Al final ha acabado sabiéndose. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que ella dirige acumula una gran deuda con ayuntamientos y empresas que gestionan residencias y dependencia.
El denominado Pacto del Botànic, el acuerdo de gobierno suscrito por el tripatito valenciano que forman PSPV, Compromís y Podemos,
quedó renovado a principios de este año con la firma de un documento de
220 compromisos -en el pacto inicial constaban 37-, algunos de ellos
más cercanos a la esfera del deseo que a la de la realidad.
La ampliación del acuerdo incluía
la modernización y simplificación de los procesos administrativos.
Semanas después, la falta de previsión, unida a los errores burocráticos
y de contabilidad en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,
que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra, han dejado
sin cobrar a la mayoría de empresas y ayuntamientos que gestionan
residencias y servicios a personas dependientes de la Comunidad
Valenciana.
Las deudas se acumulan desde enero y en el mejor de los casos las empresas cobrarán en julio
Se les adeudan facturas desde
enero y no está previsto que el grueso se pueda cobrar, en el mejor de
los casos, hasta julio, según confirmó a ESdiario el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, José María Toro, tras la reunión con la secretaria autonómica de Servicios Sociales, Helena Ferrando. Seis meses de retraso y decenas de millones de euros pendientes, según fuentes del sector.
El alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, aprovechó su participación en la tertulia matinal de la emisora 99.9 para
reprochar a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas falta de
diligencia en la gestión. Un "error", dijo, ha dejado sin incluir las
facturas pendientes para ser pagadas con cargo al Fondo de Liquidez
Autonómico (FLA). Ayora cuenta con un centro mixto
integrado por una residencia para mayores, un centro ocupacional y una
residencia para discapacitados. La deuda supera hasta la fecha el medio
millón, lo que supone un merma para la tesorería del Ayuntamiento.
La ley para evitar la morosidad
en las administraciones públicas fija un plazo máximo de pago de 30 días
para las facturas. La Conselleria de Hacienda incluyó el mes pasado
casi 35.000 facturas pendientes de pago a proveedores por un importe
superior a los 296 millones de euros con cargo al último FLA. Tan sólo
una mínima cantidad fue para pagar a las empresas privadas que tienen
concertadas plazas con la Administración autonómica o residencias
propiedad de la Generalitat de gestión municipal.
Una "gestión ineficiente"
La infrafinanciación de la Comunitat Valenciana ha sido denunciada por todos los partidos, incluido el PP.
Con todo, la discusión se centra en la falta de dotación presupuestaria
para hacer frente a los servicios sociales. La Conselleria de Oltra
incrementó de forma significativa el presupuesto de este año para
Igualdad y Políticas Inclusivas. Pese a ello, los retrasos de seis meses
en los pagos a las entidades que gestionan centros y servicios de la
Generalitat o aquellos que tienen plazas concertadas es, según Aerte,
la clara muestra de una "gestión ineficiente de la consejería, tanto
en la contabilización de las facturas como en la formalización de los
nuevos contratos".
Coincidiendo con las críticas, la
Administración anunció el pago inminente de 23 millones de euros, que
tan solo cubre una parte de la deuda total. La patronal reclama que el
pago de los servicios debe realizarse con cargo al presupuesto ordinario
y "en ningún caso puede estar condicionado a los préstamos del Gobierno
central a la Generalitat través del FLA. Esta situación provoca
inestabilidad y graves problemas económicos para las empresas", concluyó
Toro.
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MRF
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