La Administración Central incumplió la regla de gasto al elevar su desembolso más de un 10%, cinco veces por encima del tope del 2,4%, siendo el subsector más díscolo frente a comunidades y ayuntamientos
El Gobierno estuvo lejos de ser un ejemplo de cumplimiento fiscal el año pasado de cara a comunidades autónomas y municipios. La Administración Central incumplió en 2018 el déficit y la regla de gasto, ajustándose únicamente al objetivo de deuda pública, situándose así como el subsector más incumplidor frente a comunidades autónomas y corporaciones locales, que se atuvieron a los objetivos de estabilidad. El Ejecutivo gastó cinco veces más del límite que fija la Ley de Estabilidad, de forma que si el tope máximo de crecimiento que marca la regla de gasto era el 2,4%, el Gobierno ejecutó un 10,2% más de desembolso.
Así lo recoge el informe sobre el grado de cumplimiento de las administraciones que ha publicado el Ministerio de Hacienda. La regla de gasto es uno de los límites presupuestarios -junto al déficit y la deuda- que impone Hacienda a las administraciones y que limita el crecimiento del desembolso a una tasa ligada al crecimiento potencial de la economía española. Si en 2017 la Administración Central gastó 98.824 millones, en 2018 ascendió a 108.914, de forma que rebasó el objetivo en más de 7.700 millones. Hacienda achaca el mayor gasto de 2018 a las mayores aportaciones de España al Presupuesto de la UE por 2.232 millones, a la reversión de varias autopistas de peaje -2.142 millones-, y las mayores transferencias de capital.
Precisamente, la Administración Central llevaba desde 2015 sin incumplir la regla de gasto, pero ha vuelto a las andadas, si bien en 2016 y 2017, sí que incumplió el déficit. Un indicador que también rebasó el año pasado: si su meta era del 0,7% del PIB, acabó en el 1,35%, casi el doble.
Un comportamiento que contrasta con el de las comunidades autónomas, que en su conjunto, no incumplieron el déficit -del 0,2%, por debajo del objetivo del 0,4%- ni superaron la regla de gasto al crecer el desembolso un 2%. Pormenorizadamente, eso sí, cuatro regiones también incumplieron este indicador: Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía.
Llama la atención que esta última comunidad, en la que estuvo María Jesús Montero como consejera de Hacienda hasta junio del año pasado, también incumpliera el indicador junto al propio Gobierno en el que se incorporó como ministra del ramo en la segunda mitad de año. La Junta de Andalucía, además, fue la única región que incumplió el objetivo de deuda. De esta forma, las dos administraciones en las que estuvo Montero al frente de las cuentas en 2018 incumplieron la regla de gasto.
Andalucía además fue la única en incumplir el objetivo de deuda. Una situación que, según describen fuentes conocedoras a ABC, se debe tanto en la regla de gasto como en la deuda pública a sentencias negativas para la Junta de años pasados, durante el mandato socialista, y que ha recogido el equipo de Juan Manuel Moreno Bonilla.
Por un lado, una sentencia obligó a la Junta a pagar 347 millones a constructoras por las obras del Metro de Sevilla -construido de 2003 a 2009- por sobrecostes e intereses. A ello se le ha unido otro fallo que condena a la Junta de Andalucía a pagar 167 millones por la paralización de 2006 a 2014 de las obras del centro comercial granadino «Nevada». Estos dos dictámenes se han producido este año y han obligado a la Junta a incluir estos gastos en las cuentas de 2018.
Regiones saneadas
El incumplimiento de Andalucía provocará que este año la comunidad -junto a Murcia, Valencia y Baleares- deba elaborar en el plazo de un mes un plan de ajuste para explicar a Hacienda cómo reducirá sus desequilibrios, estando más sujeta al control del Ministerio que controla Montero.
Al observar cómo se han comportado las regiones durante el mandato de los gobiernos autonómicos, las más cumplidoras han sido Canarias y Galicia -con 11 cumplimientos-, País Vasco -10-, Madrid, Cantabria, La Rioja y Baleares -con 9-. Y la más díscola ha sido Murcia, con solo 4 cumplimientos
Hacienda incumplió la ley para publicar los datos tras las elecciones del 28-A
Hacienda está obligada por la Ley de Estabilidad a publicar el informe que evalúa el cumplimiento de las administraciones el año anterior antes del 15 de abril. Sin embargo, el departamento incumplió la norma para publicarlo el 10 de mayo, después de las elecciones del 28-A, saliendo el informe por primera vez en mayo. Si bien no es la primera vez que se incumple -en 2015 salió el 24 de abril- sí es el año que más tarde se ha publicado, con los comicios de por medio, lo que ha generado malestar entre algunas regiones ya que ahora las comunidades incumplidoras deben remitir a Hacienda un plan de ajuste en el plazo de un mes
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