A las puertas del juicio por el «procés» lo mínimo que puede pedirse al Gobierno es que no regale bazasal independentismo
La impericia del Gobierno en el manejo de la crisis catalana está alcanzando cotas realmente sorprendentes. La secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, fue elegida con un único cometido: mejorar la percepción de nuestro país en el extranjero. A las puertas del juicio del «procés» su único propósito debería ser divulgar que España es una gran democracia que respeta la ley, la separación de poderes y en la que no existen presos políticos. Es decir, desmontar las mentiras del independentismo y restarle toda credibilidad en el plano internacional. Sin embargo, se ha estrenado en la BBC haciendo todo lo contrario, brindando un argumento al secesionismo. Lozano ha concedido una entrevista en la que afirma que los líderes separatistas cometieron delitos penales, saltándose la presunción de inocencia ante un escaparate que observan millones de personas. A una semana del juicio, lo mínimo que puede pedirse a los miembros del Gobierno es que sepan diferenciar entre lo que piensan -ellos y casi toda España- y las declaraciones que pueden realizar con carácter oficial para no dar bazas al independentismo. Recuerden la respuesta de Julio César a las matronas del patriarcado tras su divorcio de Pompeya: «La mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo». España es ya una sólida democracia pero la crisis catalana le obliga a reflejarlo, porque la partida contra los independentistas no solo se gana con los juzgados, sino también en la imagen. En defensa de Lozano cabe decir que las entrevistas en inglés pueden generar malas pasadas para quien no domina el idioma y que las respuestas sobre temas jurídicos son difíciles de ajustar en otra lengua. Pero si éste es el caso de Lozano, no debería haber cometido la imprudencia de conceder la conversación. Y menos sin haberse preparado con antelación la respuesta a un tema que cualquiera se hubiera imaginado que sería objeto de pregunta. España no puede cometer impericias como ésa: el independentismo no descansa y no dudará en utilizarlas.
La torpeza de Lozano es la última pero no la más grave cometida por el Gobierno socialista, cuya gestión de la crisis catalana empieza a dar para preguntarse si no debería especificarse la negligencia política dentro del catálogo de imprudencias castigables por la ley. Por depuración de responsabilidades, pero también por prevención de conductas temerarias. ¿O no es una imprudencia cruzarse de brazos mientras el presidente de una autonomía alienta a seguir la vía eslovena contra el Estado? ¿O mirar hacia otro lado mientras los mossos que cargan contra los CDR son acosados? ¿O permitir que un movimiento político como el independentista divida una sociedad inventando embustes y mentiras con impunidad? No se trata de maniatar la acción política, sino de evitar su uso de manera temeraria. Las conductas negligentes de quienes juegan a ser líderes no deberían salir gratis.
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