La ley con la que el independentismo pretende fundar un estado propio sin salirse de la UE y dejando a España un pufo millonario es un compendio de mentiras y castillos en el aire.
Independizarse para acabar abrazando la doble nacionalidad
catalana y española, porque no quieren renunciar a esta última. Ésa es
la mayor de las paradojas, o de las trampas, contenidas en el proyecto
de Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República que Junts pel Sí y la CUP presentaron y registraron este lunes en el Parlamento de Cataluña.
Su registro parlamentario era el paso previo para que el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional un proyecto de ley que supuestamente ha de poner los cimientos de la República de Cataluña. Y que en realidad no es más que un compendio de castillos en el aire y mentiras.
La ley contempla, en primer término, que Cataluña seguirá siendo parte de la Unión Europea a pesar de que las instituciones comunitarias han explicado a los independentistas mil y una veces que la ruptura supondría ipso facto la salida de la UE; a la que sólo podría regresar si todos los estados miembros así lo acordaran.
En segundo lugar el articulado -son 89 artículos- estipula que serán ciudadanos del Estado catalán a todos los efectos los hijos de padre o madre catalana y los empadronados en Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016. Los que se empadronen después tendrán que esperar dos años para serlo.
Dicen en el artículo 9, en el folio 7, que quienes lo deseen puede conservar la doble nacionalidad española y catalana, como si España fuera a permitir tal cosa. A sabiendas de que España jamás lo haría proclaman que el Govern iniciará a la mayor brevedad posibles negociaciones con el Gobierno para "celebrar un tratado en materia de nacionalidad".
Habrá, aseguran, tres lenguas oficiales: castellano, catalán y aranés.
Los secesionistas hablan asimismo de un proceso constituyente "democrático, de base ciudadana, participativo y vinculante" en tres fases. Primero un proceso participativo; después elecciones constituyentes y propuesta de una Constitución por parte de una asamblea constituyente elegida en unas elecciones constituyentes; y por último la ratificación del texto por referéndum.
Y, cómo no, de amnistiar a todos los condenados e investigados por el procés, empezando por los inhabilitados Artur Mas y Francesc Homs.
El proyecto de ley ordena la expulsión de la Agencia Tributaria y del Ejército español del territorio catalán, pero no aclara quién velaría por las fronteras y el espacio aéreo. Ésta es sólo una de las muchas cuestiones que los independentistas dejan en el aire, haciendo gala de su habitual falta de concreción.
Tampoco aclaran qué piensan hacer con la deuda que corresponde a Cataluña, aunque según el diputado de la CUP Benet Salellas si el Estado no se aviene a negociarla no se harán cargo. "Si no hay negociación, no hay asunción de la deuda", según él. Ni mucho menos quién va a ocuparse de pagar las pensiones.
Los grupos independentistas quieren aprobar el proyecto de ley antes de los 34 días que quedan para el 1 de octubre: para que llegue al pleno primero debe tramitarlo la Mesa del Parlamento, en la que JxSí tiene mayoría.
Lo mismo ocurre con la ley del referéndum, que ya está registrada desde finales de julio pero todavía no ha pasado por la Mesa: el Gobierno central anunció que actuaría judicialmente cuando el órgano rector de la Cámara decidiera tramitarla.
En el caso de la ley de transitoriedad jurídica, el Gobierno central subraya que también actuará y que nunca entrará en vigor porque va a hacer cumplir las leyes y dará "respuesta a todos los intentos de los independentistas de vulnerar" el orden constitucional, según fuentes del Ejecutivo que lidera Mariano Rajoy.
http://www.esdiario.com/
MRF
Su registro parlamentario era el paso previo para que el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional un proyecto de ley que supuestamente ha de poner los cimientos de la República de Cataluña. Y que en realidad no es más que un compendio de castillos en el aire y mentiras.
La ley contempla, en primer término, que Cataluña seguirá siendo parte de la Unión Europea a pesar de que las instituciones comunitarias han explicado a los independentistas mil y una veces que la ruptura supondría ipso facto la salida de la UE; a la que sólo podría regresar si todos los estados miembros así lo acordaran.
En segundo lugar el articulado -son 89 artículos- estipula que serán ciudadanos del Estado catalán a todos los efectos los hijos de padre o madre catalana y los empadronados en Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016. Los que se empadronen después tendrán que esperar dos años para serlo.
Dicen en el artículo 9, en el folio 7, que quienes lo deseen puede conservar la doble nacionalidad española y catalana, como si España fuera a permitir tal cosa. A sabiendas de que España jamás lo haría proclaman que el Govern iniciará a la mayor brevedad posibles negociaciones con el Gobierno para "celebrar un tratado en materia de nacionalidad".
Habrá, aseguran, tres lenguas oficiales: castellano, catalán y aranés.
Los secesionistas hablan asimismo de un proceso constituyente "democrático, de base ciudadana, participativo y vinculante" en tres fases. Primero un proceso participativo; después elecciones constituyentes y propuesta de una Constitución por parte de una asamblea constituyente elegida en unas elecciones constituyentes; y por último la ratificación del texto por referéndum.
Y, cómo no, de amnistiar a todos los condenados e investigados por el procés, empezando por los inhabilitados Artur Mas y Francesc Homs.
El proyecto de ley ordena la expulsión de la Agencia Tributaria y del Ejército español del territorio catalán, pero no aclara quién velaría por las fronteras y el espacio aéreo. Ésta es sólo una de las muchas cuestiones que los independentistas dejan en el aire, haciendo gala de su habitual falta de concreción.
Tampoco aclaran qué piensan hacer con la deuda que corresponde a Cataluña, aunque según el diputado de la CUP Benet Salellas si el Estado no se aviene a negociarla no se harán cargo. "Si no hay negociación, no hay asunción de la deuda", según él. Ni mucho menos quién va a ocuparse de pagar las pensiones.
Los grupos independentistas quieren aprobar el proyecto de ley antes de los 34 días que quedan para el 1 de octubre: para que llegue al pleno primero debe tramitarlo la Mesa del Parlamento, en la que JxSí tiene mayoría.
Lo mismo ocurre con la ley del referéndum, que ya está registrada desde finales de julio pero todavía no ha pasado por la Mesa: el Gobierno central anunció que actuaría judicialmente cuando el órgano rector de la Cámara decidiera tramitarla.
En el caso de la ley de transitoriedad jurídica, el Gobierno central subraya que también actuará y que nunca entrará en vigor porque va a hacer cumplir las leyes y dará "respuesta a todos los intentos de los independentistas de vulnerar" el orden constitucional, según fuentes del Ejecutivo que lidera Mariano Rajoy.
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