija —al destaparse el caso la acusación se centraba en el matrimonio—como presunta colaboradora en un delito de estafa continuada, después de que su nombre figurase como agente en algunas pólizas.
En el juicio que se celebre el próximo mes de octubre en la Audiencia Provincial, el abogado de la joven, José Ramón Cerezales, intentará hacer valer su línea argumental de defensa e intentar demostrar que REB nunca desempeñó actividad de agente y que si su nombre aparece en la documentación es porque su progenitor, —con una innegable relación familiar y de confianza— la inscribió como tal, sin que hubiera participado en operación alguna.
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Tremor de Arriba entrego ayer al Banco de Alimentos del Sil en Ponferrada 1.600 kilos de provisiones procedentes del mercado solidario que la pedanía del municipio de Igüeña organizó con piezas y productos elaborados y donados por los vecinos y que incluyó la venta de raciones de paella. Los representantes vecinales mostraron su satisfacción por el resultado obtenido y agradecieron la colaboración por parte del Banco de Alimentos, y el establecimiento Mercadona, que se encargó del traslado de la mercancía.
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Una enorme rampa con la forma de un sacacorchos estirado, o elipsoide, y pendientes del diez por ciento que atraviesan tres capas de mineral. Esa será la entrada.
Galerías de extracción del hierro, espaciadas cada 300 metros para acceder a la capa explotada, y en paralelo, galerías auxiliares. Así será la mina subterránea.
Y máquinas para introducir las cargas explosivas, excavar y extraer el hierro y rellenar después el hueco con el escombro sobrante y pasta cimentada, como en un bunker o el talud de una carretera, para que el terreno recupere su estabilidad, reducir el riesgo de hundimiento y, de paso, la cantidad de estériles que se depositen en la superficie. Este será el método de trabajo.
Son los tres aspectos más destacados del estudio de impacto ambiental para reabrir el Coto Wagner, la antigua explotación de hierro que funcionó entre 1952 y 1982 entre las localidades de Calamocos (Castropodame) y Paradasola (Molinaseca), y que la sociedad Intauxma, del empresario Victorino Alonso, pretende explotar durante 12 años —17 si se cuentan los dos años de preparación y los tres para ordenar el cierre— para extraer dos millones y medio de toneladas anuales. Intauxma recordaba el pasado viernes en un comunicado que la viabilidad de la inversión de «unos 60 millones de euros» que crearía «unos 200 empleos directos con otros 600 indirectos» dependerá en primer lugar de que los precios al alza del hierro en el mercado internacional se mantengan, pero la mayor preocupación que han mostrado vecinos de los dos municipios y el grupo Ecologistas en Acción, que ha presentado alegaciones, es que la reanudación de la actividad extractiva provoque nuevos hundimientos del terreno como los que se produjeron hace una década en el entorno de Onamio. No en vano, las galerías de la vieja mina de hierro pasan por debajo del pueblo.
Intauxma ya ha anunciado que asumierá la mayor parte de las alegaciones en el proyecto definitivo, y que se plantea medidas compensatorias para reducir el riesgo de subsidencia, pero el estudio inicial ya contempla, al menos sobre el papel, el relleno no solo de las galerías que se abran para extraer el hierro sino también «de los antiguos minados», según el estudio consultado por este periódico. La empresa también se plantea alejar de Calamocos la planta de tratamiento con capacidad para 340 toneladas por hora donde el mineral sería «sometido a machaqueo, molienda, flotación y separación magnética, espesado y filtrado del concentrado».
A la espera de incorporar alegaciones, el estudio previo de Intauxma, sin embargo, no ha convencido a Ecologistas en Acción, que teme nuevos hundimientos y alerta de que la empresa no incluye en su proyecto estudios que evalúen el comportamiento del terreno, la estabilidad geotécnica y las consecuencias de reanudar la actividad para las poblaciones próximas. Los ecologistas no deja de alertar sobre el carácter «altamente contaminante» de la minería del hierro por la liberación de metales pesados y recuerdan las «deficientes restauraciones mineras» y las condenas judiciales de Victorino Alonso.
Intauxma, en cualquier caso, empezaría su actividad el primer año recuperando el mineral de la escombrera de La Repierta, que no requiere una inversión tan elevada y cuya rentabilidad a corto plazo genera menos riesgo.
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MRF
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