Las penas en la Unión Europea oscilan, en función del país, entre al menos 1 año de cárcel y la prisión permamente revisable. La rebelión y la sedición son preceptos legales que los estados miembro no tipifican ni reconocen de forma armonizada
El pasado viernes, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena reactivó la euroorden de detención contra Carles Puigdemont, acusado de sedición y rebelión. El expresidente de la Generalitat se encuentra detenido en Alemania, tras emprender un viaje desde Helsinki, el último lugar en el que se le vio en público, que tenía como destino Bélgica.
El horizonte penal de Puigdemont suponía un reto para la Justicia española debido a que en muchos países de la Unión Europea los delitos de rebelión y sedición están recogidos, pero no tipificados o reconocidos del mismo modo. Así, cada estado mantiene sus propios criterios y penas en este tipo de casos.
En España, el artículo 472 del Código Penal define como rebeliónactos de alzamiento con «violencia y públicos» para declarar la independencia en parte del territorio nacional o para suspender, o modificar, la Constitución, entre otros supuestos. También recoge conductas como «sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma» o «sustraer cualquier clasde de fuerza armada a la obediencia del gobierno».
Para estos supuestos, el artículo 473 del Código Penal estipula que aquellos que promuevan o sostengan la rebelón podrán ser castigados con penas de entre 15 y 25 años de cárcel, y una inhabilitación equilavente a la condena. En el caso de que se usen armas, se ejerza la violencia grave contra personas, se causen destrozos en propiedades ajenas o se corten comunicaciones «telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase» podrán ser castigados con hasta 30 años de prisión.
La sedición, en el Código Penal español, se define como aquel delito en el que una persona se alce «pública y tumultuariamente» con el fin de impedir que se apliquen leyes o, también, el ejercicio de funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario. Está penadoentre 10 y 15 años de cárcel (y la inhabilitación durante ese tiempo). Además contempla que cualquier ciudadano que participe en la «provocación, conspiración y proposición» se enfrentaría a unapena de prisión de entre 4 y 8 años.
El delito de rebelión en Europa
Alemania, donde ha sido detenido Puigdemont, tiene una legislación parecida a la española. En el país germano los delitos de los que se acusa al expresidente de la Generalitat corresponden al de alta traición contra un land o contra el Estado, y conlleva penas de prisión de entre 10 años y prisión permanente revisable. La legislación alemana es más dura que la española puesto que no solo exige que haya violencia para imputar un delito de rebelión sino que también incluye amenazas de uso de violencia (artículo 81 del Código Penal alemán). También se contempla como alta traición «incorporar el territorio de un Estado total o parcialmente a otro Estado de la República Federal de Alemania o separar una parte de un Estado».
La legislación de Finlandia también podría haber afectado al horizonte penal de Carles Puigdemont. El Código Penal del país nórdico recoge, en su artículo 12.1, que aquel que mediante «el uso de la violencia, la amenaza de violencia, la presión económica o militar o el apoyo de un estado extranjero» tenga como objetivo «someter a Finladia, o parte de ella, a la autoridad de un tercero; separar una parte de Finlandia del resto del territorio o comprometer la soberanía de Finlandia» podrá ser castigado con una pena deprisión de entre 1 y 10 años.
En Bélgica, donde se encuentra Toni Comín, se define rebelión como «cualquier ataque, cualquier resistencia con violencia o amenazas» a funcionarios, autoridades o Policía que actúan para la «ejecución de leyes, órdenes u ordenanzas de una autoridad pública, mandatos de la justicia o juicios». O, lo que es lo mismo, resistencia a la autoridad policial y no un delito contra el Estado como sí plantea la legislación española. En Reino Unido no se tipifica el delito de rebelión, pero sí el de alta traición.
En Francia, según el artículo 412-1 del Código Penal, se castiga con 30 años de cárcel y una multa de 450.000 euros «el hecho de cometer uno o varios actos de violencia susceptibles de poner en peligro las instituciones de la República o de atentar contra la integridad del territorio nacional». La pena se eleva a la prisión permanente revisable, y a una multa de 750.000 euros, en el caso de que el delito haya sido cometido por una persona que ostente un cargo público.
Portugal contempla penas de cárcel de entre 10 y 20 años para quien «intente separarse de la madre patria» o, en su defecto, intente someter a soberanía extranjera parte de su territorio. Otro de los supuestos que recoge la legislación del país luso es poner en peligro la independencia del Estado.
Suiza, donde se encuentran Anna Gabriel y Marta Rovira, es otro de los países de la UE que sí tipifica delitos que atenten contra la integridad del territorio nacional. El artículo 265 del Código Penal recoge que cualquier acto cuyo objetivo sea el de cambiar la Constitución mediante el uso de la violencia o cualquier intento de «cortar un área» de todo el territorio suizo, o parte de él, se enfrenta a una pena de prisión de al menos un año....http://www.abc.es/ MRF
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