La FRMP ha pedido a los ayuntamientos que eviten ordenanzas locales a la espera de una norma nacional Valladolid respalda también una legislación estatal para unificar criterios
El Ayuntamiento de Ponferrada ha recibido una comunicación interna de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP) que sugiere esperar a que la Dirección General de Tráfico (DGT) legisle sobre el uso de patinetes eléctricos y bicicletas en las vías públicas y no al revés, que los Ayuntamientos hagan cada uno por su lado una ordenanza municipal como ha pasado ya en otras comunidades autónomas.
Aunque Ponferrada no es una ciudad especialmente problemática, por el bajo uso de las bicicletas en su casco urbano y la mínima presencia de patinetes en las calles, por el momento, según datos de la Policía Municipal, el concejal de Transporte, Ricardo Miranda, entiende que la sugerencia de la FRMP es la posición más acertada en este caso. «Vamos a esperar, porque también nos han dicho que esa legislación de la DGT va a ser inminente, y va a dejar las aceras sólo para los peatones», explica Miranda.
En el mismo sentido que la capital del Bierzo se han posicionado ya otras ciudades de la Comunidad como Valladolid, con una problemática mayor pero con la misma percepción de que es mejor que se haga una legislación de arriba a abajo y no al revés. En otra ciudad como Segovia, su alcaldesa, Clara Luquero, reclamó la semana pasado a la Dirección General de Tráfico que regule cuanto antes, con «unas pautas claras», el uso de los patinetes eléctricos. El Consistorio segoviano mantiene la prohibición de su uso tanto en la calzada como en las calles porque se ha priorizado «la seguridad de las personas» ya que la Policía Local lo considera como «un vehículo a todos los efectos» por el peso que pueda cargar y por los kilómetros que puede alcanzar.
La muerte de una mujer de 92 años en Cataluña el pasado mes de noviembre, tras ser atropellada por un patinete eléctrico, ha acelerado los planes que elabora la Dirección General de Tráfico.
La normativa no se espera que esté lista hasta mediados del año aunque el borrador del documento que ha empezado a circular ya marca algunas pautas como que los patinetes tendrán prohibido circular por la acera o que los vehículos de dos ruedas deberán hacerlo por la calzada, ya sea por el carril bici –si lo hay– o compartiendo espacio con el resto de vehículos. En Asturias, la asociación de consumidores Facua ha instado a los ayuntamientos de Gijón, Avilés y Oviedo a informar sobre si regularán el uso de los patinetes eléctricos por el riesgo para los peatones ante la aparición de este tipo de aparatos en las calles.
En Ponferrada, la problemática no es tan importante hasta ahora, aunque en los grandes centros comerciales los patinetes han comenzado a ser ya uno de los productos más promocionados estas pasadas navidades. Miranda cree que la climatología en el Bierzo no acompaña para su uso, y tampoco el desnivel de la propia ciudad, aunque cree que no por eso debe dejarse de regular. «Tarde o temprano también llegarán a Ponferrada», afirma.
tarjeta Pass Visa
El Juzgado 8 de Ponferrada insta el abono a la demandante por los intereses cobrados.
Que una entidad aplique al usuario un 19,28% de interés anual por el uso de una tarjeta de compras y de retirada de dinero no ha dejado indiferente a la Justicia. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Ponferrada ha estimado la demanda de una berciana y ha declarado la nulidad de una tarjeta —llamada Pass Visa—, comercializada por un conocido hipermercado de la ciudad.
La sentencia viene a admitir el argumento de la parte demandante en el sentido de que el interés que viene cobrando la entidad de servicios financieros del hipermercado desde la firma del contrato «es muy superior al interés normal del dinero», según explicaba ayer a este periódico el abogado que ganó el caso, Roberto Soto, del despacho Luis Soto Abogados. Por tanto, el juzgado declara la nulidad de la tarjeta, debiendo abonar la parte demandada a la mujer la cantidad exacta de 8.585,97 euros por los intereses cobrados.
La demandante suscribió un contrato de tarjeta Pass Visa, que sirve para realizar compras y retirar dinero de cajeros, de tal forma que se establece una pago mensual, que en este caso era de 135 euros, y con unos intereses de 19,28 % anual, tarjetas que se denominan «revolving».
Desde el despacho en el que trabaja Roberto Soto han mostrado su satisfacción con la sentencia dictada en Ponferrada y adelantaba el mismo letrado que esta tramitando más reclamaciones y demandas judiciales por tarjetas comercializadas por los bancos, entidades que se dedican a conceder préstamos personales, y entidades que como la del hipermercado, que sacan al mercado tarjetas para el pago aplazado de compras. Soto destaca que no todos los casos por el uso de estas tarjetas son iguales, por lo que cuenta que es necesario analizar cada caso de forma individual. Esto significa que depende de diferentes aspectos que la demanda sea ganada por los demandantes.
Guardia Civil..
La Asociación Unificada de Guardias Civiles se queja de . que de 24 efectivos disponibles, el 25% están de baja psicológica.
Los responsables de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de la provincia de León han mostrado a este periódico su malestar y preocupación por la situación laboral de efectivos del cuartel de Bembibre. «Sabemos que hay un problema porque hay seis compañeros de baja psicológica. No conocemos en profundidad la causas, porque en todo conflicto hay opiniones confrontadas; pero, sin decantarnos a favor ni en contra de nadie, lo que sí queremos es que, por parte de la jefatura de la Comandancia se tome alguna medida para resolver el problema», manifestaba un portavoz de la asociación de guardias civiles. La problemática pasa por el hecho de que de 24 guardias integrantes del área de Seguridad Ciudadana (los que están en la calle), 10 están de baja y 6 de ellos de baja psicológica, «alegando problemas o conflictividad laboral». El asunto ya ha sido puesto en conocimiento por la asociación al teniente coronel, que es el jefe de la Comandancia de León.
Desde la AUGC se pide que se adopten medidas para dilucidar si es cierto o no que existen diferencias laborales entre los efectivos y sus mandos inmediatos. «La medida la tiene que tomar quien tiene la competencia que es la jefatura de la Comandancia, para revertir esta situación», indican desde la citada asociación.
Esta entidad ha hecho público un tuit en el que se dice lo siguiente: «¿Qué ocurre en el Puesto Principal de Sembibre, León? De 24 Guardias disponibles para realizar servicio, 6 se encuentran de baja psicológica, un 25%. ¿Solución de la superioridad? Suspenderles a todos los informes personales anuales, Ipeguci. Así no». Este periódico ha contrastado igualmente por otras fuentes el malestar existente en el cuartel de Bembibre. También se ha puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno en la provincia de León para exponerle las quejas y dar la versión oficial de la entidad gubernativa, pero después de varios días de espera, no ha recibido respuesta alguna sobre el problema de Bembibre.
https://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/ MRF
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