El tiempo previo a la formación de un gobierno de cambio en Andalucía es un juego de tira y afloja entre las tres formaciones de derechas llamadas a acabar con el monopolio socialista de la Junta de los últimos 36 años. Cada una de ellas quiere llevar la sardina lo más cerca posible de su ascua. PP y Cs ya tienen firmado su pacto con los 90 puntos, pero falta saber qué papel jugará la formación de Santiago Abascal, que con sus 400.000 votos no quiere ser ni un convidado de piedra ni firmar un cheque en blanco.
Desde Vox se está elaborando un «decálogo de mínimos», perfectamente asumible —según ellos— por PP y Ciudadanos para contar con sus doce parlamentarios. Por ahora no se contempla una votación que no sea en bloque de todos sus escaños. La negociación se está llevando a cabo desde una mesa abierta por el secretario general de la formación de la nueva derecha, Javier Ortega Smith en Madrid y un miembro no electo de la junta provincial de Sevilla.
En este decálogo irían recogidos los principios básicos de la formación, entre ellos la transparencia. «No estamos dispuestos a que Ciudadanos negocie con Podemos sentado en una cafetería de una estación de trenes y a nosotros nos ponga líneas rojas», recalcan desde la dirección de Vox, «porque este problema podrá volver a repetirse en otras plazas más adelante».
Para el PP llegar a un acuerdo con la formación de Abascal no supone ningún problema. Es más, lejos de considerarlos unos enemigos políticos los ven como una oportunidad. Se ha acabado con una Junta de Andalucía en manos de los socialistas con los peores resultados electorales de la historia del partido. Y esto mismo puede pasar en Valencia, en Madrid o incluso en unas generales, si atendemos el viento de cola de Vox. Y eso que no ha empezado aún el juicio contra los secesionistas catalanes, donde ellos están representados como acusación particular y a tiro de cámara de televisión casi diaria.
Ayer se subió la tensión en las redes sociales por el punto 84 del acuerdo PP-Cs, donde se habla de incrementar las partidas para la prevención y protección integral contra la violencia de género. El candidato a presidir la Junta de Andalucía de Vox, el exjuez Serrano escribió en su cuenta de Facebook que «desde el grupo parlamentario de Vox Andalucía no vamos a apoyar el aumento del riego de dinero público a los chiringuitos de género».
Faltó tiempo para que esto se interpretara como que Vox no va a apoyar la investidura de Juanma Moreno y que podrían repetirse de nuevo las elecciones, objetivo número uno de los socialistas de Andalucía para tener su «segunda oportunidad» y losa electoral para cualquiera de los tres partidos del cambio que se coloque esa medalla que nadie quiere. El PSOE aprovechó la tensión y preguntó a Cs si está dispuesto a un acuerdo con Vox «para dejar desprotegidas a las mujeres de esta tierra», en palabras del diputado malagueño Francisco Conejo.
El propio Serrano tuvo que dar más tarde explicaciones por Twitter: «Que no se manipule más. Lo que pedimos es que no haya prejuicios, se respete presunción de inocencia, la independencia judicial y que se acaben las subvenciones millonarias a asociaciones que fomentan el feminismo supremacista y las imposiciones ideológicas de la izquierda».
Las sumas no salen
En Vox son conscientes de que ellos con sus 12 diputados no pueden imponer ni una reforma del Estatuto de Autonomía ni una devolución de competencias como la Educación, Justicia y la Sanidad, «pero tampoco queremos que se nos ningunee», afirman.
Donde si están más próximas las posturas de las tres derechas son en la bajada de impuestos, reducción de entes públicos o regeneración democrática. Vox reclama la supresión del 99 por ciento de la cuota del impuesto de Sucesiones y Donaciones, punto recogido en el acuerdo de PP y Cs y que además es una de las «medidas estrella» acordadas.
También pide una reducción del 5 por ciento en el tramo autonómico del IRPF, bajada que también se recoge en el pacto programático, aunque sin cuantificar. PP y Cs se han comprometido a reducir esa tasa en todos los tramos de la escala autonómica. La supresión de agencias administrativas «superfluas» que pide Vox también parece encajar con las diversas medidas que PP y Cs quieren para «desmontar la administración paralela y racionalizar el gasto», con auditorías y eliminación de entes, entre ellos la RTVA, que Juanma Moreno y Juan Marín quieren «redimensionar».
La supresión de la ley de Memoria Histórica que demanda la nueva derecha puede ser también un escollo a considerar si Cs sigue en la tesitura de que el acuerdo con el PP está cerrado y no se cambia.....
https://sevilla.abc.es/ MRF
No hay comentarios:
Publicar un comentario