El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada, Pedro Muñoz, presentó ayer el balance de actuaciones de dicha Concejalía a lo largo del 2016. Una «intensa y exhaustiva labor» que se resume en 12.000 intervenciones con personas mayores, niños y adolescentes, mujeres, dependientes, drogodependientes y, por supuesto, las diferentes líneas de ayudas sociales que ofrece la administración local. Entre ellas, las destinadas a combatir la pobreza energética; un asunto de total actualidad que ha llegado al Ayuntamiento de la capital berciana a través de una iniciativa impulsada por Podemos y presentada por Ponferrada en Común. Precisamente al respecto, el edil responsable del área negó tener constancia alguna de que haya 3.000 personas en situación de pobreza energética y, con los datos en la mano en función del número de ayudas solicitadas, aseguró que este año el Ayuntamiento ha paralizado nueve cortes de luz y ha concedido 87 ayudas por valor de 48.745 euros precisamente para evitar llegar a la situación de corte de suministro eléctrico.
«Esto es lo real —dijo— porque no ha habido nadie más que haya solicitado ayudas en este sentido». Esos 48.745 euros se incluyen dentro de una partida destinada a satisfacer las necesidades urgentes de vivienda, alimentación, vestido, alojamiento, gastos básicos de la vivienda y gasto farmacéutico, entre otros. A este fin, el Ayuntamiento de Ponferrada ha destinado este año 223.528 euros, repartidos en 211 ayudas diferentes. Es, prácticamente, la mitad del presupuesto disponible, fijado en 440.000 euros.
En este sentido, destacable ha sido también el apoyo a las familias en riesgo de desahucio. Según los datos presentados ayer por Pedro Muñoz, hasta noviembre del año en curso, la Concejalía de Bienestar Social trabajó con 21 personas y ya son 142 las que han recibido asesoramiento de algún tipo desde que se puso en marcha este servicio en el año 2012. «Se han gestionado acuerdos con 88 personas, habiéndose conseguido acuerdos satisfactorios, es decir, paralización de los procesos de desahucio en 68 de esos expedientes, es decir, más de un 77% del total de tramitados», destacó ayer el edil.
A todas estas acciones en materia de asistencia social, hay que sumar también las 47 ayudas concedidas para la adquisición de libros de texto y la siete ayudas extraordinarias para casos de urgencia que han supuesto una consignación de algo más de 14.000 euros. En total, el Ayuntamiento de Ponferrada ha concedido 265 ayudas por un importe que supera los 245.000 euros, si bien el presupuesto para ello es mucho mayor.
No habrá recortes
Pese a que la Concejalía de Bienestar Social de Ponferrada cerrará el año con un importante remanente presupuestario, sobrante de todas esas partidas para ayudas sociales que no se han consumido, en ningún caso el nuevo presupuesto incluirá una variación a la baja para ajustarse a la demanda. Al menos eso defenderá el concejal del área, que confía en que al menos se mantengan las cantidades asignadas en el vigente ejercicio «con independencia de que haya partidas que no se gastan».
«Buscamos proteger a los más débiles y lo vamos consiguiendo en la medida de nuestras posibilidades; por eso no podemos cargarnos aquello que a los ciudadanos les da seguridad. Que no se gaste no quiere decir que vayamos a renunciar a ello porque en cualquier momento puede ser necesario», afirmó Pedro Muñoz, invitando a los ciudadanos a que se informen sobre las líneas de ayudas municipales a las que pueden acceder y que, en muchos casos, desconocen. «Es necesario que los ciudadanos sepan que, en caso de necesidad, podemos ayudarles a cubrir algunas contingencias básicas y las situaciones de emergencia que puedan planteárseles y a las que no pueden hacer frente», dijo.
Ayuda a domicilio
La licitación del servicio de ayuda a domicilio durante un año pese a que la intención manifestada por el propio concejal era la de municipal el servicio responde —dijo Pedro Muñoz— a la complejidad del servicio, con más de 60 trabajadores asignados, y a las limitaciones económicas del propio Ayuntamiento. Así, como ya había avanzado en declaraciones a este periódico, el edil de Bienestar Social se toma este año de contrato externalizado como un plazo para analizar bien el servicio y estudiar las posibilidades de municipalización. Con ello, ayer aseguró que no se trata de una cuestión urgente, ya que el servicio «se está prestando de forma adecuada». «Nos damos un año de margen y veremos si al final es viable y si se puede mejorar con la municipalización», reafirmó.
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MRF
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