Ese partido que se ha opuesto a suspender a los diputados catalanes golpistas estará con altísima probabilidad en el Gobierno. En cuanto pasen las elecciones, el PSOE y Podemos se sentarán a negociar las cuotas de presupuesto que pueden repartirse en el acuerdo: alcaldías, consejerías autonómicas y ministerios. Está hecho, a falta del tira y afloja que en política sustituye a los ritos zoológicos de apareamiento. Para Sánchez se trata de asegurar una base legislativa desde la que afrontar con cierta estabilidad su mandato; para Iglesias es cuestión de mera supervivencia de su liderazgo. En los últimos años ha perdido apoyo electoral, se le ha fracturado la organización y su propia figura está en cuestión ante sus partidarios. No puede pasar más tiempo en la periferia del poder sin tocarlo, sin ese halo taumatúrgico que confiere la facultad de repartir cargos. Es cuestión de tal necesidad que ya no aspira a carteras de Estado y se conformará con cualquier departamento en el que disponga de cierta capacidad de gasto.
Se siente en el Consejo de Ministros o en la inmediata escala subalterna de subsecretarías, organismos públicos, institutos oficiales y empresas, el pacto en ciernes va a dar entrada en la estructura del Estado no a una simple formación radical de izquierdas sino a una fuerza antisistema. La votación de ayer en la Mesa del Congreso reitera su vocación insurgente y dinamitera, siempre cercana a posiciones de ruptura y próxima a los enemigos de la convivencia. Desde que el procés separatista alcanzó el punto crítico, Podemos ha empatizado con las expresiones más insurrectas del nacionalismo, al que le une el rechazo a la Constitución, el cuestionamiento del orden jurídico, la inclinación republicana y, sobre todo, su similar condición de movimiento populista de potencial subversivo, para el que la autodeterminación representa un ariete político con el que golpear la cohesión del régimen del 78 por su principal vértice de equilibrio.
Tratándose de un partido de genes leninistas, afinidad bolivariana y rasgos ideológicos extremos, su más que probable incrustación en el Gobierno no va a suponer una integración pragmática, como defiende el pensamiento progresista ingenuo, sino la oportunidad de realizar parte de su proyecto troyano de demolición del sistema por dentro. Desde su fundación no ha habido insurgencia, motín, alboroto patotero, escrache o desafío que le haya parecido inconveniente o incorrecto. Además de a la rebelión secesionista, ha dado apoyo o comprensión a toda clase de activismo violento, incluido el de una ETA a quien Iglesias llegó a reconocer el instinto pionero de contemplar la Transición como un proceso continuista de tardofranquismo encubierto. Y su amparo actual a los sediciosos presos lo desacredita como socio de privilegio en un Gabinete constitucionalista encargado de defender el Estado de Derecho......Ignacio Camacho
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