La Junta de Andalucía ha sido acusada de proyectar recortes en educación y también en sanidad, ámbito, en el que, por el contrario, no escatima a la hora de inyectar dinero público a colectivos seudoprogresistas y feministas afines. (VER LISTADO)
Uno de los despilfarros más intolerables de la administración que gestiona
una región con casi un tercio de su población en paro (un millón y medio) y decenas de miles de personas en situación de pobreza extrema, guarda relación con la concesión de millonarias partidas a grupos de feministas. Los datos que se conocen apuntan a un total de 508 “asociaciones de mujeres de ámbito provincial andaluz”, según un listado provisional publicado por la propia Junta. Damos por hecho que todas estas entidades femeninas, de cuya dudosa utilidad social no es preciso insistir, reciben algún tipo de ayuda pública, lo que nos ofrece el mejor y más elocuente ejemplo de cómo el objetivo de las administraciones públicas dista mucho de contemplar el interés general ni mucho menos el bien común.
Popr si fuera poco, el gobierno que preside Susana Díaz aglutina en la misma concesión de las ayudas proyectos de destinatarios muy variados, que van desde Administraciones que ya cuentan con un presupuesto propio para cuestiones de estas características, con sus correspondientes estudios, como es el caso de ayuntamientos gobernados por el PSOE, fundaciones públicas, universidades o la propia Federación Andaluza de Municipales.
De esa larga lista de adjudicatarios, una buena parte está dedicada a entidades ligadas estrechamente a la ideología sociocomunista que quiere llamar “matrimonio” a la unión de homosexuales. Entre los grupos premiados por la Junta aparece, por ejemplo, la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, que recibe 6.000 euros para una actividad que, según consta en el boletín oficial, alude a la “salud sexual de mujeres transexuales que ejercen la prostitución”. En la misma línea, es correspondido por el Gobierno andaluz con otros 3.500 euros un “colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales” del que no se dan más datos, salvo que invertirá ese dinero en un proyecto de “atención sociosanitaria”.
Asimismo, el movimiento feminista que hace de grupo de presión de los socialistas obtiene sus respectivas inyecciones de dinero público, que pagan todos los contribuyentes andaluces. Aquí se incluye, por ejemplo, la delegación gaditana de la Federación Mujeres Progresistas de Andalucía, que consigue 3.200 euros para un “programa de atención a mujeres víctimas de explotación”. No se entiende “explotación” como violencia de género, pues en todo este paquete de ayudas no hay referencia alguna a tal concepto, competencia de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social que dirige Micaela Navarra y que ya cuenta con sus propias subvenciones para combatir esta lacra.
Por su parte, la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía se hace con 10.000 euros tras solicitarlos en base a una iniciativa que consiste en “sensibilización en materia de salud, mujeres, prostitución”, mientras que la Comunidad Adoratrices Granada-Zaidín percibe otros tantos 2.400 euros para “formación de mujeres en contextos de prostitución”
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MRF
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