El grupo de Podemos en el Congreso acusa la falta de rumbo del partido. Del entusiasmo a la apatía. De vender ilusión a tener que apagar fuegos políticos a cada paso. No hay semana que sus líderes no tengan que salir a la palestra para explicar las contradicciones en las que su política parlamentaria y sus decisiones orgánicas incurren. La subida de medio punto en el último CIS de la fuerza morada, tras el fracaso en las elecciones catalanas, supuso hace unas semanas un balón de oxígeno que parece haberse desinflado. Algunos diputados están preocupados por la falta de empatía con la ciudadanía de Pablo Iglesias, que ha vuelto a ser el líder menos valorado de los cuatro principales políticos españoles y el penúltimo en la calificación de los portavoces con representación parlamentaria.
De hecho, los datos sobre la confianza de los electores de Podemos en su secretario general han caído como un jarro de agua fría en las reuniones internas. Según el último CIS, a Iglesias sus simpatizantes le otorgan un 5,59 de puntuación, por debajo del 5,75 de la encuenta de finales del año pasado y lejos del 6,33 que arrojaba el sondeo de hace un año. Al error de posicionarse junto a los independentistas en la crisis catalana se une la incoherencia de algunas de sus propuestas, en las antípodas de sus propios posicionamientos.
1 Restar poder a la policía española mientras defiende la represión venezolana.
Las cien enmiendas presentadas por Pablo Iglesias a la Ley de Seguridad Ciudadana persiguen convertir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un instrumento descafeinado debilitando peligrosamente la capacidad policial del Estado. «La Policía no protege a la gente, son matones al servicio de los ricos», sentenció en su programa televisivo hace unos años. Sin embargo, esa discutible «política» de seguridad que iguala a Policía y ciudadanos en las manifestaciones, es justamente la contraria que inspira el régimen venezolano, cuyo corpus ideológico es obra del partido de Iglesias y Monedero. Curiosamente la fuerza morada reclama una «policía de juguete», en un Estado de Derecho como España, mientras respalda la acción de Nicolás Maduro contra los manifestantes en las calles de Caracas, que ha sido calificada recientemente por el Parlamento Europeo como «una represión brutal».
2 Junqueras es un «preso político» y leopoldo lópez, no.
Iglesias, en comunión con los independentistas catalanes, ha calificado de «presos políticos» a los dirigentes que actuaron contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía y que fueron mandados a prisión el pasado año. Sin embargo, cuando se le ha preguntado por los condenados por el régimen de Maduro, entre ellos Leopoldo López, ha evitado calificarlos como presos políticos, a pesar de que todos los organismos internacionales han denunciado que hasta 300 personas cumplen condenas políticas dictadas por la dictadura venezolana, sin ninguna garantía jurídica.
3 La ley del PP es «mordaza» mientras la LGTBI incluye severas sanciones.
La batalla que ha librado Podemos contra la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que denomina «Mordaza», ha servido por lo menos para que el grupo de Pablo Iglesias tomara buena nota de su régimen sancionador que, aunque lo ha rebajado, se acerca mucho a su propia norma contra la discriminación del colectivo LGTBI. De hecho Iglesias ha llegado a defender (ahora la idea está sometida a revisión por el escándalo que ha levantado) la destrucción de libros y otros soportes que hagan apología de la discriminación, sin que esas medidas tan extremas requieran de orden judicial. Ese endurecimiento de las sanciones es también el camino seguido en la vida orgánica del partido. Así en los nuevos estatutos de la formación populista se amplía el código sancionador con infracciones dirigidas a la filtración de información, una de las obsesiones de Iglesias para tapar las grietas que presenta internamente.
4 Contra la brecha salarial... aunque algunos de sus sueldos sean discriminatorios.
Podemos enarbola la bandera de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, por lo que ha llevado una iniciativa al Congreso que persigue su erradicación, mientras su propio portal de transparencia, que recoge los sueldos de sus 105 empleados desglosados por género, arroja datos inquietantes: el más flagrante se da en la Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil, que dirige el diputado Rafael Mayoral, donde un empleado cobra 2.604 euros brutos al mes y una trabajadora recibe 1.548 euros, lo que supone una diferencia de 516 euros mensuales, casos que se repiten en otras Secretarías de la formación morada, como la de Igualdad, paradójicamente. Aunque el equipo de Iglesias ha apelado a «razones de jerarquía» para esas diferencias de sueldo, no ha explicado los motivos por los que algunas trabajadoras cobran menos que los hombres.
5 Defiende la libertad de expresión pero acosa a los periodistas no afines.
La falta de encaje de las críticas que genera en la Prensa ha marcado sus relaciones con los medios que no airean su ideario. A pesar de que su gran plataforma pública fueron los medios de comunicación de izquierda durante los oscuros años de la recesión económica, hoy parece haberse acabado esa luna de miel que disfrutaba desde 2014. De su relación con los medios, solo quedan las tarascadas que dedica a los periodistas críticos y las presiones contra la Prensa no afín.
6 Un mensaje «ético» para los demás pero becas, pisos públicos y deudas al fisco para los suyos.
El pretendido discurso ético que ha marcado su papel público ha chocado con las controvertidas becas de Íñigo Errejón, la venta de un piso oficial con pingües beneficios por parte de Ramón Espinar y el ventajismo fiscal de Juan Carlos Monedero.
7 Otros son la casta pero a sus discrepantes se les purga.
Los modos autoritarios de Iglesias han lastrado la vida interna del partido. Desde las acusaciones de «nepotismo» por haber situado a Irene Montero, con la que ha mantenido una relación personal, primero como portavoz parlamentaria, tras fulminar a Errejón, y después como vocal de la Comisión Constituyente, tras defenestrar a Bescansa; a unos Estatutos denunciados por 11 de las 16 comisiones de garantías autonómicas.
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