El catálogo de conductas de los gobiernos de Zapatero y Sánchez tiene, y es triste presumir que de manera consciente, una finalidad: la de reabrir el desgraciado capítulo de las dos Españas. Corresponde a los constitucionalistas en esta complicada hora de España el evitarlo. En el mundo de la paz hay sitio sólo para una España. La de 1978»
Pertenezco a una generación que despertó, creció y maduró bajo la persistente y casi bíblica maldición de las dos Españas. Aquellas a las que Antonio Machado, con la fuerza pétrea de su poesía, había concedido la terrible maldición de, alternativamente, helarnos el corazón porque eran por naturaleza incompatibles: nada tenía que ver la «España que muere» con la «España que bosteza». Y si Machado plantaba la raíz de su profecía en los años treinta del XX no hacía más que seguir el pensamiento predominante en la España del XIX, aquella durante la que, un siglo antes, Mariano José de Larra había descubierto la sepultura de una media España «que murió de la otra media».
Y es que, en efecto, cualesquiera que sean las matizaciones que sobre el tema quieran verter los historiadores, los vericuetos por los que transcurre la historia española desde 1800 hasta 1975 bien y tristemente abonan la tesis. Es esta una peripecia de afrancesados contra liberales, de liberales contra conservadores, de reaccionarios contra progresistas, de carlistas contra isabelinos, de republicanos contra monárquicos, de centralistas contra regionalistas, de ricos contra pobres, de creyentes contra librepensadores, de rojos contra azules. Una buena parte de esas disensiones ventilaron sus diferencias en el campo de batalla durante contiendas civiles que llegaron a convertirse en moneda habitual de la maltratada España durante el XIX y que culminaron, o más bien desembocaron, en la más sangrienta y recordada de todas ellas. La que desde 1936 hasta 1939, la Guerra Civil por excelencia, enfrentó a «nacionales» contra «republicanos», y que, en los versos de Antonio Machado, ejemplifica mejor que ninguna otra el desastre permanente de la lucha fratricida. Era inevitable que la victoria de unos sobre los otros prolongara la nube opresiva de la España dividida durante los tiempos del franquismo. Como inevitable resultaba que a la muerte del titular de la dictadura en 1975, los españoles de todos los colores y afiliaciones, en un contexto nacional e internacional que permitía una reflexión menos apasionada de la que había prevalecido durante muchas de las décadas anteriores, se plantearan una cuestión central e imprescindible: la de buscar alguna posible fórmula de acuerdo sobre la mejor manera de enfrentarse colectivamente al futuro. Intuyendo unos y otros que, más allá de los incorregibles nostálgicos, no era factible la continuación autoritaria sin Franco ni el retorno a la turbulenta República del 31. Y sabiendo unos y otros, los pocos que todavía tenían edad para recordar la Guerra Civil y los muchos que habían, habíamos oído, de sus barbaridades, que pasara lo que pasara la mejor manera que el tiempo podía aconsejar se resumía en dos palabras: «Nunca más».
Esa fórmula de acuerdo es la que quedó plasmada en la Constitución de 1978. No era la primera de las no pocas constituciones que el país había conocido desde la muy famosa, y desgraciadamente poco aplicada, de 1812, la inmortal «Pepa», pero si era la primera en haber sido redactada con el asenso de una configuración variopinta de formaciones políticas de derecha, centro e izquierda. Y consiguientemente una de las pocas, y posiblemente la única, que en consecuencia, una vez sometida a referéndum nacional, recibió una aplastante mayoría de votos favorables entre todo el pueblo español. La historia ha venido reflejando ampliamente y con la debida generosidad el papel jugado en su redacción y aprobación por las fuerzas políticas e institucionales del momento, sentimiento unánimemente volcado sobre las figuras del Rey Juan Carlos I y del presidente del Gobierno Adolfo Suárez. Quizás, sin embargo, ha quedado algo desdibujada su aportación fundamental al tema de las dos irreconciliables Españas y a la posibilidad de su eventual superación: buscar el procedimiento para que la izquierda y la derecha, y el centro y la periferia se sintieran igualmente partícipes y propietarios de la «patria común e indivisible de todos los españoles». Si bien se mira, y sin por ello orillar las complejidades que encierra un texto de 169 artículos, esa ha sido la contribución fundamental de un documento del que con amplia razón y entusiasmo hemos celebrado sus cuatro décadas de existencia, que no por casualidad deben quedar inscritos en la mejor vivencia de una, a todos los efectos, recuperada España. La del 78 es la Constitución que refunda España. La que, siempre siguiendo a Machado, permite transitar de «la España de charanga y pandereta» a la «España de la rabia y de la idea».
Por ello resultan gravemente dañinos los intentos desarrollados por los gobiernos de Zapatero y de Sánchez para socavar la firmeza constitucional alentando de nuevo la división entre los españoles, resucitando los fantasmas del pasado, quebrando los límites de la división de poderes, introduciendo conductas neo totalitarias en los medios de comunicación de titularidad pública y en los sistemas que garantizan la libertad educativa, pactando con los tribalismos regionalistas fórmulas de marcado carácter reaccionario y, en fin, permitiendo que los herederos inconfesos del terrorismo nacionalista de ETA y sus crímenes alardeen de la normalidad representativa que otros sistemas democráticos niegan a los asesinos de su especie. Si bien se mira, ese catálogo de conductas tiene, y es triste presumir que de manera consciente, una finalidad: la de reabrir el desgraciado capítulo de las dos Españas. Allí donde ominosamente Antonio Machado podía seguir teniendo razón: «Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón». Corresponde a los constitucionalistas en esta complicada hora de España el evitarlo. En el mundo de la paz hay sitio sólo para una España. La de 1978.
Javier Rupérez es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas....Javier Rupérez
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