Unas 200 familias del Cuerpo deberán salir de Navarra tras la cesión de Sánchez al PNV
Los guardias civiles están en pie de guerra tras la cesión de Pedro Sánchez al PNV que implica la expulsión de los agentes de Tráfico de Navara en seis meses. El punto tercero de ese acuerdo para facilitar la investidura del presidente del Gobierno establece que «se procederá en el plazo de seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral Navarra, con el mismo contenido y extensión que las realizadas en su momento a la CAV (Comunidad Autónoma Vasca)». El compromiso del PSOE con los nacionalistas aboca a la pérdida de casi 200 agentes de sus destinos, sus casas y sus vidas.
«Marlaska y el director general, Félix Azón, tienen que dimitir si han mentido a la Guardia Civil», exigen desde APROGC (Asociación Pro Guardia Civil), cuyos miembros lo pedirán formalmente si el citado acuerdo sigue adelante. El pasado 16 de septiembre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó la Comandancia de Navarra y negó «rotundamente y sin ambigüedades» que se fuera a producir ningún traspaso de competencias ante mandos y guardias, incluidos los de la Agrupación de Tráfico. Dos meses después, Azón en el mismo escenario, reiteró que no estaba previsto «de manera inmediata que se transfiera tráfico a Navarra», según quienes estuvieron presentes en esa reunión. La palabra de uno y otro ha quedado desacreditada por las aspiraciones del candidato a La Moncloa.
«Si este plan para expulsar a los guardias civiles de Navarra continúa adelante, AUGC marcará un duro calendario de movilizaciones», ha anunciado la asociación mayoritaria del Cuerpo. Recuerdan que ya ocurrió en Cataluña y en el País Vasco en 1998, pero no están dispuestos a aceptar que se repita en Navarra.
Falta de compromiso
Acusan a Marlaska y al director general de no haber sabido defender el trabajo y la posición de la Guardia Civil como un cuerpo de seguridad pública del Estado. «Su inacción y falta de compromiso para defender a los casi doscientos guardias civiles de tráfico destinados en Navarra supondrá la enésima cesión en competencias de seguridad pública que lleva a la Guardia Civil a seguir cediendo espacio geográfico de actuación y competencias», aseguran en un comunicado.
Las asociaciones van a pedir explicaciones al Gobierno, a través del Ministerio del Interior. Y después pasarán a la acción. «Los compañeros están muy preocupados y carecen de información. Nos enteramos por la Prensa», explica Juan Fernández, portavoz de AUGC a ABC. Cuando se hizo el traspaso de competencias de Guardia Civil a Mossos d’Esquadra, los agentes tuvieron la opción de integrarse en el cuerpo autonómico catalán. En el caso de Navarra, carecen de cualquier tipo de información pero existen serias dudas de que se les ofrezca la oportunidad de reconvertirse en Policía Foral con Bildu sosteniendo el Gobierno foral. «Ellos quieren seguir allí y como guardias civiles», insisten las fuentes consultadas.
El acuerdo alcanzado por Sánchez con los nacionalistas vascos, minoritarios en Navarra, tiene otra derivada que ni siquiera se ha tenido en cuenta. En seis meses –y lo admiten fuentes de Interior– la Policía Foral no tiene capacidad para sacar 200 agentes de tráfico a las carreteras. Primero habría que convocar nuevas plazas o cambiar destinos (dejando huecos en otras áreas de su competencia) y luego formarlos en materia de Tráfico, una de las especialidades históricas de los hombres de verde. Es decir, el ciudadano recibirá peor servicio.
«No se fían ni de ellos»
«Estas prisas solo tienen una justificación política. Ni ellos se fían del tiempo que van a estar en el Gobierno, por eso quieren hacerlo cuanto antes», explican desde APROGC. «Los acuerdos políticos no pueden ir en perjuicio de los guardias civiles que prestan servicio en Navarra y de sus familias. Están perfectamente integrados y ejercen con absoluta profesionalidad y entrega».
Miembros de esta asociación llevan más de un año pidiendo explicaciones. En noviembre de 2018 se reunieron con el delegado del Gobierno en Navarra sin obtener información y poco después, el 15 de ese mismo mes, todas las asociaciones enviaron una carta a la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, en la que le pedían una reunión urgente para hablar de Navarra y las competencias de Tráfico. Silencio es lo que obtuvieron. Hasta hoy. En cuanto se forme el Gobierno piensan redoblar la petición de explicaciones.
El presidente del PNV,Andoni Ortuzar, asegura que la transferencia es «constitucional y legal» basándose en una sentencia del Tribunal Supremo. Pero dicha sentencia solo reconoce a la DirecciónGeneral de Interior del Gobierno Foral la facultad para establecer medidas especiales de regulación del Tráfico, en el ámbito de sus competencias; también que el Estado sigue siendo competente para ejercer dicha vigilancia a través de la Guardia Civil; en ningún caso impone que deba ser la Policía Foral la que la asuma en exclusiva.
El control de Emergencias
Desde APROGC denuncian lo que ya está ocurriendo con la coordinación policial. El centro de mando y control de la Policía autonómica navarra tiene en sus dependencias la plataforma del 112, de manera que este Cuerpo recibe al momento cualquier aviso. «Los operadores de la Policía foral activan sus recursos y solamente cuando lo consideran necesario y en algunos casos cuando ya no tienen más remedio, comunican la incidencia a la Policía Nacional o la Guardia Civil». Según fuentes de ambos Cuerpos, reciben los avisos únicamente cuando los forales no tienen efectivos, dejando de lado los criterios de cercanía y especialidad.
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