Es hora de abordar este asunto como se hizo en 1995 con el Pacto de Toledo
El Gobierno acaba de subir las pensiones un 1,6%, una cifra ligeramente superior a la de la inflación interanual hasta el pasado mes de noviembre. La noticia ha sido acogida con satisfacción por los colectivos de pensionistas, ya que en los últimos años las prestaciones habían crecido por debajo del índice de precios al consumo.
La decisión del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez tiene mucho que ver con las presiones de los pensionistas en la calle, que han venido sufriendo un progresivo recorte de su poder adquisitivo. Ello ha creado una sensación de inseguridad, que hace comprensibles las movilizaciones. Pero desgraciadamente el incremento que ha aprobado el Gobierno es un parche para ganar tiempo que no resuelve el problema que se ha agudizado de forma inquietante en la ultima década.
Un somero vistazo a los datos demuestra la magnitud de la crisis del sistema público de pensiones. El desfase entre ingresos y prestaciones se ha situado en 2018 en una cifra superior a los 19.000 millones de euros, la mayor de la historia. En 2008, el gasto público en pensiones fue de 97.000 millones de euros y en el ejercicio del año pasado, de unos 145.000 millones.
Ello es una consecuencia de la evolución demográfica de la sociedad española, sometida a un envejecimiento acelerado. Cuando murió Franco en 1975, había tres millones de pensionistas y hoy estamos ya en 10 millones, un colectivo que se ha triplicado. Un último dato para no aburrir al lector: ahora trabajan en España 19 millones de personas que tienen que sufragar las pensiones de esos 10 millones de jubilados.
Estas cifras demuestran que el sistema es claramente inviable y que hay que proceder a una reforma para poder garantizar el futuro de las pensiones. Pero la política de este Gobierno es de una huida hacia adelante al acompasar las subidas a la inflación sin atreverse a reconocer la gravedad de la situación.
Un problema no se resuelve al negarlo y mirar para otro lado. Esto es desgraciadamente lo que está haciendo este Ejecutivo, que, consciente de que sus expectativas de continuidad son reducidas, ha optado por dejar que la situación se deteriore todavía más.
El verdadero ejercicio de la responsabilidad política reside en afrontar los desafíos y buscar soluciones aunque sean impopulares y supongan un coste de imagen. Y, aunque parezca una paradoja, lo progresista no es dejar que aumente el agujero en las cuentas de las pensiones con los brazos cruzados.
Y eso es lo que va a suceder si no se actúa porque, según las proyecciones estadísticas, el desequilibrio demográfico seguirá creciendo en las dos próximas décadas hasta alcanzar una paridad numérica entre población pasiva y activa. Insisto: taparse los ojos ante un tigre no sirve para que desaparezca la amenaza. Es hora de abordar este asunto como se hizo en 1995 con el Pacto de Toledo...
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