Ahora mismo nada impide que un diputado aproveche la promesa de la Constitución para pedir matrimonio a su novia
Hoy tendremos una nueva dosis de pitorreo cuando los diputados juren la Constitución en las Cortes. Últimamente, el acatamiento de la Carta Magna se ha convertido en una suerte de competición entre los partidos menos institucionalistas, por ver quién es más ingenioso y consigue jurarlo sin que parezca que lo está haciendo.
Llevamos treinta años de escenas teatrales desde que en 1989 los diputados de HB añadieron la coletilla «por imperativo legal». El presidente del Congreso, Félix Pons, les expulsó del hemiciclo y dejó su condición de señorías en suspenso. Pero los batasunos interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con pluma blanqueadora, asegurando que aquel añadido no conllevaba «condición, reserva, ni limitación alguna» del cumplimiento de la Carta Magna. El TC les compró el argumento y podría decirse que no muy acertadamente, si analizamos adónde hemos llegado. Los independentistas entendieron esa tolerancia no como un síntoma de la fortaleza de nuestra democracia, sino como un resquicio para debilitarla. Y en cada legislatura van un poco más lejos sabiendo que ese día tienen audiencia garantizada.
Hace tres años, y con distintas fórmulas, Bildu, Convergencia, ERC y Podemos convirtieron su juramento en un mítin político. Si Vox se une a la moda, hoy pueden ser casi noventa los diputados que añadan «extras» a su promesa. Para situarnos en la trascendencia que tiene el acto de jura, recordemos que en Estados Unidos, Barack Obama tuvo que volver a prometer su cargo en 2009 solo por cambiar un adverbio de sitio.
Tres décadas después del episodio de HB, ningún gobierno se ha atrevido a aprobar una ley que regule las fórmulas de juramento de los cargos públicos en España. Y ahora mismo nada impide que un diputado aproveche el momento para pedirle matrimonio a su novia o dedicarle la proeza a su hijo recién nacido. Solo el sentido común evita que un parlamentario jure la Constitución «por Snoopy». ¿Veremos algún día una de estas modalidades? Todo es posible cuando hablamos de personajes que se ríen de la democracia y quieren acabar con las instituciones. Ahí tienen a Quim Torra presidiendo la Generalitat sin jurar la Constitución, a cuatro presos dentro del hemiciclo o al fugado Puigdemont de candidato a eurodiputado. Y todo eso también va contra el sentido común.
Si tal y como adujo HB su fórmula no pretende sortear el acatamiento de la Constitución -ni tiene efectos políticos en la práctica-, ¿cuál es su sentido? No cabe más motivación que la burla y la provocación. En ese caso, ¿debe permitirse? ¿hay que tolerar que un acto acto eminentemente jurídico se convierta en electoralista? Porque aunque la jura de la Constitución tenga lugar en el hemiciclo, su carácter no es simbólico ni político, sino legalmente preceptivo. Si a los diputados se les impide salirse de la cuestión en cualquier intervención y tienen un tiempo tasado, ¿por qué tienen libertad para añadir lo que quieran al jurar el cargo? Pensemos, por ejemplo, qué pasaría si cada señoría decidiera personalizar su promesa. El acto se desnaturalizaría para convertirse en 350 mini-mítines. Absurdo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué permitimos que unos pillos lo hagan y debiliten la imagen del Congreso?
Regular el juramento de los cargos públicos es una tarea pendiente desde hace ya demasiado tiempo en España. Y la mala noticia es que esta legislatura también será estéril en esta cuestión. ¿O alguien se imagina al PSOE haciendo algo que irrite a sus socios?...Ana I. Sánchez
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