El Ayuntamiento de Madrid ha abierto en la calle Canarias número 5, en el distrito de Arganzuela, un comedor social exclusivamente para extranjeros. Es de suponer que si llega allí un español hambriento se le despachará con un «¡Usted, qué se habrá creído, español!». Eso después de haber pasado por los trámites que lo desenmascaran como alguien que no merece allí ni un cuenco de sopa. Por español. Antes, claro, se le habrá pedido que enseñe residencia, pasaporte tercermundista o documento del trámite eterno de expulsión, que jure su condición de ilegal sin papeles o tenga pruebas de haber saltado la valla de Ceuta o de haber participado en un motín en algún CIE.
Hace ya tiempo que en regiones de España, si uno se identifica como español solo se granjea problemas. Se le discrimina en la promoción profesional, se le tacha de sospechoso y poco fiable, se cae de las listas de beneficiarios de servicios municipales, de diputaciones y del Gobierno autonómico y se le agrede con insultos televisados y ofensas a España en los colegios y administración. Pero nunca se había llegado tan lejos como ahora el Ayuntamiento de Madrid, que lleva su «welcome refugees» y «viva la inmigración ilegal» hasta el punto de negar a los españoles un servicio que ofrece a extranjeros. Aunque siempre se supo que el Gobierno municipal de Manuela Carmena prefiere mil veces a un inmigrante ilegal a cualquier honrado comerciante o trabajador español. Este siempre es sospechoso de haber votado al Partido Popular.
Lo que llama más la atención de este nuevo servicio exclusivo para extranjeros del Ayuntamiento de Madrid es que no se hayan percatado de su absoluta identidad de criterio con un servicio que presta desde hace unos años un grupo de extrema derecha en Madrid, llamado Hogar Social. Este es combatido con fiereza por el Ayuntamiento, por los medios, por la Policía y por todos los partidos en el consistorio porque ha instaurado un reparto de ayudas y comidas solo para españoles. Aunque no guste y la discriminación de ambos casos sea lamentable, tiene quizá más sentido que españoles en situaciones de emergencia puedan recibir algún servicio que no se otorga a todo extranjero que lo contrario. En otros países donde la inmigración ha invadido los servicios públicos y con frecuencia los copa con extremo abuso, la respuesta ha sido la revuelta contra los políticos tradicionales que lo permiten y unas apuestas radicales de exclusión. Los europeos ven que trabajan hoy para pagar a cada vez más no europeos que no trabajan y que invaden el espacio público. Eso genera odio. Porque no se cumple la ley y porque no se evita el abuso.
Lógico es en todo caso que Podemos y los neonazis acaben practicando lo mismo, aunque sea inverso en la discriminación y lo llamen de otra manera. Siempre acaban practicando lo mismo, los nazis y los comunistas. Es su sino. Les pasa con el antisemitismo. Pero les pasa ante todo en su odio compartido a una sociedad libre y abierta, pero firme y consciente de la necesidad de conservar sus valores y la defensa de los mismos. Esa sociedad con músculo que regule inmigración y obligue a la integración. Esa que hoy no existe en España ni en muchos otros países de Europa por culpa de unos políticos democráticos siempre dispuestos a toda concesión que ahorre una molestia. Después lloran todos por la xenofobia, la islamofobia y todas las fobias que ven en cualquier resistencia a una inmigración masiva permanente. La que amenaza con desfigurar definitivamente los rasgos definitorios de nuestra sociedad como europea y de cultura judeocristiana, la única que hace posible la democracia y el desarrollo en libertad en los individuos.
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MRF
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