# Xavier García Albiol en Vila-Roja, Gerona, España Noticias 24 H.Más firmes que nunca ante el golpe.!!!

La Justicia, el Gobierno, las instituciones del Estado y los partidos políticos que apoyan la reinstauración del orden constitucional en Cataluña tienen que aguantar el tirón de la polémica que el encarcelamiento provisional de los consejeros cesados –y de los «Jordis», confirmados en su situación procesal por la Audiencia Nacional ayer mismo– está causando en la sociedad catalana. La aplicación de la ley no siempre es un plato de gusto y en ocasiones exige pasar por trances difíciles, pero incuestionables desde la perspectiva del Estado de Derecho. La sumisión de todos a la ley no es un eslogan. Es una regla esencial de la convivencia democrática. Y la referencia a la ley incluye el Código Penal. Muchos insisten en que la decisión de la juez Carmen Lamela –y, en general, las querellas del Ministerio Fiscal– supone judicializar la política. Tal afirmación es antidemocrática, porque deja fuera del mandato legal a la clase política. Suprema contradicción la de quienes, como Podemos, dicen querer acabar con la casta y ahora reclaman para ella la impunidad. Otros afirman que el Derecho Penal no está previsto para estos conflictos, lo cual es falso, porque el bien jurídico supremo de una sociedad es la convivencia pacífica construida sobre el respeto a la Constitución y a la Ley. Quebrar el orden constitucional es un delito extremadamente grave, en España y en cualquier Estado que se precie de ser democrático y de Derecho. Toca al Gobierno y a los partidos que han apoyado la aplicación del artículo 155 apretar los dientes ante la embestida victimista del separatismo, porque ya lo han hecho antes y seguirán haciéndolo en el futuro.
También debería asumir, de una vez por todas, que el conflicto desatado por el soberanismo catalán no es sólo de raíz nacionalista. Hay una confluencia, cada día que pasa más clara, entre el separatismo y la extrema izquierda para liquidar el pacto constituyente de 1978. La emergencia de Ada Colau como líder de esa coalición nefasta es demostrativa de la ausencia de cualquier escrúpulo democrático en la izquierda anticonstitucional. Colau es un «caballo de Troya» del separatismo en las filas de la izquierda y el PSOE sigue sin querer aceptarlo. Unos y otros, separatistas y populistas, se reconocen en su voluntad destructiva contra la Constitución de 1978. La ultra izquierda siempre verá como una derrota propia que el Estado funcione, que la ley se haga cumplir, que la Justicia actúe con independencia y que los separatistas sean derrotados legal y políticamente. Además de una confrontación jurídica, está planteada una batalla ideológica que no se libra en los boletines oficiales ni en las resoluciones judiciales, sino allí donde personajes sin ética pública como Ada Colau promueven la discordia civil y la liquidación política de España. No hay que llegar tarde a dar esta batalla por la idea de una España democrática, unidad y constitucional.
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MRF