Abella ha perdido este año dos perros, el más reciente una hembra que le había aportado la Diputación de León dentro de los planes de la institución provincial para recuperar la población de la especie autóctona, asegura, pero ha visto como el organismo de la Junta le deniega ahora lo que en 2015 tenía derecho a cobrar.
La resolución sobre el cuarto perro muerto por los lobos, firmada el 24 de octubre por el Servicio Territorial de Medio Ambiente ha dejado confuso a Abella porque en los fundamentos de derecho se reconoce que «el procedimiento se ha tratado de acuerdo con lo establecido en la Ley» de 2015 que regula los pagos compensatorios por los daños producidos por «las especies cazables» dentro de terrenos cuya titularidad corresponde a la Junta de Castilla y León, como es la Reserva Regional de Caza de Los Ancares. También reconoce la resolución que «concurren los requisitos de capacidad y legitimación exigidos», «los daños se han comunicado en el plazo establecido» y «la solicitud presentada reúne las condiciones y requisitos establecidos en la Orden del 5 de abril 2017 que aprobó los conceptos y tarifas de los pagos compensatorios a agricultores y ganaderos, además de que «la cuantía de compensación que se propone se ajusta a lo dispuesto en los baremos oficiales». Pero la sorpresa llega cuando la resolución «desestima la solicitud presentada por Serafín Abella» con el argumento de que «dicho daño no está incluido, ni valorado en ninguno de los apartados» de la Orden del 5 de abril de 2017.
A la espera de la resolución de la última perra muerta, ABella reconoce que se ha perdido en los matices del lenguaje burocrático. «Igual piensan que los mato yo para cobrarlos», se lamenta.
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MRF
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