Organizado por la cofradía Santiago Apóstol de Flores del Sil, la plaza de Fernando Miranda acogió ayer la representación de un Belén Viviente, que se repetirá hoy en el mismo lugar a las 18.30 horas. El programa navideño de Ponferrada incluye también entre las notas destacadas de estos días, además de los mercadillos, el espectáculo de luz en la fuente de la plaza de Lazúrtegui, acto que se repetirá los días 1 y 6 de enero, a las 20.00 horas.
Malestar
Sancedo, Argamza o Cabañas se oponen a las nuevas plantaciones y se quejan de las restricciones .
La Xunta de Galicia y también el Principado de Asturias acaban de personarse en el contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que el eucalipto no sea declarado una especie invasora, y por tanto, seguir permitiendo en España nuevas plantaciones. Este movimiento judicial de la Administración autonómica se produce frente a la decisión de un ayuntamiento gallego, —el de Teo, en la provincia de A Coruña— y ha hecho saltar las alarmas en los ayuntamientos de la comarca del Bierzo, que ven frenadas sus aspiraciones de poner coto a nuevas fincas de eucalipto.
Municipios como el de Sancedo, Arganza o Cabañas Raras han puesto el grito en el cielo contra las restricciones que les quiere aplicar la normativa, aún cuando sus alcaldes han creado ordenanzas específicas que frenen la proliferación del eucalipto, debido a que lo consideran perjudicial para el entorno.
Marcos Álvarez dice que tiene que darse la heterogeneidad en el bosque, pero aprecia como preocupante el cambio o el intento de cambiar grandes plantaciones de pinos por el eucalipto. «Tiene que haber roble, pino, pero en proporción; el eucalipto es más rentable y puede pasar que en Sancedo, cuando se corten los pinos, se conviertan en eucalipto y una cosa es que haya algunas plantaciones de eucalipto y otra cosa es que todo se convierta en eucalipto», reflexionaba el regidor. Es más, los pedáneos de los pueblos también están haciendo labor informativa y de concienciación, pero todos llegan a la misma conclusión: «Hay un montón de fincas que son privadas y aquí da igual que discutas con sus propietarios, que no hay forma de que entren en razón, se va a la rentabilidad rápida». Para talar un bosque de pinos tienen que crecer durante unos 25 años, frente a los 15 de los eucaliptos, y se ahorran el tener que volver a plantarlos, ya que brotan solos.
En Arganza su alcalde, Luis González es otro de los que ha mostrado en más de una ocasión su preocupación. Ha confesado estar indefenso para frenar la proliferación de plantaciones de eucalipto. Y es que vuelven a chocar con el interés de la fincas privadas. Cuenta que antes con las ordenanzas intentaban regular las plantaciones, pero ahora, con la nueva ley del monte, lo ven poco menos que imposible.
Y sino, que se lo digan al alcalde de Cabañas, Juan Marcos López, que ha visto cómo se le echaban encima las alegaciones contra su ordenanza de prohibir el eucalipto y crear la tasa para la madera. Cabañas ha sido de los ayuntamientos que, desde el punto de vista administrativo más ha combatido el eucalipto.
Minería
La ministra para la Transición Ecológica aborda la situación por el cierre de las centrales térmicas y las minas de carbón
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reunirá mañana miércoles con los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Aragón, Javier Lambán, y Asturias, Javier Fernández, para tratar de la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón.
Al encuentro con la ministra acuden los presidentes de las tres comunidades autónomas más afectadas por el cierre de explotaciones de carbón y de plantas que utilizan ese mineral como combustible para producir electricidad.
El Gobierno prepara una Estrategia de Transición Justa para las comarcas mineras y con centrales nucleares en proceso de cierre para evitar el impacto en la economía, el empleo y la población del cese de su actividad en las zonas donde se radican.
En Castilla y León, comunidad autónoma que preside el popular Juan Vicente Herrera, la central de carbón de Anllares, ubicada en Páramo del Sil y participada en un 66,67 % por Naturgy y en un 33,33 % por Endesa Generación, ya tiene autorizado su cierre. Además, Endesa solicitó la semana pasada el cierre de la planta térmica de Compostilla, en Cubillos del Sil, en la que tiene 160 empleados directos, a los que hay que sumar los de las empresas auxiliares.
También Iberdrola tiene pedido desde el año pasado el cierre de la central térmica de Velilla del Río Carrión (Palencia).
La comarca leonesa de El Bierzo, donde se ubican las plantas de Anllares y Compostilla, se ve también castigada por el fin de la explotación de las minas de carbón y el pasado 16 de diciembre más de 15.000 personas se manifestaron por las calles de Ponferrada para pedir un futuro para la comarca de El Bierzo que pase por la reindustrialización de la zona.
Además, en Castilla y León se encuentra la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), cuyo cierre fue autorizado por el Gobierno el año pasado, y para cuya zona habrá un plan específico dentro de la Estrategia de Transición Justa, según indicó en septiembre pasado la delegada del Gobierno en la región, Virginia Barcones.
En Aragón, presidida por el socialista Javier Lambán, Endesa también ha solicitado el cierre de la central de carbón de Andorra (Teruel), que tiene 153 trabajadores directos y de la que depende en gran parte la economía y el empleo de esa comarca.
Asturias, presidida por el socialista Javier Fernández, es la comunidad más afectada por el cierre de las minas de carbón cuyas empresas no hayan devuelto a 31 de diciembre las ayudas estatales que recibieron en el periodo 2011-2018. Sólo la empresa pública Hunosa, que tiene tres pozos operativos en la cuenca central asturiana, cuenta con algo menos de mil trabajadores directos y 500 pertenecientes a subcontratas.
La semana pasada CC OO y Soma-Fitag-UGT alcanzaron un principio de acuerdo con la empresa sobre el plan industrial de Hunosa, que, según estos sindicatos, asegura el empleo de los trabajadores contempla el mantenimiento de la actividad en el pozo San Nicolás y fija un plazo de más de dos años para los trabajos de clausura de los de Carrio y Aller.
En Asturias también se encuentra la central eléctrica de carbón de Lada, propiedad de Iberdrola, que ha solicitado su cierre.
La reunión de la ministra con los presidentes de estas tres comunidades autónomas se produce después de que en el último Consejo de Ministros se aprobara el decreto-ley de medidas para la transición justa de la minería del carbón, que, además de prejubilaciones, bajas incentivadas y una bolsa de trabajo, contempla destinar 100 millones en 2019 a políticas de transición justa y lucha contra el cambio climático en las zonas afectadas.
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