Pese al intento del PSOE de desmarcarse del fraude, las cifras apabullan: al menos 85 militantes, 18 familiares directos y 17 amigos se beneficiaron del expolio
El escándalo de los ERE «no es del PSOE, pero ocurrió bajo un gobierno socialista». La frase de Susana Díaz tras hacerse pública la sentencia del caso de los ERE fraudulentos resume la estrategia con la que el PSOE afronta la condena de dos expresidentes de la Junta andaluza y del partido y otros 17 exaltos cargos de la administración regional. «No es un caso del PSOE», abundó el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Los socialistas se agarran al hecho de que no se han establecido vínculos entre la malversación de fondos públicos y la financiación del partido, como tampoco consta enriquecimiento personal de muchos de los condenados. Ello no quiere decir, sin embargo, que el fraude no haya beneficiado a casi un centenar de militantes socialistas, así como familiares directos y amigos. Es la maraña de beneficiarios conocida como los clanes de los ERE, del que informó ABC en septiembre del pasado año año. Estas personas vinculadas al PSOE de Andalucía no han sido acusados en el juicio cuya sentencia se dio a conocer el pasado martes, ya que éste solo hacía referencia a las responsabilidades políticas del caso, pero aparecen en el sumario y figuran en diferentes causas restantes del caso ERE que están en fase de intrucción.
Para beneficiar a estas redes, las ayudas se gestionaban con opacidad, de forma que para un empresario de la zona era prácticamente imposible conocer su existencia, según los informes que en su día elaboró la Guardia Civil. De estas ayudas públicas casi «secretas» se aprovechaban muchos alcaldes socialistas, lo que indudablemente favorecía las opciones electorales del PSOE, así como familiares y amigos de dirigentes del partido. La Guardia Civil sospecha que aproximadamente un tercio del dinero que se desviaba desde la Junta para ayudas laborales acabó en ayuntamientos del PSOE y en esta red de afines al partido.
Maraña de funcionarios
En la maraña de beneficiados vinculados al PSOEse diferencian ocho clanes. El más llamativo es el de la Sierra Norte de Sevilla, comandado por el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión, y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a quien la sentencia hecha pública el pasado martes le impone una pena de siete años, once meses y un día de prisión y que es natural de El Pedroso, ubicado en esta zona de la provincia de Sevilla. En este clan aparecen como beneficiados la suegra de Guerrero, Victorina Madrid, a quien el exdirector general de Trabajo metió en un ERE, y la hija de Viera, Sonia. Este clan habría repartido 56,4 millones de euros entre militantes, familiares y amigos.
El segundo clan no era menos importante. Se trata del de Jaén, territorio dominado por Gaspar Zarrías, mano derecha de Chaves en la Junta y condenado ahora a nueve años de inhabilitación. La persona clave en este grupo era el exsindicalista Juan Lanzas, uno de los «conseguidores» de los ERE, quien benefició con ayudas a su mujer, su cuñada y dos cuñados, además de otros familiares indirectos y diversos compañeros del sindicato. Este grupo gestionó, según las pesquisas de la Guardia Civil, unos 45 millones de euros.
En la provincia de Cádiz la persona clave era el exconsejero de Empleo Antonio Fernández —condenado a siete años, once meses y un día de prisión—, a cuyo alrededor gravitaba el clan de Jerez. Fernández llegó a donde no se atrevió a llegar nadie, ya que se incluyó a sí mismo en el ERE de González Byass señalando además que había trabajado en la empresa desde el mismo día de su nacimiento. Pero Fernández no fue egoista: benefició también a varias empresas pertenecientes a amigos personales, entre los que repartió unos quince millones de euros.
Subvenciones a unas cooperativas
El clan de Huelva era gestionado por Juan Márquez, exdirector general de Trabajo y condenado el pasado martes a siete años y un día de prisión. Márquez, natural de Lucena del Puerto, otorgó subvenciones a unas cooperativas de consumidores integradas, entre otras personas, por su mujer y varios compañeros del partido. Según los informes de la Guardia Civil, el clan de Huelva movió 1,8 millones de euros.
La investigación también señala al clan de la localidad sevilllana de Camas, liderado por Antonio Rivas, exalcalde de esta localidad y posterior delegado de Empleo en Sevilla. Entre los beneficiados de las ayudas laborales figura un concuñado y otros compañeros del partido. Desde Camas se habrían gestionado 1,2 millones de euros. Rivas no fue imputado en la trama política de los ERE.
El conocido como clan de los ayuntamientos integraría a los municipios que recibieron ayudas fraudulentas. Todos ellos estaban gobernados por el PSOE, y se repartieron unos tres millones de euros. Asimismo, se puede aludir al clan minero, que agrupa a los sindicatos de empresas como Boliden o la Faja Pirítica de Huelva, donde se repartieron diez millones de euros. Se han identificado 35 intrusos —personas que no habían trabajado en la empresa— entre los beneficiarios y a otro medio centenar que habiendo trabajado, no cumplía los requisitos para recibir las ayudas.
Un último clan hace referencia a la propia Dirección General de Trabajo de la Junta, donde los funcionarios fueron sustituidos paulatinamente por trabajadores externos de la Fundación para el Empleo (Faffe) que repartían las ayudas fraudulentas. Entre ellos, al menos once militantes socialistas, algunos de ellos familiares.....
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