La Mesa del Congreso de los Diputados ha suspendido este viernes a los cuatro diputados presos por la causa del 1-O, tras el informe de los letrados de la Cámara. Lo ha hecho en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
PP, PSOE y Ciudadanos han votado a favor de la suspensión. Podemos se ha posicionado en contra de esta decisión y ha pedido «más tiempo» para resolver. La Mesa del Congreso la integran tres miembros del PSOE, dos de Podemos, dos de PP y dos de Ciudadanos.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha defendido el informe que reclamó a los servicios jurídicos de la Cámara ante la «situación inédita» con la que ha comenzado la XIII Legislatura, a pesar de que los letrados han venido a confirmar las tesis defendidas ayer por el PP y por Cs en el órgano de control.
Batet ha justificado, tras apenas cincuenta minutos de reunión, que quería «garantizar los derechos de todos los diputados» y «tomar la decisión conforme a derecho y con la máxima seguridad jurídica». La ley prevé la suspensión inmediata de los diputados en prisión preventiva por pertenencia a una banda armada o por ser individuos terroristas o rebeldes, pero la presidenta del Congreso insiste en que el informe era preceptivo.
Los letrados avalaban la suspensión inmediata
El informe de los servicios jurídicos de la Cámara, al que ha tenido acceso ABC, remitido a la mesa avalaba la «suspensión automática» de los cuatro diputados presos: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull.
El escrito apuntaba a la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 384 bis). Este artículo, que los servicios jurídicos consideran de aplicación inmediata, es muy claro al respecto: «Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».
PP y Ciudadanos defendían ayer que también era de aplicación el propio Reglamento del Congreso de los Diputados que en su artículo 21.1.2 expresa lo siguiente respecto a la suspensión: «Cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure esta».
A ello se ha aferrado esta tarde Batet para defender el informe solicitado, ante «la complicidad del tema, las dudas de los servicios jurídicos de la Cámara manifestadas en la reunión de ayer y el contenido hoy conocido».
Los servicios jurídicos de la Cámara, en su escrito, descartan aplicar el artículo 21 del reglamento del Congreso porque no concurre «la totalidad de los elementos requeridos». El precepto plantea la petición de suplicatorio, y ese factor no se da y el Supremo ha dejado claro que no lo va a pedir.
El Supremo ya manifestó que el suplicatorio no era pertinente en este momento del proceso judicial. Los letrados han optado por el 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya que la literalidad del Reglamento del Congreso incluye lo relativo al suplicatorio.
Cuatro diputados menos
En el escrito, los letrados apuntan que la Mesa del Congreso debe proceder a la suspensión de los presos aunque el Supremo no se lo haya «comunicado», dado que es de sobra conocida la situación de prisión preventiva de los diputados en cuestión por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, y el 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal alude expresamente a los «rebeldes».
El informe recoge la doctrina sentada ya por el Supremo y por el Tribunal Constitucional y no deja lugar a la interpretación: «Corresponde a la Mesa del Congreso declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio de sus derechos» a Junqueras, Sànchez, Turull y Rull. Los abogados de la Cámara concluyen que esta suspensión ha de prolongarse mientras dure su situación de prisión dando «plena efectividad a la previsión legal».
Además, los letrados no se limitan a indicar que la Mesa debe suspender a los presos, sino que ahondan en los efectos que esta tendrá en el funcionamiento cotidiano del Parlamento. En la práctica, el Congreso tendrá cuatro diputados menos por lo que la Mesa deberá determinar el número de miembros de derecho en la Cámara Baja, en cuánto se fija la mayoría absoluta, cómo será la composición de los distintos órganos parlamentarios —comisiones, subcomisiones...— y la fijación del cupo de preguntas al Gobierno, proposiciones de ley, no de ley, y demás iniciativas.
Esto último, sin embargo, no se ha tratado en la Mesa de hoy. Esta vez sí ha habido consenso para solicitar un nuevo informe a los letrados de la Cámara para que indiquen cuáles son los pasos adecuados para resolver los efectos de la suspensión de cuatro diputados. La suspensión de los presos se aplica desde el 21 de mayo, día en el que tomaron posesión efectiva como diputados, aunque Ignacio Prendes (Cs) ha solicitado esta mañana que se aplicase con efecto retroactivo desde el 28-A, día de las elecciones.
Unidas Podemos ha roto el consenso de la Mesa y ha quebrado por primera vez en la legislatura —y van cuatro días— la «mayoría progresista» del órgano de control de la Cámara. Según Batet, los diputados de Podemos no han entrado en el fondo de la cuestión, sino que se han limitado a cargar contra «la premura y la falta de estudio» del informe de los letrados. «Los representantes de Unidas Podemos han solicitado más tiempo para tomar la decisión», ha señalado Batet, pero los votos de PSOE, PP y Cs son suficientes para que se aplique ya la suspensión de los presos.
Decisión aplazada
El juez Manuel Marchena dejó ayer claro que la decisión de suspender a los presos del «procés» diputados le corresponde al Congreso y calificó de «inviable» elaborar el informe que le pidió la recién nombrada presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Pero, a pesar de conocer la posición del Alto Tribunal, Batet volvió ayer a ganar tiempo, solicitó un informe a los letrados del Congreso y aplazó la decisión a hoy.
En la reunión de ayer, que duró más de tres horas, la presidenta del Congreso rechazó gracias a la mayoría que PSOE y Unidas Podemos que se resolviese la cuestión ayer mismo, como pedían PP y Ciudadanos.
Batet defendió que esta no puede ser una decisión «ni discrecional, ni política», y justificó su decisión «entendiendo que no había suficiente seguridad jurídica» porque «ante cualquier duda por pequeña que sea lo mejor es ofrecer todas las garantías».
Desautorizada por el Supremo y asediada por la oposición, que apuntó ya ayer a una posible prevaricación, Batet defendió que no quiere dilatar el proceso y que por eso ha convocado hoy a la Mesa.
Fuentes parlamentarias de la oposición han celebrado el informe de los letrados y apuntan que viene a corroborar la tesis que defendieron ayer PP y Cs en la Mesa del Congreso: que la suspensión debía ser «inmediata». La propia Ana Pastor, ahora vicepresidenta tercera de la Mesa, ya sostuvo tras la reunión de ayer que el informe era a todas luces innecesario porque la ley es «clarísima». Hoy, tras la segunda reunión celebrada por la Mesa en menos de 24 horas, Pastor ha reiterado lo mismo: el informe era innecesario y la suspensión debió ser inmediata....
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