Un juez declaró nulo su despido por razón de acoso y lo atribuyó a luchas internas de poder
Al exdiputado regional de Podemos en La Rioja Germán Cantabrana (Logroño, 1974) no le suena extraño el modo en que el partido cesó al abogado José Manuel Calvente, el mismo que ahora les ha llevado a los tribunales desencadenando una investigación por malversación. El letrado fue despedido por razones disciplinarias con la acusación de acoso a su compañera y también letrada Marta Flor, conducta que no fue después acreditada ante los tribunales. Él sostiene que en realidad lo suyo fue una purga y el acoso, un pretexto para apartarle porque venía denunciando irregularidades.
«Cuando vi lo de Calvente, entendí que era la misma táctica que conmigo, más o menos. La persecución es estándar: presentas una denuncia por cualquier tipo de
acoso y nadie te va a decir nada», explica Cantabrana en declaraciones a ABC.
En su caso, los problemas comenzaron en 2017 a golpe de expedientes e investigaciones internas que se fueron desestimando por los organismos superiores del partido o prolongándose en el tiempo. La denuncia más grave llegaría meses después. Se le atribuía acoso laboral a dos trabajadoras y se le impusieron medidas cautelares internas como el control y supervisión de las comunicaciones con ellas. Se da la casualidad de que fue Marta Flor quien en 2018 se desplazó a La Rioja por encargo de la Estatal para investigar las supuestas denuncias contra Cantabrana. «Hicieron una investigación absurda totalmente, en plan, 'alguien ha hecho algo'», asegura. Nada de lo que alegó entonces sirvió.
En Podemos se resolvió un expediente que le valió el despido disciplinario y el descrédito social, vía filtración a la prensa, en junio de 2018. «Me echaron. Me hicieron una campaña en la que participaron los órganos del partido. Me llamaron maltratador, acosador. Empezaron a correr rumores y a pedir mi dimisión como diputado. Del Parlamento no me podían echar porque el acta es mía y además, todo el grupo estaba conmigo menos la diputada que quería mi posición y a la que, de hecho, contrataron con mi sueldo», asegura.
La carta de expulsión señalaba más irregularidades, incluidas financieras, pues le atribuían una suerte de traición con menoscabo económico para el partido por no haber querido transferir a Podemos los fondos que por subvención tenía en su cuenta el grupo parlamentario. Conforme relata, los acosos y los tejemanejes que le imputaban no fueron judicializados.
Sin pruebas del acoso
Y como Calvente, sostiene que de fondo lo que había era otra cosa. En su vivencia, se trataba de una lucha de poder donde la presa era su asiento en el Parlamento de La Rioja y él, un obstáculo para conseguirlo. Cree que le pusieron en el punto de mira porque en febrero de 2017 invitó a la diputada Carolina Bescansa, ya distanciada de la Ejecutiva, a una charla en Logroño, pero añade un elemento más: la delación interna de conductas que se salen de los códigos. «En Podemos La Rioja conocía muchas irregularidades y las fui denunciando a 'la interna'. Cuando ves que no te hacen caso y que las Comisiones de Garantías están controladas por la Secretaría de Organización, cuando lo que hemos firmado en nuestro Código Ético es que tenemos que denunciar hechos ilegales…A mi me han llamado de todo», afirma.
El Juzgado de lo Social número 1 de Logroño falló en febrero de 2019 que el cese era nulo, condenó en costas a Podemos y le ordenó la readmisión del trabajador y el pago de los sueldos atrasados. «El despido del actor sólo puede interpretarse como el desenlace de los sucesivos actos acaecidos desde el mes de enero de 2017 con los continuos conflictos internos y luchas de poder por controlar el grupo parlamentario, vinculados a la libertad ideológica del actor, y su autonomía política como diputado», concluía la juez.
El fallo, que fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia al resolver un recurso de Podemos presentado fuera de plazo, añadía que el despido careció de «justificación suficiente al no haberse acreditado por parte de la empresa las causas y conductas que se imputan al trabajador» ni el acoso ni el tema de dinero, del que por cierto, la instructora quitó la razón al partido dado que los fondos públicos del Grupo Parlamentario no tenían por qué ser transferidos a Podemos. En su día a día, poco cambió. «Lo que sí logran es ese efecto difamador, que la gente te aparte y te llame acosador, llevarse a gente a su bando porque jamás apoyaría a un acosador. Que eso lo haga Podemos, es vergonzoso». Desde el partido, no hacen comentarios.
No fue la única batalla. La formación impidió que Cantabrana concurriese a las primarias en 2019 por los mismos motivos por los que le cesó. Un juez suspendió cautelarmente el proceso para esperar al resultado del conflicto laboral, pero el partido impuso los candidatos. En febrero, de nuevo, la justicia le asistió: Podemos vulneró el derecho fundamental de Cantabrana a la participación política. Ha pedido una indemnización que aún no se ha resuelto. En abril del año pasado se despidió del escaño con una carta abierta en la que hablaba ya de las «cloacas de Podemos» que ahora pelea por limpiar.
Sigue, de cuando en cuando, recibiendo insultos. Ayer mismo le comparaban con Calvente en Twitter: «Tú también fuiste un traidor
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