Nadie se responsabiliza de la realidad de cada uno de los ciudadanos de este país. Si no se hace bien el trabajo, a la calle
Había perdido ya hasta la cuenta de las veces que lo había escuchado. Y no solo al presidente del Gobierno, que han sido por cierto en unas cuantas ocasiones. Se lo habíamos oído decir prácticamente a todos los miembros de su ejecutiva. «Nadie se va a quedar atrás», nos han machacado una y otra vez, desde ese anuncio inicial de medidas para paliar el impacto económico y social del coronavirus el pasado 17 de marzo. Pedro Sánchez anunciaba la movilización de hasta 200.000 millones de euros, el 20% del PIB español, de los que 117.000 procederían íntegramente del sector público y el restante se complementaría con movilización de recursos privados, además de la flexibilización para las empresas de la adopción
de ERTE por «fuerza mayor». Anuncio a bombo y platillo que, tan solo cinco meses después, se nos ha quedado más que cortos.
Sin embargo, y para «no dejar atrás a nadie» de nuevo, se aprobaban después una batería de medidas sociales, a cual más definitiva y única en la historia de España: moratorias de pago en préstamos de vivienda, de alquileres, para el pago de suministros (luz, agua, gas...), ampliación de los ERTE... hasta la medida estrella, «compartida» y «reñida», en el seno del Gobierno: el IMV, el ingreso mínimo vital, que se presentó como la gran panacea de las ayudas de un Gobierno en el que todo lo que se «vende» suena a eslógan. Y es que cuando se aprobó, el pasado 29 de mayo, se calculaba que beneficiaría a 2,3 millones de personas -850.000 hogares-. Una vez más una ayuda que está tardando más en llegar a los familias de lo que han tardado en acabarse sus ahorros si es que los tuvieran. Hasta el 7 de agosto solo se habían aprobado 3.966 solicitudes para este subsidio, además de las 74.100 que se dieron de oficio el 26 de junio. Más de lo mismo. Una ayuda urgente que contemplaba tres meses de plazo para resolver, cuando ya hay gente que lleva cinco meses sin ingresos. El dichoso «bla bla bla» social-comunista.
Hoy, con las arcas públicas tiritando como están, y tras fiar el desastre añadido por el parón de la economía al fondo de rescate europeo -unos 140.000 millones de euros, de los que 72.700 llegarán serán ayudas directas, un dinero condicionado a reformas y a presentar al resto de socios factura a factura-, la situación sigue siendo para muchos españoles insostenible y el futuro más que incierto: más de 150.000 trabajadores siguen sin cobrar la prestación del ERTE por fuerza mayor; 52.000 empresas auguran que convertirán el ERTE en ERE a finales de año (lo que supondría un mínimo de cerca de dos millones de despidos); 300.000 autónomos temen ya que tendrán que cerrar en los próximos seis meses por el impacto de la pandemia; solo el 0,7% de los españoles que han solicitado el IMV ha sido aprobado; miles y miles de personas aseguran que no les ha llegado ninguna subvención de las anunciadas...
¿Sigo? El problema es que nadie se responsabiliza de la realidad. De aquella que vive cada uno de los ciudadanos de este país. Y es que España no puede funcionar a golpe de eslóganes y consignas de partido -ni siquiera de Gobierno-, más propio de un fino diseño de mentes expertas en otras materias, como Sociología, Demografía o Publicidad, que del buen hacer desinteresado de profesionales que se entregan limpiamente a la tarea de la gestión de los asuntos públicos y políticos. ¿Me explico? Lo cierto es que de los eslóganes, el resto, no comemos. Y cuando no hacemos bien nuestro trabajo, vamos a la calle. Pues eso.....María Jesús Pérez
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